La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) realizó entre miércoles y jueves la Audiencia Pública del Caso Beatriz Vs. El Salvador, sobre la prohibición del Estado de realizar un aborto terapéutico a una joven de 20 años en 2013, pese a que el embarazo amenazaba su vida y que el feto no sobreviviría al parto pues tenía anencefalia (falta de desarrollo del cerebro y el cráneo).
«El caso de Beatriz es tan emblemático porque visibiliza una de las caras más tristes de la penalización absoluta del aborto, la afectación a la salud de las mujeres, en El Salvador, principalmente de las más vulnerables», dijo a la Agencia Sputnik la coordinadora de contenidos y estrategia jurídica de Ipas Latinoamérica y el Caribe, la abogada Marisol Escudero.
Se trata del primer caso que la Corte IDH analiza en materia de negación de servicios de aborto por riesgo de la salud, vida e integridad personal de una persona embarazada.
Según Escudero, este caso «visibiliza un contexto en donde las leyes penalizan de manera absoluta el acceso al aborto, que a nivel internacional es reconocido por la Organización Mundial de la Salud como un servicio de salud esencial que debe ser ofertado por los estados a las personas embarazadas conforme a sus necesidades particulares con el objetivo de resguardar su salud y vida».
Desde que reformó su Código Penal en 1998, El Salvador es uno de los cinco países en el mundo donde el aborto está totalmente prohibido, junto a República Dominicana, Nicaragua, Malta y el Vaticano.
Antes de dicha reforma, en El Salvador estaba permitido el aborto en tres circunstancias: si la vida de la mujer corría riesgo, si el feto tenía alguna malformación congénita o si la mujer había quedado embarazada al ser violada.
Desde la reforma, la prohibición y criminalización de esta práctica es absoluta.
Cualquier mujer que necesite realizarse un aborto en este país, aunque su vida esté en juego, no puede hacerlo dentro del sistema de salud de forma legal y, en el caso de que igualmente decida realizarlo, la pena es de 5 a 8 años de prisión.
En este país, los casos relacionados al aborto se toman como homicidios agravados, por lo que las penas van de 30 a 50 años de cárcel.
Por ende, lo que la Corte IDH resuelva tras escuchar esta semana al Estado salvadoreño y las organizaciones colitigantes del Caso Beatriz, podría sentar un precedente fundamental para las mujeres de este país.
«Casos como el de Beatriz lamentablemente hay muchos en El Salvador, pero este caso pudo llegar a la corte gracias a la valentía de Beatriz y de su familia que han decidido caminar una búsqueda de justicia en el ámbito internacional, con el propósito no solo de buscar justicia para ellos en esta instancia, sino también lograr que los hechos que vivió Beatriz no los vuelva a vivir otra mujer en el futuro», explica la coordinadora de Ipas.
Una de varias historias
Beatriz era una joven salvadoreña que vivía en situación de pobreza en el departamento de Usulután (norte) y quedó embarazada de su primer hijo en julio de 2011. Fue diagnosticada con Lupus Eritematoso Sistemático, nefropatía lúpica y artritis reumatoidea juvenil cuando tenía 18 años.
«Tenía dolores insoportables, fiebre, yo lloraba con ella por los dolores que le daban, se le inflamaron los pies y las manos. Era una enfermedad que no tenía cura. Desde ese momento, Beatriz ya no pudo trabajar por su problema de salud», contó su madre en la apertura de la audiencia.
El 2 de marzo de 2012 Beatriz tuvo a su primer hijo mediante una cesárea y un cuadro complicado a causa de una preeclampsia.
Su primer embarazo «fue bastante complicado, su bebé nació de 32 semanas. Ella estaba bien delicada, después del parto con cesárea, Beatriz fue sometida a cuidados intensivos porque su estado se complicó debido a la anestesia, ella se hinchó en todo su cuerpo. El bebé fue a una incubadora y me dijeron que solo el papá podía verlo pero que su estado era crítico», relata M.D.C, como decidió ser nombrada su madre ante la corte.
Mientras estuvo embarazada, tuvo que ser internada dos veces por anemia y porque el embarazo exacerbó los síntomas del lupus.
A comienzos de 2013, Beatriz empezó a tener llagas en el rostro. «Le salieron más y más llagas que se le explotaban con sangre y con pus y el cuerpo, que se le estaba como pudriendo, le echaba mal olor. La llevé de nuevo al hospital. En maternidad diagnosticaron que Beatriz estaba embarazada de una niña que no iba a poder nacer porque no tenía cerebro y los doctores dijeron que sus vidas estaban en riesgo», cuenta su madre.
Beatriz se sintió preocupada cuando se enteró de que estaba embarazada, se sintió mal porque sabía lo que le había pasado en su primer embarazo y por eso quería interrumpirlo, para no llegar a un estado más crítico.
