La dictadura de Daniel Ortega expulsó este miércoles de Nicaragua a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), incumpliendo de esa forma el acuerdo firmado el 24 de junio pasado. En esa fecha se instaló el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) para darle continuidad en el terreno a la severa crisis sociopolítica que atraviesa el país.
El Meseni también ha dado seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas en este contexto para la personas con grave riesgo a sus vidas o integridad física y ha monitoreado la situación de los derechos humanos en Nicaragua desde su instalación. Asimismo, ha sostenido diálogos y reuniones de trabajo con la sociedad civil, el Estado y otros actores relevantes.
Según el acuerdo firmado entre la CIDH y el Gobierno, la permanencia del Meseni en Nicaragua es indefinida. “Quedará en terreno mientras la situación lo requiera”, dice textual. Aunque el Gobierno puede dar por terminada la
La dictadura tampoco puede dar por concluida la crisis sociopolítica que atraviesa el país, cuando todavía persiste el acoso a ciudadanos, detenciones ilegales, la prohibición para manifestaciones públicas, y la existencia de 576 presos políticos. En otras palabras, que no han cumplido con las recomendaciones de los informes preliminar y final de la CIDH. El Meseni publicó este miércoles un informe señalando el “agravamiento de la represión y el cierre de espacios democráticos en Nicaragua”.
La cancelación de la invitación del Meseni supone directamente la expulsión de la CIDH de Nicaragua. Es similar a la expulsión de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ocurrida el 31 de agosto.
La expulsión del Meseni se produce en el marco de la finalización del mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que analizó los crímenes cometidos desde el 18 de abril al 30 de mayo.
Aunque el Meseni y el GIEI están bajo el paraguas de la CIDH, son dos entes distintos e independientes. Es decir, que sus acuerdos constitutivos son diferentes, y el Gobierno no puede alegar que canceló al Meseni porque el mandato de seis meses del GIEI terminó.
El GIEI presentará este jueves su informe final sobre los crímenes de abril. El equipo del GIEI también fue invitado a la reunión de cancillería donde se informó sobre la expulsión del Meseni.