El congreso de Nicaragua, de control oficialista, deberá estos días aprobar una serie de reformas de la ley de la cinemateca, es decir producciones audiovisuales, cine, documentales, televisión y demás. Sean de producción nacional o extranjeras, esto permitirá al gobierno Ortegista confiscar equipo o prohibir la distribución de contenido que consideren que sea un atentado con la soberanía nacional.
La Ley de la Cinemateca Nacional fue creada en agosto de 2015 con el fin de promocionar “y difundir las artes audiovisuales en todos sus aspectos”, así como el rescate, restauración, preservación y difusión de materiales culturales nacional e internacional.
Pero con la iniciativa de reforma se agregarían nuevos artículos que le dan poderes a la Cinemateca para ser la entidad que autorizaría “a un natural o extranjero», para desarrollar o no, en el territorio nacional, actividades audiovisuales de cualquier índole.
De igual forma, la iniciativa de reforma establece que la Cinemateca “podrá dictar medidas de carácter preventivo” e incluso “prohibir el desarrollo, exhibición y comercialización de los productos audiovisuales, así como el decomiso de estos”.
Esta decisión del gobierno de Daniel Ortega y su esposa, preocupa a productores nacionales y extranjeros, lo cual definen como un atentado contra la libertad de expresión y prensa.
