Un documento enviado al gobierno centroamericano, al que tuvo acceso EL PAÍS, recoge denuncias de privación de la libertad en las estaciones de recepción de migrantes, trabajos forzados y abusos
Las migrantes que atraviesan Darien no solo se enfrentan a abusos sexuales durante el trayecto por la selva; también lo sufren en las Estaciones de Recepción de Migrantes (ERM) del Gobierno de Panamá. Así lo recoge un documento de las Naciones Unidas sobre graves vejámenes que habrían sido cometidos por parte de funcionarios del Servicio Nacional de Migración y del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).
“Según estas denuncias, el personal del SNM y del SENAFRONT habría solicitado intercambios sexuales a las mujeres y niñas alojadas en la ERM de San Vicente que carecen de dinero para afrontar los costes del transporte” entre las estaciones y Costa Rica, dice el documento hecho por la Relatoría especial sobre los derechos humanos de los migrantes y conocido por EL PAÍS. Lo hacen, continúa el texto, “con la promesa de permitirles subir a los autobuses coordinados por las autoridades panameñas para que puedan así continuar su viaje hacia la frontera con Costa Rica”.
En el documento de 18 páginas, la ONU hace fuertes cuestionamientos al gobierno de Panamá por el manejo de crisis humanitaria de migrantes irregulares, No solo denuncia violencia sexual, sino que también afirma que hay personas que hacen trabajos forzados con el fin de obtener los medios para poder pagar los 40 dólares que cuesta el bus y así abandonar las estaciones. “Esta información vendría acompañada de preocupaciones sobre la voluntariedad del trabajo realizado, dada la supuesta falta de alternativas que permitan a las personas migrantes abandonar las ERM”, agrega la ONU.
En 2022, al menos 248.000 migrantes atravesaron, en su mayoría venezolanos, ecuatorianos y haitianos. Los asaltos, las desapariciones y la violencia sexual a manos de grupos armados son algunos de los peligros. En 2021 se registraron más de 300 casos de abuso sexual; y entre enero y junio de 2022, fueron más de 140 casos durante el recorrido.
Al llegar a territorio panameño y, después de sortear la muerte en el trayecto, los migrantes son alojados en las ERM, que supervisa el Servicio Nacional de Migraciones y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront). Pero es ahí mismo donde, según el informe de la ONU, se encuentran “de facto privadas de la libertad, al no estar autorizadas a salir de dichos centros, salvo para ser trasladadas por las autoridades panameñas hacia la frontera con Costa Rica”.
El informe del relator especial para los derechos humanos de los migrantes, Felipe González Morales reporta casos de familias retenidas por más de 3 meses en las estaciones por falta de documentos, incluyendo certificados de nacimiento que acrediten el parentesco entre padres e hijos, así como retrasos en los procesos de identificación por parte de las autoridades panameñas. “A las personas que solicitan asilo en Panamá tampoco se les permitiría salir de las ERM hasta el final del procedimiento, que según se informa puede extenderse durante varios meses”, recoge. “Quisiéramos manifestar de manera particular nuestra preocupación respecto a las alegaciones que indican que niños y niñas estarían también detenidos en las ERM”, agrega el texto que también suscriben los relatores especiales en detención arbitraria, desapariciones forzadas o involuntarias; trata de personas; y violencia contra las mujeres y las niñas.
Las condiciones de estos espacios de recepción son, además, “deplorables e insalubres” y “expuestas a situaciones de abuso por parte de las autoridades que gestionan estos centros”. No hay separación de espacios para mujeres, niños y niñas con lo cual, advierte el documento, no se garantiza ni su seguridad y protección, lo que genera riesgos de sufrir violencia basada en el género.
Uno de los correctivos es mejorar la respuesta para investigar los casos de violencia contra las mujeres que es uno de los problemas más graves en esa ruta migratoria. “Las personas que denuncian deben permanecer varios días en las estaciones migratorias mientras el Ministerio Público lleva a cabo las investigaciones, circunstancia que termina disuadiendo a las personas para no denunciar los hechos”.
La ONU también afirma que ha recibido información acerca de personas que han protestado por las malas condiciones y terminan detenidas, sin asistencia legal y sin comunicación con sus familiares durante varios días. “Se ha alegado también que los agentes de Senafront habrían recurrido a un uso excesivo e indebido de la fuerza, supuestamente agrediendo físicamente a las personas migrantes antes y después de su detención. Además, según las fuentes, los agentes se habrían negado a proporcionar alimentos a las personas migrantes detenidas en el lugar de la detención”.
La decisión que tomó el gobierno de Joe Biden en octubre de 2022, el cerrar la frontera con México a los venezolanos que intentaran entrar por ella y entregar 24.000 visas humanitarias a los que lleguen en avión y tengan un patrocinador en ese país, generó impactos en la frontera del Darién.
De acuerdo con el informe, grupos de migrantes emprendieron el camino de regreso en bus o a pie desde México hasta Panamá, a través de pasos ilegales de Costa Rica. De vuelta en territorio panameño se alojaban en albergues temporales a la espera de volver a su país natal en vuelos de retorno que deben pagar los mismos migrantes. Los demás deben emprender de nuevo la peligrosa ruta del Darién hacia Colombia. Para la ONU, “las condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad de los retornos podrían verse comprometidas”.
El documento también recoge una grave denuncia sobre la información personal de los migrantes. Dice que “se habría facilitado información a la embajada de Venezuela en Panamá sobre todas las personas alojadas” en los albergues, como el llamado “Bodega Bambito”, que acoge a entre 800 y 1.000 personas venezolanas por día. “Supuestamente, antes de su llegada a los albergues, las personas afectadas desconocen que su información personal va a ser compartida con las autoridades venezolanas, ni que van a estar en contacto con la embajada de su país”.
La ONU afirma que no “prejuzga” y le advierte al Gobierno de Panamá que “de ser confirmadas, las situaciones descritas constituirían violaciones de los derechos humanos de las personas migrantes”. Además, le recuerda que las condiciones precarias que se reportan en las Estaciones de Recepción de Migrantes “pueden equivaler a un trato cruel, inhumano o degradante y puede dar lugar a violaciones de los derechos a la vida y a la integridad personal”.
Aunque el documento está fechado en diciembre, aún no se ha hecho público. En él, la ONU le indicaba al Gobierno que tenía un plazo de 60 días para responder a las denuncias. Se cumplieron este jueves. De acuerdo con fuentes de este diario, aún están esperando a que el gobierno panameño entregue las respuestas. Este diario contactó a SENAFRONT este jueves y no ha recibido respuesta hasta este momento.
Fuente. El País España
