La consulta polarizó de nuevo a la opinión pública del país sudamericano.
Más de 15 millones de chilenos están convocados a acudir el próximo domingo a las urnas para decidir si aprueban o rechazan la nueva Constitución que podría sustituir a la actual Carta Magna, que es herencia del fallecido dictador Augusto Pinochet.
De acuerdo con las encuestas, el ‘Rechazo’ tiene una mayoritaria intención de voto que oscila entre el 46 % y el 55 %, en tanto que la del ‘Apruebo’ va del 33 % al 38 %, por lo que el margen de indecisos será fundamental para consolidar o modificar las tendencias.
La discusión pública ha sido intensa. Tanto, que la propuesta constitucional fue publicada en diversas editoriales, se convirtió en un ‘best seller’ y encabezó las listas de libros de no ficción más vendidos en el país. También se vendieron ediciones digitales, en versión audiolibros o podcast, más la opción gratuita que se puede consultar en la página de la Convención y las millones de guías resumidas, impresas y distribuidas por el Gobierno en las calles.
Durante los últimos meses abundaron las cartas, tertulias y pronunciamientos de personalidades, organizaciones y partidos políticos que definieron sus posturas. Todos los sectores hablaron del plebiscito y de la Constitución.
Entre ellos destacaron los expresidentes que se sumaron al debate que concentró la atención de la sociedad chilena. Michelle Bachelet se pronunció a favor; Eduardo Frei, en contra; y Ricardo Lagos manifestó sus reparos pero sin revelar el sentido de su voto. Solo Sebastián Piñera mantuvo el silencio, aunque la derecha en pleno elegirá el ‘Rechazo’.
A sabiendas de la resistencia que genera la nueva Constitución, los promotores del ‘Apruebo’ subrayaron la importancia de que gane esta opción para que después se modifiquen los aspectos que generan controversia. De lo contrario, advirtieron, seguirá vigente la Constitución pinochetista y la derecha volverá a negarse a cualquier transformación legal.
Quienes impulsan el ‘Rechazo’, por su parte, prometieron que, si ganaban, apoyarían una nueva asamblea constitucional que redacte un documento totalmente nuevo, a pesar de que se negaron a ello durante más de cuatro décadas.
Tensión
Las campañas se vieron ensombrecidas por una serie de polémicas, entre ellas el repudio del cantante portorriqueño Chayanne a que se usara su imagen en la campaña del ‘Apruebo’.
Algunos de los casos más graves y que reflejaron la tensión del proceso se registraron el pasado fin de semana.
Por ejemplo, un colectivo artístico usó la bandera chilena en un acto con semidesnudos y de connotaciones sexuales durante un evento público en favor del ‘Apruebo’ en el que había menores de edad. Fue tal el escándalo y el repudio generalizado, que incluso el Gobierno encabezado por el presidente Gabriel Boric presentó una denuncia ante la Fiscalía.
Las controversias no terminaron ahí, ya que, en otra jornada, simpatizantes del ‘Rechazo’ atropellaron a militantes del ‘Apruebo’ en el centro de Santiago, lo que derivó en condenas a los agresores y llamados a la prudencia y responsabilidad por parte de todos los sectores.
El plebiscito representa un reto para Boric, quien apenas lleva cinco meses como presidente, ya que de la nueva Constitución depende parte de su programa de Gobierno, además de que fue uno de sus principales promotores antes de llegar al poder.
Por eso la oposición lo presionó de manera permanente y lo acusó de interferir en el proceso y hacer campaña por el ‘Apruebo’, a pesar de que el presidente insistió en que las autoridades solo informarían sobre el plebiscito, que las dos opciones eran igual de válidas e incluso reconoció que podía ganar el ‘Rechazo’.
Pero si algo marcó la previa a la consulta, fue la intensa estrategia de desinformación que llevaron a cabo los promotores del ‘Rechazo’ y que, fundamentalmente, se basó en mentir sobre el contenido de la nueva Constitución para asustar a la población.
Discursos de odio
La «guerra sucia» comunicacional de la derecha difundió una larga lista de falsedades a través de redes sociales, entrevistas en medios tradicionales, páginas web y folletos.
Si gana el ‘Apruebo’, dijeron, regirá una «Constitución marxista», ningún chileno podrá volver a tener una casa propia, el país ya no será una sola nación, los pueblos indígenas tendrán más derechos que el resto de los ciudadanos, se prohibirán la educación y la salud privadas, se apropiarán de pensiones y jubilaciones y no se aplicará el estado de excepción para enfrentar «el terrorismo» indígena en el sur del país.
