La Asamblea Nacional de Panamá ha aprobado el proyecto de ley para derogar el polémico contrato minero que concede a la empresa Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals (FQM), la explotación de la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica en un caso que ha llevado a la población a salir a la calle para protestar durante las últimas dos semanas.
Tras un segundo debate en el Parlamento, el texto ha salido adelante con el voto a favor de 69 diputados –de un total de 71–, si bien el artículo que habla de la suspensión de la concesión ha obtenido el apoyo de 63 de ellos. Ahora, el texto será sometido a un nuevo debate sin que se puedan introducir modificaciones.
El texto, que busca además frenar futuro proyectos de extracción, contiene un artículo específico para suspender el contrato con First Quantum Minerals en un intento por calmar la situación en las calles del país después de que el presidente, Laurentino Cortizo, propusiera celebrar una consulta ciudadana para zanjar el tema, una iniciativa que no ha surtido efecto.
Sobre este asunto se ha pronunciado, además, el Tribunal Electoral, que considera que «no hay condiciones» para sacar adelante esta consulta, mientras que la Procuraduría de la Administración ha alertado de que este acuerdo viola al menos siete artículos de la Constitución, entre ellos el que establece que «la República de Panamá acata las normas del Derecho Internacional».
Asimismo, considera que el contrato «compromete el espacio aéreo, la tierra y otros bienes que no pueden ser objeto de apropiación privado, así como la apropiación de bienes por parte de Estados extranjeros», según ha recogido el diario ‘La Estrella de Panamá’.
Por su parte, el Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc González, ha expresado su preocupación por la situación que atraviesa el país, especialmente ante el aumento de la violencia en el marco de las protestas y el uso de gases lacrimógenos por parte de las fuerzas de seguridad para sofocar las manifestaciones.
«Estamos preocupados por la escalada de violencia, el uso de la fuerza, la cantidad de gases lacrimógenos en diversas áreas a nivel nacional, el cual afecta no solo a los manifestantes sino a terceros», ha dicho.
En este sentido, ha hecho un llamamiento a respetar el derecho a la libertad de prensa y ha instado a los manifestantes a no atacar a los trabajadores de los medios de comunicación. «No vamos a callar sobre ningún tipo de vulneración de los Derechos Humanos de ninguna clase ni tipo de autoridad», ha manifestado.
La negociación entre el Gobierno de Cortizo con Minera Panamá ya había sido avalada por el Parlamento, si bien acabó derivando en un fuerte rechazo por parte de la población por considerar que la concesión puede provocar daños ambientales y llevar a la comisión de delitos de corrupción.
Situación de los migrantes
Los bloqueos de carreteras derivados de las protestas han dejado a miles de migrantes varados en territorio panameño en su camino hacia Estados Unidos, tal y como ha denunciado la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF), que estima que unas 8.000 personas se encuentran retenidas en el país debido a la crisis actual.
Así, unos 5.000 se encuentran en centros de recepción habilitados por el Gobierno panameño en poblaciones situadas en las proximidades de la selva del Darién, que hace de frontera entre Panamá y Colombia.
En este sentido, la organización ha instado a la creación de un «corredor humanitario» y ha solicitado a quienes «ejercen su legítimo derecho a la manifestación pública que permitan el paso de los buses que trasladan a las personas migrantes entre la provincia de Darién y Costa Rica», tal y como ha recogido en un mensaje en su cuenta de X, antes conocida como Twitter.
«Las condiciones ya difíciles de agua, alimentación, albergue, seguridad y salud principalmente en Lajas Blancas y Bajo Chiquito se agravarán con el represamiento», ha aseverado Luis Eguíluz, jefe de proyecto de MSF en Panamá.
Fuente. EUROPA PRESS
