(caraotadigital.net) Sin rodeos y sin andarse por las ramas, la fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz, se atrevió este martes a asegurar que «hay muchos deseos de sacar y de hasta matar a Maduro», a quien aconsejó que se cuide, incluso hasta de su esposa.
«Yo estoy segura de lo que digo», fue la respuesta de Ortega cuando el periodista César Miguel Rondón le repreguntó en su programa Al punto y seguimos si estaba segura de lo que estaba hablando.
Ortega no reveló nombres ni detalles precisos acerca de su revelación, pero sí le sugirió a Maduro que se cuide de quienes le rodean, incluyendo a su misma esposa, Cilia Flores.
El tema surgió cuando comentaba las declaraciones del enviado de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, quien afirmó que Maikel Moreno estaba contribuyendo para sacar a Maduro del poder.
Al respecto comentó que eso sería una reivindicación, pues en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) «hay descontento».
Fue en ese momento que soltó la frase. «El hambre que pasan los familiares y los problemas para adquirir medicamentos, ellos también lo padecen. Hay muchos deseos de sacar y de hasta matar a Maduro».
En otra parte de sus declaraciones, cuando se refirió a la decisión adoptada este martes por el TSJ y la ANC de allanar la inmunidad parlamentaria de seis diputados, refirió que Maduro no se debería preocupar de estar atacando a los parlamentarios de oposición.
«De quien tienen que cuidarse es de los que están a su alrededor. Hay muchos que quieren su cabeza. Debería cuidarse de su esposa. Eso sí debería preocuparle y no estar persiguiendo a los parlamentarios y los ciudadanos que no han cometido ningún delito», advirtió.
Flagrancia no es un delito
La fiscal en el exilio explicó que la flagrancia no es un delito sino un estado probatorio. Aseguró que no hay méritos para detener a los diputados Henry Ramos Allup, Luis Germán Florido, Marianela Magallanes López, José Simón Calzadilla Peraza, Americo De Grazia y Richard José Blanco Delgado.
Indicó que para que exista la flagrancia debe darse posterior a una aprehensión, luego ser llevado ante un juez para que le lean sus derechos y allí defenderse o desmentir las acusaciones.
Asimismo, debe existir una investigación preliminar y existir un mínimo de elementos probatorios.
«Esto crea más zozobra en la población. Con esto afirman que pueden inventar cualquier adefesio para arremeter contra la disidencia política», aseveró.
«Todo eso es violatorio de la Constitución. Hay varios delitos que se excluyen entre sí. Estamos frente a un adefesio jurídico, a un disparate. Eso ocurre porque el magistrado no tiene el nivel jurídico para estar frente al máximo jurado», concluyó.
