En un nuevo episodio de presuntas prácticas sindicales irregulares, más de 7 mil empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se encuentran en medio de una polémica por deducciones mensuales de ¢10 mil colones, realizadas para el supuesto pago de un plan funerario. Este controversial asunto ha sido objeto de denuncia por parte de la Fundación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (FUNDEPRODE), que ha alzado su voz ante lo que describe como rebajos indebidos a los salarios de miles de trabajadores.
Según lo informado por FUNDEPRODE, un sindicato que opera bajo los nombres de Sithosajudi y/o Sintrasalud estaría detrás de estas deducciones, recaudando aproximadamente ¢70 millones al año de manera presuntamente ilegal. La fundación señala que a pesar de las denuncias internas, no se han tomado medidas efectivas para detener estos cobros, lo que ha generado una creciente indignación entre los afectados.
La situación adquiere mayor relevancia al considerar que, según los denunciantes, se han cancelado los códigos para deducir productos comerciales mediante la planilla del Ministerio de Hacienda, sin embargo, las deducciones continúan, lo que sugiere un aparente vacío legal que está siendo explotado en perjuicio de los empleados de la CCSS.
Ante esta problemática, FUNDEPRODE ha elevado su preocupación a las autoridades pertinentes, incluyendo a la presidenta de la CCSS, Marta Esquivel, la Contraloría de Servicios, la Defensoría de los Habitantes e incluso al despacho del presidente de la República, Rodrigo Chaves. Hermez González, vocero de la Fundación, ha instado a la CCSS a actuar de manera inmediata para frenar estas deducciones y a investigar las razones por las cuales se han permitido estas prácticas que afectan directamente a los colaboradores de la institución.
En respuesta a estas acusaciones, tanto la CCSS como el sindicato señalado se encuentran en proceso de evaluación y análisis de la situación. La CCSS ha informado que la denuncia está en trámite, mientras que el sindicato, representado por un funcionario de apellido Marchena, ha confirmado la existencia de dos nombres distintos bajo los cuales opera, comprometiéndose a trasladar las consultas al departamento legal para una eventual respuesta.
FUNDEPRODE, por su parte, continúa presionando a las autoridades competentes para que tomen medidas rápidas y efectivas que protejan los derechos y la estabilidad económica de los funcionarios de la CCSS afectados por estos rebajos irregulares. La situación sigue en desarrollo, mientras se espera una respuesta definitiva por parte de las instituciones involucradas.
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