Se aproxima la segunda vuelta presidencial entre el Kichnerista y actual ministro de economía Sergio Massa y el Libertario Javier Milei, y la justicia argentina ha dado a conocer una investigación sobre espionaje proveniente del servicio de inteligencia del estado, según algunos medio, liderados por la actual vicepresidenta Cristina Fernandez. El ministerio de justicia encontró más de 21 celulares, más de 14 laptops y muchos documentos en 1,196 carpetas que contenían información privada de dirigentes políticos, periodistas, candidatos y hasta deportistas.
El fiscal federal Gerardo Pollicita firmó un dictamen que reveló la existencia de cientos de informes secretos de inteligencia sobre miles de “objetivos”, que incluyeron altos políticos, jueces de la Corte y la justicia federal, periodistas y empresarios. En el caso aparecen dos funcionarios kirchneristas, uno de ellos, el camporista Fabián Rodríguez, supuesto promotor y financista de uno de los hechos de espionaje, según el dictamen fiscal.
“El kirchnerismo estuvo todo el año en el Congreso con este circo del juicio político contra la Corte Suprema, y cuando sale a la luz que detrás había una maniobra de inteligencia ilegal K, se escapan como ratas y ni se animan a dar la cara”, declaró la diputada del PRO, Mercedes Joury.
Entre los espiados se encuentran:
- Mauricio Macri, expresidente y líder del Partido Juntos por el Cambio.
- Javier Milei, actual candidato presidencial por la Libertad Avanza
- Karina Milei, hermana de Javier.
- Claudio “Chiqui” Tapia
- Juan Verón, Ex Seleccionado Argentino
- Milagros Maylin
- Victoria Tolosa Paz
- Diego Santilli
- Marcelo D’Alessandro
- Julia Mengolini
- Dady Brieva
- Diego Brancatelli
- Ricardo Lorenzetti
- Juan Carlos Maqueda
- Leopoldo Bruglia
- Pablo Bertuzzi
- Horacio Rosatti
- Silvio Robles
- Gustavo Hornos
- Mariano Borinsky
- Rodrigo Giménez Uriburu
- Andrés Basso
- Jorge Fontevecchia
- Claudio Savoia
- Luis Novaresio
- Roberto Navarro
- Christian Sanz
- Baby Etchecopar
- Pablo Duggan
- Marcelo Tinelli
- Alfredo Coto
- Alfredo Casero
- Daniel Angelici
- Rodolfo D’Onofrio
La historia empezó cuando se descubrió que Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, el joven misionero procesado por haber hackeado el teléfono del exministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro, también hackeó las líneas de cuatro jueces que tenían casos de alto voltaje político: Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu (dos de los tres que condenaron a Cristina Kirchner), y los camaristas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos.
Como ese tramo del caso involucraba a magistrados federales, pasó a Comodoro Py, mientras lo de D’Alessandro se tramitaba en la Ciudad. Por sorteo, les tocó al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y al fiscal federal Gerardo Pollicita.
Después, el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, denunció que alguien pretendió sacar líneas telefónicas a nombre de él sin su conocimiento. Esta nueva denuncia la recibió también Pollicita, que hizo las primeras medidas urgentes y la envió a sorteo. Le tocó entonces a Martínez de Giorgi con otra fiscal, Paloma Ochoa, pero Martínez de Giorgi consideró que, por conexidad, debía investigarse con la causa de los jueces y Nuñes Pinheiro, relataron fuentes judiciales. En este expediente hoy están formalmente imputados Nuñes Pinheiro, otro misionero llamado Santiago Machado y el policía retirado Ariel Zanchetta, convertido en el personaje clave del caso por toda la información que se encontró en sus teléfonos.
Los investigadores se llevaron de lo de Zanchetta computadoras y teléfonos, y en la causa se encargó un gran “allanamiento informático” a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), que depende de la Corte Suprema. Según el dictamen de Pollicita, la Dajudeco encontró 1196 informes sobre diferentes “objetivos”, desde el presidente Alberto Fernández y los candidatos Sergio Massa y Javier Milei, hasta jueces, periodistas, sindicalistas y religiosos; también, algunos casos de personas sin exposición pública. Hasta ahora, lo analizado fueron dos computadoras y un teléfono, dijeron fuentes judiciales. En esos dispositivos se encontraron, por ejemplo, 19 videos grabados con cámaras ocultas. Resta revisar el contenido de 17 aparatos más. Pollicita advierte que todavía no se puede precisar la cantidad de personas que fueron objeto de este espionaje ilegal.