Aseguraron, además, que cambiará el nombre del país, la bandera, el himno y todo símbolo patrio: se abrirán las puertas para que ingresen inmigrantes en masa, las mujeres podrán abortar hasta los nueve meses, no se podrá volver a comprar agua embotellada (ya que el líquido será protegido a nivel constitucional), se cerrarán iglesias para impedir la libertad de culto y a los chilenos no indígenas se les exigirá un pasaporte para pasar a territorios mapuches.
Nada de ello está plasmado en la propuesta constitucional, pero los opositores jamás se desdijeron. Al contrario, insistieron en infundir miedo hasta el último minuto bajo el lema «Salvemos a Chile».
También alertaron que el Gobierno prepara un fraude para que gane el ‘Apruebo’, así que permitirá que extranjeros, principalmente de Haití y de Venezuela, entren al país para votar en favor de la nueva Constitución. Y manipulará el padrón para que «voten» los muertos, incluso los desaparecidos durante la dictadura militar.
Las supuestas amenazas a la democracia fueron desmentidas por el Servicio Electoral, pero de nada sirvió. La desinformación que hizo creer que la nueva Constitución representa un peligro para el país, continuó.
En contraste, los promotores del ‘Apruebo’ realizaron intensas campañas para explicar lo que sí contiene la iniciativa que será plebiscitada, y que es una de las más modernas e innovadoras a nivel mundial.
Lo que sí dice
La campaña del ‘Apruebo’ se basó en explicar los cambios que sí propone el borrador y en recordar que la Constitución actual es herencia de una dictadura y que ya no es posible que siga vigente después de más de tres décadas de democracia.
El documento –que consta de 388 artículos, a diferencia de los 129 que contiene la Carta Magna pinochetista– es innovador desde su integración, ya que es la primera vez que una Constitución es redactada por un órgano, la Convención, que fue democráticamente electa y tuvo igual número de mujeres y varones y representación de las diversidades sexuales y los pueblos indígenas. No hay ningún otro antecedente a nivel mundial.
Además, los convencionales incluyeron temas que todavía no están incorporados en ninguna Constitución de otros países, como derechos ambientales, de género, de los pueblos indígenas, de los animales y de la naturaleza.
El borrador establece una paridad inédita en la integración de los poderes Ejecutivo (en todos su niveles), legislativo y judicial, con una representación de por lo menos el 50 % de mujeres.
Por otra parte, reconfigura al Poder Legislativo, ya que elimina al Senado y lo sustituye por una Cámara de las Regiones. Con respecto al Poder Ejecutivo, un cambio trascendental es que permite la reelección presidencial consecutiva, algo que hasta ahora está prohibido.
Algunas de las polémicas más intensas versaron alrededor de los pueblos indígenas, ya que por primera vez se reconoce que Chile es un Estado social y democrático de derecho, plurinacional (es decir, que en él conviven varias naciones indígenas), intercultural, ecológico y plurilingüe, lo que implica que el castellano no es el único idioma.
Reconoce, además, los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, aunque aclara que la ley chilena determinará los mecanismos de coordinación, cooperación y de resolución de conflictos de competencia; y establece que todas las personas son titulares de derechos sexuales y derechos reproductivos.
«Estos comprenden, entre otros, el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción», señala el Artículo 16, que también genera polémica porque sienta las bases para la legalización del aborto que por ahora solo se permite en Chile por tres causales: si la vida de la madre está en peligro, si el feto es inviable o si el embarazo es producto de una violación.
La historia
El camino de la propuesta de una nueva Constitución de Chile comenzó en octubre de 2019, a partir de las históricas protestas estudiantiles en contra del alza del pasaje del transporte público que muy pronto se convirtieron en una grave crisis social y política para el expresidente Sebastián Piñera.
Para encauzar el conflicto, el Gobierno no tuvo más remedio que aceptar la realización de un plebiscito para que la ciudadanía dijera si quería o no una nueva Constitución. La consulta se realizó el 25 de octubre de 2020 y el resultado fue un apoyo del 78 % a una nueva Carta Magna.
Luego vino la elección de los 155 convencionales que se realizó el 15 y 16 de mayo del año pasado con un triunfo abrumador de representantes de nuevas fuerzas políticas, en su mayoría progresistas y de izquierda, que confirmaron el hartazgo de la sociedad chilena con la clase política tradicional.
El 4 de julio de 2021, los convencionales tomaron posesión de su cargo y durante sus primeros meses de trabajo se avocaron a definir un reglamento para su operación interna, así como a establecer 10 comisiones de trabajo y a elegir a sus integrantes.
La primera presidenta del órgano constitucional fue la intelectual indígena Elisa Loncón, quien después fue sustituida por María Elisa Quinteros, una especialista en salud de 40 años que formó parte de la abultada lista de convencionales independientes.
El pasado 4 de julio, después de un año de trabajo, la Convención le entregó a Boric recibió el borrador y arrancó la recta final rumbo al plebisicito.