En la decisión tomada este viernes por la Sala de Cuestiones Preliminares se desestima la solicitud de presentar alegatos de las víctimas de manera directa a la CPI. Todo deberá canalizarse a través de la Sección de Reparación y Participación de las Víctimas, que presentará un informe el 21 de marzo. También se otorga una prórroga de más de tres meses al gobierno de Maduro y se desecha la participación de los cinco Estados del Grupo de Lima que demandaron a Venezuela en 2018.
La Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) decidió este viernes 18 de noviembre el procedimiento que aplicará para resolver la solicitud presentada por el fiscal Karim Khan de reanudar la investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno venezolano dirigido por Nicolás Maduro.
En su decisión, la Sala acogió los argumentos presentados recientemente por el canciller chavista, Carlos Faría, el pasado 11 de noviembre, así como también acordó permitir que las víctimas puedan presentar sus alegatos pero todo a través de la Sección de Reparación y Participación de las Víctimas (VPRS, por sus siglas en inglés) y no de manera directa a la CPI, como habían solicitado algunos representantes legales del Foro Penal Venezolano acreditados, entre ellos Alfredo Romero, y el abogado de Leopoldo López, Juan Carlos Gutiérrez.
De esta manera, el documento indica que la Sala «toma nota» de la solicitud de permiso para dirigirse de manera directa para transmitir las opiniones y preocupaciones de las víctimas, pero recuerda a este respecto que el sistema establecido por el Estatuto y las reglas para este tipo de procedimientos se canalizan a través de la VPRS, que tiene entre sus facultades comunicarse con las víctimas y representantes legales, si corresponde, para recopilar opiniones e inquietudes, para luego elaborar un informe, por lo cual aclara que «no hay razón para apartarse de este sistema de recaudación en el presente caso». De acuerdo con el cronograma establecido, el mencionado informe deberá presentarse a más tardar el 21 de marzo de 2023.
Además, tal como solicitó el representante de Maduro, la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI decidió otorgarle al régimen más de tres meses para responder a la solicitud del fiscal, estableciendo como plazo el 28 de febrero de 2023. A inicios de año ya la CPI había otorgado una prórroga de tres meses para presentar un informe en el que se aclare si se están investigando o no crímenes de lesa humanidad en el país. Ese plazo finalizó el pasado 16 de abril.
La investigación preliminar contra el Estado venezolano por crímenes de lesa humanidad bajo el régimen chavista se inició en 2018. En septiembre de ese año, cinco países que conformaban el Grupo de Lima (Argentina, Chile, Colombia, Paraguay y Perú) presentaron una demanda inédita en los 16 años de historia de este tribunal internacional hasta la fecha, pues era la primera vez que países miembros de la CPI pedían a la Fiscalía investigar a otra nación firmante, presentando en este caso informes elaborados por expertos en los que se documentaban procesos extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias en el marco de las protestas contra el gobierno.
Pero estos actores parecen haber salido ya de escena. En la decisión emanada este viernes se impide la participación en este procedimiento a los cinco Estados que realizaron la remisión del caso en 2018 por considerar que no hay bases suficientes para que estos Estados sean parte en el juicio, en vista de que no se demostró conexión suficiente ni daño a la ley para estas partes. Dicho sea de paso que con la llegada de gobiernos de izquierda a cuatro de estos cinco países, el Grupo de Lima se desintegró y la posibilidad de que esta demanda sea ratificada por parte de estos Estados es prácticamente nula.
Esta decisión es un claro revés para las víctimas, quienes verán limitada su participación a un informe que presentará una oficina de la CPI en nombre de todos los afectados por la situación de Venezuela, quedando en evidencia los desaciertos por los intentos de politizar el caso.
Por ejemplo, en un audio publicado hace un año en exclusiva por PanAm Post se pudo escuchar al exdiputado Freddy Guevara –figura muy cercana a Leopoldo López– plantear «hacer un favor» que implicara dilatar la apertura de un juicio a Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional, pero «cobrarlo caro». En la conversación el antiguo parlamentario y miembro del partido Voluntad Popular aseguraba que la Corte Penal Internacional es meramente un organismo político, sujeto a declaraciones que vayan por ese orden.
La fase preliminar del caso se cerró a finales de 2021, cuando el fiscal Karim Khan, recién sustituyó en el cargo a la exfiscal Fatou Bensouda, aprobó avanzar a la fase de investigación. Con los reclamos y observaciones presentadas por el régimen, que ha conseguido ya dos prórrogas, una eventual decisión se posterga por el momento hasta el primer trimestre del próximo año.
PananamPost
