Panamá,18 feb (Prensa Latina) La esterilización forzosa de mujeres en comunidades originarias centra hoy una investigación del Ministerio de Salud (Minsa) en medio de otro escándalo que pone en vilo a la sociedad panameña.
Según un comunicado oficial de la cartera, iniciaron pesquisas relacionadas a supuestos procedimientos quirúrgicos de salpingectomía en instalaciones, sin el debido consentimiento de los pacientes.
El Minsa también solicitará información a las autoridades sanitarias de la comarca indígena Ngäbe-Buglé y en la provincia Bocas del Toro, al noroeste del istmo, señala el texto.
El informe preliminar precisa que en cumplimento a leyes y normas nacionales en esterilizaciones permanentes, el personal de salud debe informar al paciente sobre el procedimiento quirúrgico que se le efectuará y este debe firmar un consentimiento informado; en caso de que no lo firme, no se puede proceder.
Y añade que en Ngäbe-Buglé en los últimos años no se practica ningún programa de ese tipo a la población femenina.
En Bocas del Toro, en el Hospital Guillermo Sánchez según requerimientos establecidos, se efectúa salpingectomía de manera selectiva los viernes.
En el Hospital de San Félix, en la provincia de Chiriquí, no se practica salpingectomía. Por su parte en el Hospital Luis “Chicho” Fábrega, en Veraguas, esas intervenciones quirúrgicas, actualmente están suspendidas.
El proceso tiene lugar tras denuncias en la Asamblea Nacional(AN,parlamento), cuando la diputada suplente Walkiria Chandler indicó que una docena de mujeres indígenas habrían sido infertilizadas sin su consentimiento.
Además dijo que llamó la atención que al ser interpelada en el plenario, el miércoles último, la ministra designada, Ivette Berríos- el titular Luis Francisco Sucre está fuera de país para atender problemas de salud- desestimara un tema tan relevante, alegando conspiraciones políticas.
La legisladora agregó que desde antes Sucre tenía conocimiento de esta situación.
El hecho trascendió, precisó, cuando una delegación parlamentaria recorrió en octubre de 2021 la comunidad indígena de Charco La Pava, una zona montañosa de Bocas del Toro, para atender reclamos por un brote de leishmaniasis que afectaba sobre todo a menores de edad.
En esa ocasión, las mujeres aprovechan y exteriorizan su queja y señalan un hospital que se llama El Silencio.
Ellas indicaron que quienes habían tenido partos allí por las presuntas esterilizaciones perdieron su capacidad reproductiva, mientras que las que dieron a luz en sus comunidades pueden seguir reproduciéndose, comentó.
Según Chandler, tras esta visita, la Comisión de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia del legislativo entregó una nota a Sucre, preguntando por las denuncias y solicitando, sin éxito, su comparecencia ante el legislativo.
Antes de que el Minsa iniciara la actual investigación, Berrío había declarado al canal televisivo TVN, que la oposición pretendía promover denuncias sin pruebas con el fin de oscurecer la labor gubernamental.
“Este es un tema sumamente álgido, también entiendo la necesidad de los opositores de tirar este tipo de bombas para distraer a la población de las cosas fundamentales”, manifestó.
La diputada y presidenta de la Comisión de la Mujer, Zulay Rodríguez, adelantó sin embargo que también se creará una subcomisión legislativa para profundizar los hechos.
Mientras la primera vicepresidenta de la AN, Kayra Harding, acudió la víspera a la Procuraduría para pedir de manera formal que se hagan las investigaciones concernientes y se castigue a los responsables.
Por su parte, el Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, aseveró el pasado lunes que estará en Bocas del Toro junto a un equipo interdisciplinario para conocer si es cierto lo que dijeron las indígenas de las comunidades de Nance Risco, Changuinola Arriba, Charco La Pava y Valle del Rey.
Sobre el caso opinó que sería un retroceso enorme si se llega a descubrir que esto es cierto
