Access Now presenta su documento de posición sobre el “derecho al olvido”. En él, ofrecemos nuestra visión sobre qué es y cuál es su impacto en el derecho a la libertad de expresión en línea.
En 2014, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolvió un caso en el que reconoció el derecho de un ciudadano español a solicitar a un motor de búsqueda que su nombre no aparezca asociado a ciertos resultados. El caso, hoy célebre, es conocido como “Google España” y abrió la puerta a la aplicación del llamado “derecho al olvido”, una extensión de la doctrina de la protección de datos personales de la Unión Europea que habilita a los individuos –en ciertos casos– a ejercer control sobre su información personal en manos de terceros.
El documento que hoy presentamos, explica el contenido de la mencionada doctrina Europea y cuáles son las diferencias con el recientemente reconocido “derecho al olvido” o como hemos elegido en llamarlo, “derecho a ser excluído de resultados de búsqueda”.
La aplicación de la sentencia ha generado controversias referidas a la lesión a la libertad de expresión y el acceso a la información. Por una parte, porque empresas privadas como las gestoras de los motores de búsqueda, han quedado en la posición de tener que responder a solicitudes de “exclusión de resultados”; sin contar con la preparación o las facultades para determinar en qué casos cierta información debe excluirse del acceso público en los buscadores. Y por otro lado, porque existe el riesgo de aplicaciones excesivas de este derecho, que dejen información de interés público lejos del alcance de la ciudadanía.
En este orden de ideas, desde Access Now no apoyamos la creación o aplicación de un “derecho al olvido”, ya que consideramos que los riesgos para la libertad de expresión son mayores que los beneficios para la protección de la información personal. De todas maneras, reconocemos que existen iniciativas legislativas y jurisprudenciales que ya están poniendo en marcha versiones locales de este derecho en distintos países del mundo.
Por eso, a pesar de nuestro desacuerdo con la inclusión de este derecho en las legislaciones locales, nuestro documento ofrece una serie de guías y recomendaciones para que cualquier aplicación del llamado “derecho al olvido” afecte lo menos posible el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información de los usuarios. Del mismo modo, nuestras recomendaciones apuntan a la inclusión de la protección de información personal en un marco normativo integral de datos personales, que brinde previsibilidad y salvaguardas de derechos humanos.
El “derecho al olvido” en América Latina
Existen proyectos de ley y casos jurisprudenciales en varios países de la región latinoamericana al respecto del derecho al olvido. Nuestro documento examina tres casos a modo de ejemplo: Argentina, Brasil y Colombia. En particular, el documento se centra en la peligrosa tendencia legislativa a incluir el tema del derecho al olvido en relación con la protección del honor. En consecuencia, el documento menciona la incompatibilidad de ese tipo de legislación con la libertad de expresión y la particular situación regional respecto del derecho a acceder a información sobre violaciones (aún recientes) a los derechos humanos.
En el caso de América Latina, debemos agregar que las reglas del sistema interamericano de derechos humanos ofrecen un alto nivel de protección a la libertad de expresión y que por lo tanto, los países que las han reconocido deberían observarlas en cualquier propuesta de legislación del derecho a ser excluído de resultados de búsqueda.
Nuestro análisis por áreas también incluye información sobre aplicaciones locales del “derecho al olvido” y sus variantes en la Unión Europea, India, Rusia, Hong Kong y Corea del Sur.
Con este documento, Access Now espera contribuir al debate sobre este tema en nuestra región y en el mundo. Creemos que el llamado “derecho al olvido” tiene consecuencias tanto para la libertad de expresión como para la privacidad y protección de datos personales. Por ende, es necesario encontrar soluciones de política pública para la protección y el ejercicio pleno de estos derechos que se refuerzan mutuamente.
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