Por: Hermez González*
“Los derechos de las personas adultas mayores no tendrían que ser otros que los derechos humanos y fundamentales; pero ocurre que al llegar a la vejez hay una discriminación por edad y condición”.
¿Hemos aprendido algo como sociedad? ¿De las tragedias que sufren cada día los adultos mayores en nuestro país, a pesar de la existencia de la ley no. 7935 Protección a la Persona Adulta Mayor y el Decreto Ley No. 9394 Convención Interamericana de Derechos de las Personas Adultas Mayores? ¿No son las situaciones de vulnerabilidad e infracciones de derechos que son denunciadas una y otra vez tanto por personas como por organizaciones nacionales, pero ante las cuales las autoridades responsables hace poco o nada por mitigar este flagelo en nuestra sociedad? ¿Qué pueden hacer por los entrabamientos legales de nuestra legislación, respecto a las autoridades que tanto el legislador como el Ejecutivo solo reaccionan tardíamente?; y a pesar de las situaciones visibles se sigue financiando sin un control y fiscalización efectiva y real por parte de la instituciones de la administración de fondos públicos que se transfieren a asociaciones privadas y organizaciones que se le confía la administración de fondos público de bien social, tales como los proveniente de la Junta de Protección Social y al Conapam. ¿En nuestro país jugamos de ingenuos o pecamos por una verdad real? ¿Cómo se nos ocurre pedir informe financiero o de malos manejos o tratos a quien los mal administra? Señores, ¿las personas pensantes estamos perdiendo neuronas o la inteligencia humana y las memorias no está fallando?
Recordemos a todos los seres humanos que la existencia nuestra se la debemos al creador y nuestros padres y madres a quienes les debemos lo que somos, educación y valores y dignidad. ¿En qué les estamos fallando? ¿Sera que se nos olvidaron los valores que nos inculcaron nuestros padres? Pongamos a prueba los derechos que todos exigimos y tenemos.
Las generaciones actuales, presentes y generaciones de futuro estamos llamadas a hacer una realidad las luchas de los Derechos Humanos de nuestros adultos mayores.
Ante tales barbaries, los defensores de Derechos Humanos en Costa Rica y el mundo estamos llamados a denunciar y decir la verdad públicamente, sea quien sea que vulnere los derechos humanos; incluso violencia intrafamiliar y contra nuestros adultos mayores.
Nosotros, como fieles convencidos que la libertad de expresión es un derecho inalienable, como Derechos Humanos, frente a las mentiras y manipulaciones de instituciones o personas que pretenden esconder la verdad real de los hechos, decimos que hoy Costa Rica es un país bendecido por Dios y la Democracia que vivimos, gracias a que este pueblo cuenta con venia bendita de Dios y con medios de comunicación como el Diario Extra fundado por William Gómez, visionario futurista de las comunicaciones masivas, y la necesidad social de un medio de comunicación que está siempre con la verdad de frente a las manipulaciones, mentiras y patrañas.
Gracias, don William Gómez por dejar como herencia de la verdad al DIARIO EXTRA, que ha sobrevivido a los embates de los tiempos más convulso de la historia, llegue hasta su remanso de paz divina nuestro mensaje de agradecimiento a su memoria.
Este pueblo es bueno y permisivo, pero sepan que los costarricenses de a pie unidos todos haremos que la libertad de expresión y la verdad siempre estén de frente y decimos a los viles cobardes, que ante la justicia no se atreven a dar la cara a un pueblo noble y bravo como es el costarricense: no crean que por el pura vida somos tontos o mensos. No es una broma, es un llamado y advertencia a la verdad de frente de este noble y bravo pueblo.
Estas preguntas se pueden hoy levantar también en relación a una realidad que estos días muestra una cara trágica a los adultos mayores en establecimientos de larga estadía que el Estado tiene el deber y obligación de preservar a través del órgano rector el Conapam desvelados por la terrible golpiza que recibió una anciana de 95 años en un centro, se trata de una residencia de alto nivel y con larga experiencia, y que además había sido recientemente fiscalizada por la autoridad competente, la gravedad de los hechos no puede sino justificar levantar numerosas preguntas sobre la existencia y calidad de los procedimientos existentes para situaciones como esta y sobre las fiscalizaciones respecto esos procedimientos.
El temor fundado por represalia, denuncia de empleados, familiares afectados, está latente con pruebas, fundados con hechos de represalia a funcionarios, administradores, que van desde humillaciones, vejaciones y despidos laborales a enfermeros, auxiliares, personal administrativo.
Hacemos un llamado a los(-as) señores(-as) diputados (-as), al Poder Judicial, a la Contraloría General de la República, Fiscalía General de la República, al Organismo de Investigación Judicial y a la ciudadanía a estar atentos de los casos denunciados, pedimos que se haga justicia, una investigación de rigor; se tomen las medidas necesarias sin perjuicio de cómo se respondan estas preguntas en este caso, hay muchas otras relativas al respecto de los derechos de los adultos mayores internados en estos lugares, pues ellos están en situaciones de particular vulnerabilidad.
Todas estas cuestiones se levantan a raíz de estos trágicos eventos denunciados, nos llevan a prestar atención a un creciente sector de la población costarricense, particularmente vulnerable, y que demanda por ello una especial preocupación del Estado en su calidad de garante de sus derechos humanos, que son irrenunciables. Derecho que no se defiende, derecho que se pierde. Adelante con la verdad.
*Presidente Fundación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Costa Rica