Cuenta su madre que Beatriz la llamó y le contó que los doctores le dijeron que no podía seguir con el embarazo porque la vida de ambas estaba en peligro, pero había una posibilidad de que ella se salvara, pero era un tratamiento que los médicos no podían hacerle: un aborto terapéutico.
Los 15 profesionales que firmaron el acta para prevenir el daño potencial indicaron que ese era el mejor momento para hacer la interrupción y evitar que Beatriz se sometiera a ese riesgo.
«Ella decidió interrumpir su embarazo para salvar su vida (…) el tratamiento que le recomendaban los médicos era interrumpir su embarazo, estaba de 12 semanas. Los médicos le dijeron que no podían hacerle ese tratamiento porque en El Salvador es un delito y podían ir presos igual que ella», relata M.D.C.
Pero un doctor le dijo que iba a consultar la decisión con el director del hospital Rosales para ver qué podían hacer. La respuesta fue la misma: «No».
El tratamiento no se pudo llevar a cabo porque el abogado del hospital dijo que tenía que hacer que el comité se maneje de acuerdo a las leyes de El Salvador y determinaron que el procedimiento no podía hacerse porque estaba prohibido por la ley.
Fue entonces que Beatriz presentó una demanda de amparo frente a la Corte Suprema de Justicia que le permitiera interrumpir su embarazo para no poner en riesgo su vida y porque ya contaban con la información de que el feto tenía anencefalia y no sobreviviría.
El 3 de junio de 2013 Beatriz comenzó a tener contracciones y los médicos decidieron realizarle una cesárea cuando ya habían pasado 81 días del primer diagnóstico, teniendo que realizarle una cirugía, en lugar de una interrupción del embarazo con medicamentos.
El feto falleció cinco horas después
«Ella estaba decidida, ella quería vivir, pasó 81 días hospitalizada, fue una tortura para ella, porque había muchos doctores con las manos atadas al ver su sufrimiento pero había otros que estaban en su contra», cuenta su madre.
Beatriz murió en 2017 por complicaciones derivadas por la fragilidad de su salud por una neumonía luego de un accidente de tránsito.
Con las manos atadas
La Organización Mundial de la Salud informó en 2011 que el 11 por ciento de las mujeres que se realizaron un aborto ilegal en el país murieron como consecuencia de esto.
Varias de las representantes de las organizaciones colitigantes insistieron en que en El Salvador «se espera a que la mujer no tenga otra posibilidad (que el aborto) y se la pone en riesgo» y que «otras mujeres fallecieron ante la imposibilidad de intervenir antes de que exista un peligro inminente».
La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto registró 195 casos de mujeres que han sido procesadas por emergencias obstétricas o partos extrahospitalarios durante los últimos 24 años.
Según datos brindados por Ipas, el Ministerio de Salud de El Salvador registró 5.717 abortos espontáneos de enero a diciembre de 2020 en el país, un promedio de 16 abortos diarios.
«El fallo de la Corte IDH sobre el caso de Beatriz puede beneficiar la situación de El Salvador ya que uno de los aspectos de la sentencia es que la corte determine a partir de lo sucedido en este caso medidas de no repetición y los compromisos que tiene que asumir el estado de El Salvador para que lo que le ocurrió a Beatriz no le vuelvan a ocurrir a otra persona nunca más y esto necesariamente está relacionado con modificar las leyes en materia de aborto», dijo Escudero a Sputnik.
La abogada de Ipas considera que este caso «visibilizó y mostró al mundo la falta de protección de los derechos humanos a la que se enfrentan las mujeres, sobre todo en relación al ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos frente leyes que las condenan a vivir embarazos riesgosos y a la falta de acceso a la justicia».
Lo que las organizaciones colitigantes del caso Beatriz solicitan a la corte es que «se declare la responsabilidad internacional de El Salvador por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales, vida privada, igualdad ante la ley, protección judicial, y derecho a la salud (y que) se declare la vulneración de los artículos 1 y 6 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, y del artículo 7 de la Convención de Belém do Pará».
Las organizaciones colitigantes expresaron en la audiencia que es necesario que el Estado establezca «protocolos basados en la evidencia científica que le permita a las mujeres que se encuentren en este riesgo de vida tener una opción más, que no sea la única, pero si deciden interrumpir el embarazo, esto podría salvar a muchas mujeres».
«Pienso que ha quedado claro que no es fácil evadir la violación de derechos humanos de Beatriz, ni que el Estado tiene repsonsabilidad en haberle causado un daño, un dolor, que tenía una intencionalidad, y que, por lo tanto, Beatriz fue sometida a tortura», dijo Morena Herrera, integrante de Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto, luego de que finalizaran las audiencias en un video enviado a periodistas.
Ahora resta entregar los últimos alegatos por escrito a la Corte IDH, cuyos jueces tienen un plazo de siete a nueve meses para emitir su fallo.
(Sputnik)
