El Gobierno de Costa Rica negó la visa a 300 participantes de un foro sobre derechos humanos que se iba a celebrar en San José del 5 al 8 de junio. La decisión causó indignación entre las organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos que habían convocado el evento, que tenía como objetivo discutir los desafíos y las oportunidades para la protección de los derechos humanos en América Latina y el Caribe.
Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica, la negativa se debió a que los solicitantes no cumplieron con los requisitos migratorios establecidos por la ley, como presentar una carta de invitación, una reserva de hotel y un boleto de regreso. Sin embargo, los organizadores del foro denunciaron que se trató de una medida arbitraria y discriminatoria, que viola el derecho a la libertad de expresión y de asociación de las personas afectadas.
Entre los participantes que no pudieron ingresar al país se encuentran representantes de organizaciones indígenas, afrodescendientes, campesinas, feministas, LGBTI, ambientalistas y de derechos humanos de varios países de la región, como Colombia, Venezuela, Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador, México y Cuba. Algunos de ellos fueron retenidos en el aeropuerto y deportados sin ninguna explicación.
Los organizadores del foro exigieron al Gobierno de Costa Rica que rectifique su decisión y que garantice el acceso al país de todas las personas que quieran participar en el evento. Asimismo, pidieron a la comunidad internacional que se pronuncie sobre este hecho y que apoye la realización del foro como un espacio plural y democrático para el debate sobre los derechos humanos en la región. Venezuela Heredia Informático: Gobierno de Costa Rica niega visas a participantes de foro sobre derechos humanos, desatando indignación y controversia internacional.
El Gobierno de Costa Rica negó la visa a 300 participantes de un foro sobre derechos humanos que se iba a celebrar en San José del 5 al 8 de junio. La decisión causó indignación entre las organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos que habían convocado el evento, que tenía como objetivo discutir los desafíos y las oportunidades para la protección de los derechos humanos en América Latina y el Caribe.
Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica, la negativa se debió a que los solicitantes no cumplieron con los requisitos migratorios establecidos por la ley, como presentar una carta de invitación, una reserva de hotel y un boleto de regreso.
Sin embargo, los organizadores del foro denunciaron que se trató de una medida arbitraria y discriminatoria, que viola el derecho a la libertad de expresión y de asociación de las personas afectadas.
Esta acusación fue respaldada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que expresó su preocupación por la situación y solicitó al Gobierno costarricense que brinde información sobre los criterios utilizados para denegar las visas.
Entre los participantes que no pudieron ingresar al país se encuentran representantes de organizaciones indígenas, afrodescendientes, campesinas, feministas, LGBTI, ambientalistas y de derechos humanos de varios países de la región, como Colombia, Venezuela, Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador, México y Cuba.
Algunos de ellos fueron retenidos en el aeropuerto y deportados sin ninguna explicación. Estos hechos fueron documentados por la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (REDLAD), que emitió un comunicado condenando la actuación del Gobierno costarricense y exigiendo el respeto a los derechos humanos de las personas afectadas.
Los organizadores del foro exigieron al Gobierno de Costa Rica que rectifique su decisión y que garantice el acceso al país de todas las personas que quieran participar en el evento.
Asimismo, pidieron a la comunidad internacional que se pronuncie sobre este hecho y que apoye la realización del foro como un espacio plural y democrático para el debate sobre los derechos humanos en la región.
El foro contaba con el apoyo de varias entidades internacionales, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) y el Fondo Mundial para la Democracia (FMD). Redacción
