El expresidente peruano Pedro Castillo negó hoy, desde la prisión, los delitos de rebelión y conspiración que se le imputan y acusó al nuevo Gobierno por las muertes registradas en protestas sociales contra su destitución.
Castillo leyó un breve mensaje político al término de una audiencia virtual de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en la que expusieron sus argumentos la defensa y la Fiscalía, sobre la apelación contra la prisión preventiva por 18 meses dictada contra el exmandatario.
“Jamás he cometido el delito de rebelión, no me he levantado en armas», dijo en alusión a señalamientos de juristas que invocan el hecho que ese delito implica el alzamiento colectivo en armas.
«Tampoco he llamado a levantarse en armas a nadie; pero sí debo decir que quien sí se levantó en armas para acabar con la vida de más de 30 peruanos es el actual Gobierno”, añadió sobre el saldo de las protestas contra su destitución y afirmó que hay más de 20 desaparecidos y más de 200 heridos.
Negó igualmente el cargo alternativo de conspiración y lo atribuyó al Congreso de la República, que ejerció una oposición irreductible en su contra y desde el inicio del mismo planteó el objetivo de terminar con su Ejecutivo.
“Quienes han conspirado son el Congreso… y otras instituciones con la finalidad de preparar un plan para la caída de mi Gobierno, a través de sucesivos pedidos de vacancia (destitución) y otras artimañas”, argumentó el exmandatario, destituido y encarcelado el 7 de diciembre último por intentar la disolución del impopular Parlamento unicameral.
Invocó a los jueces que reflexionen y vean “como esta injusta prisión preventiva que se me ha impuesto solo ha servido para polarizar a nuestro paí”, según expresó y añadió que todo lo que se hace en su contra no es más que “una venganza política”.
Pidió, además, que cese el odio, demandó su libertad, afirmó que en la prisión para altos funcionarios que lo aloja está incomunicado y reclamó acceso telefónico para comunicarse con su esposa y sus hijos, asilados en México; y con sus padres, que viven en la provincia norandina de Chota.
En la audiencia, el tribunal escuchó las posiciones de las partes sobre la apelcación de la defensa de Castillo, que plantea su salida de la cárcel para afrontar en libertad condicional las investigaciones de las que es objeto.
La SCJ trató también la apelación de la Fiscalía contra la libertad con restricciones por 18 meses, otorgada al coacusado ex primer ministro Aníbal Torres, en consideración a su edad (78 años) y sus problemas de salud.
Agencia Prensa Latina
