Quito, 23 de enero de 2023
Mi misión a Ecuador ha sido la primera que he realizado a un país latinoamericano en calidad de Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Pese a haber sido una visita breve, tuve la oportunidad de reunirme con el Presidente Guillermo Lasso e integrantes de su Gobierno, la Corte Constitucional, personas defensoras de derechos humanos, representantes de pueblos indígenas, representantes del Sistema de las Naciones Unidas, la comunidad diplomática en Ecuador y una serie de otros importantes actores.
En todas las reuniones, tuve excelentes intercambios tanto con las autoridades como con un amplio espectro de actores de la sociedad civil. Estoy muy agradecido con todos ellos por la atención que prestan a un amplio abanico de temas de derechos humanos, y por el diálogo tan constructivo y prometedor que hemos sostenido.
Este año se conmemora el 75º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el 30º aniversario de la Declaración y Programa de Acción de Viena, que llevó a la fundación de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Durante mi estadía en Ecuador tuve el honor de participar en un evento coorganizado con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana junto al primer Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, José Ayala Lasso.
Hace 30 años, el Embajador Ayala Lasso no solo desempeñó un papel central en las negociaciones que llevaron a la creación de mi Oficina, sino que también estableció las bases de la Oficina como institución.
Ecuador es un país que ha ratificado los nueve tratados internacionales que representan los pilares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. A nivel internacional, el país también ha tomado el liderazgo en temas como los esfuerzos para alcanzar un tratado internacional vinculante sobre empresas y derechos humanos. Me gustaría reconocer y felicitar el rol activo de Ecuador y su compromiso continuo con el multilateralismo, inclusive como miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
También quisiera reconocer los esfuerzos realizados en Ecuador para recibir e integrar a personas refugiadas y migrantes provenientes de diversos países de la región. Con esto me refiero al enfoque del Estado, pero también al valioso trabajo de otras agencias de las Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil, al igual que a la cálida recepción de parte de la propia ciudadanía ecuatoriana.
Al mismo tiempo, como se evidenció en mis diálogos con las autoridades, con personas defensoras de derechos humanos y con representantes de pueblos indígenas, Ecuador enfrenta una serie de retos en materia de derechos humanos, que entiendo también han sido señalados en el Examen Periódica Universal:
- la situación general de profunda desigualdad socioeconómica, exacerbada por el impacto de la pandemia de COVID-19 y los desafíos resultantes para el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. Algunos problemas específicos al respecto incluyen la malnutrición infantil y el particular impacto de esta desigualdad en las poblaciones rurales, indígenas, afrodescendientes y montubias, que a menudo enfrentan racismo, discriminación y estigmatización;
- la preocupante situación del sistema penitenciario en Ecuador, donde ha ocurrido una serie de masacres en los últimos dos años;
- el deterioro de la situación de seguridad debido al crecimiento del crimen organizado y su impacto en las personas más vulnerables;
- las preocupaciones respecto a la violencia contra las mujeres, incluida la creciente incidencia de femicidios;
- el tema de las industrias extractivas (la producción petrolera y minera) particularmente en la región amazónica, los dilemas que surgen respecto a la generación de ingresos, su potencial para generar conflicto social y su impacto en los derechos de los pueblos indígenas y el medio ambiente;
- las empresas y los derechos humanos, con casos emblemáticos que aún no han sido resueltos;
- los derechos de los niños, niñas y adolescentes, particularmente en el contexto de la problemática tendencia de incrementar las penas máximas para jóvenes infractores;
- los desafíos que enfrentan las propias personas defensoras de derechos humanos y la necesidad de proteger su rol en la sociedad.
Mi Oficina ya está proporcionando asistencia técnica a Ecuador respecto a algunos de estos desafíos. Me gustaría señalar tres áreas específicas: la situación penitenciaria, el uso de la fuerza, y los derechos de los pueblos indígenas.
Respecto al sistema penitenciario, mi Oficina ha proporcionado asistencia técnica para la elaboración de la Política Pública de Rehabilitación Social del Gobierno, adoptada el año pasado, la cual acojo con gran satisfacción. También hemos colaborado en la elaboración de la ley sobre el uso de la fuerza adoptada en 2022, que incorpora adecuadamente los estándares internacionales de derechos humanos y que podría convertirse en un ejemplo para otros países de la región.
En ambos casos, el desafío real es la implementación. He reiterado al Presidente Lasso el compromiso de mi Oficina para continuar apoyando los esfuerzos de Ecuador para enfrentar estos dos importantes desafíos. También apoyamos los esfuerzos del Presidente por reducir la sobrepoblación penitenciaria asegurando que las personas sentenciadas por delitos menores sean liberadas, y que se dé preferencia a las penas no privativas de libertad.
También quisiera resaltar la apertura de mi Oficina y de las Naciones Unidas en Ecuador para incrementar nuestra contribución al diálogo continuo entre las autoridades y el movimiento de los pueblos indígenas.
Tras las protestas de los pueblos indígenas en junio de 2022, se dio inicio a un importante proceso de diálogo entre los pueblos indígenas y el Gobierno, bajo los auspicios de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica.
Al mismo tiempo, estamos conscientes de la necesidad de dar mayor seguimiento continuo a los avances respecto a los 218 acuerdos que surgieron de ese diálogo. No olvidemos que el diálogo no es un evento de una sola ocasión, sino que necesita ser un proceso que aborde todos los elementos de injusticia y desigualdad heredados del pasado.
Respecto al potencial uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, me gustaría señalar que su uso en este contexto -como ha sido reafirmado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos-, necesita estar sujeto a una serie de restricciones: debe ser excepcional, de duración limitada, subordinado y complementario al trabajo de las corporaciones civiles y rendir cuentas a las autoridades civiles, entre otros criterios.
Finalmente, quisiera expresar mi compromiso de continuar trabajando con las autoridades ecuatorianas y la sociedad civil, como también reiterar mi admiración y apoyo a las personas defensoras de derechos humanos en Ecuador. Su trabajo, al igual que en muchas otras partes del mundo, continúa siendo el generador de progreso en derechos humanos.
Me voy de Ecuador inspirado por las palabras de un joven ecuatoriano que conocí ayer, en un proyecto que ayuda a personas refugiadas y migrantes y quien, para mí, ejemplifica el sentido de solidaridad que encontré en muchas de mis reuniones.
“Somos jóvenes, no distinguimos entre quién es ecuatoriano y quién no. Nuestra preocupación es el aquí y el ahora y el cómo lograr que el mundo sea un lugar mejor”, me dijo.
Esta es una expresión que ilustra los valores contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Muchas gracias.
FIN
Para más información y solicitudes de prensa por favor contacte con:
Liz Throssell (viajando con el Alto Comisionado) – elizabeth.throssell@un.org
En Santiago (Oficina Regional para América del Sur del ACNUDH)
María Jeannette Moya – +56979996907 / maria.moya@un.org
