La Constitución Política de la República de Costa Rica, estipula en su artículo 33: “Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contra la dignidad humana”.
Sin embargo, el artículo 110 de la misma Constitución asienta que los diputados no podrán ser privados de libertad por motivo penal, salvo que el mismo diputado renuncie a la inmunidad. Pero, pese a que el diputado sea detenido por flagrante delito, la Asamblea Legislativa puede ordenar su libertad. Tan solo lo anterior demuestra que los diputados tienen un privilegio (indecente) del que no goza ningún otro ciudadano costarricense.
Pasando ahora al ámbito de la igualdad laboral, es evidente que los empleados públicos de las instituciones descentralizadas han recibido, conforme pasa el tiempo, una serie de pluses salariales que incluso superan hasta en cuatro o más veces el salario base que dicta el Ministerio de Trabajo, ¡vaya inmoralidad! En cambio, esos beneficios desmedidos son aspectos que no tienen los trabajadores del sector privado. Es más, el proyecto de ley marco de empleo público fue dictaminado en cierto momento por la Sala Constitucional con 35 inconstitucionalidades, pero a favor de la independencia de poderes y autonomía de entidades descentralizadas como el ICE, universidades y municipalidades, pese a pertenecer esas entidades al Poder Ejecutivo. Ese aspecto implica que la ley de empleo público no pasará de ser un documento sin verdadera validez, o de poca acción.
Respecto a las pensiones de lujo, se ve cómo magistrados y otros exfuncionarios del gobierno reciben mensualmente muchos millones, mientras que las pensiones de régimen de la CCSS son precarias. Todo eso demuestra que lo que muchos llaman “sistema de pesos y contrapesos”, en lo político, social y judicial, no siempre se acciona de la mejor manera.
Tan solo esos puntos tratados demuestran que en nuestro país no existe la tan cacareada igualdad social, pese a que los políticos demagogos digan que nuestro país está lleno de oportunidades y derechos.
Osvaldo Corrales Jiménez