Mediante un oficio con fecha del 3 de mayo, la Fundación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Fundeprode), a nombre de “un grupo de usuarios y dirigentes” de Santa Cruz, Guanacatse, pidió la ministro de Obras Públicas y Transportes Mauricio Batalla que “intervenga en este proceso en defensa de la legalidad y la transparencia que tanto Usted como el Señor Presidente Rodrigo Chaves, defienden a diario”.
El proceso en cuestión según se detalla en esa misiva es definir un nuevo operador para la ruta 1501, San José — Bolsón, distrito de Santa Cruz, la cual fue “abandonada por la Empresa Alfaro S.A.”.
La misiva es firmada por Hermez González, presidente dela Fundación, aclara que se dirige a Batalla en su calidad de presidente de la junta directiva del Consejo de Transporte Público (CTP) y apunta que que el grupo de personas vecinas le contactaron “ante la gran preocupaci6én por informaciones que les han llegado sobre el manejo que se le esta dando al tema dentro de los mandos medios y supuestamente técnicos del Consejo de Transporte Publico, donde señalan, se podría estar intentando favorecer a un operador que incumplió con los términos de la invitación que se les hizo a las empresas que comparten recorrido”.
La carta de González transcribe “parte de las inquietudes que nos trasladaron”, como la información de que desde agosto pasado se impulsa el proceso para escoger un nuevo operador que cumpla con las condiciones básicas que demanda el servicio: “dos autobuses de condiciones optimas, que garanticen la operación del servicio de manera ininterrumpida”. Se apunta además que se invitó a presentar oferta a varias empresas de la zona.
Sin embargo, tras seis meses, se reclama que no se ha definido el tema y además que existen “situaciones sumamente cuestionables propiciadas especialmente de los mandos medios, que lejos de actuar de manera eficiente y transparente, han generado letargo y confusión pretendiendo favorecer a una de las empresas oferentes”.
“Según la información que recopilamos, dichos mandos medios quieren favorecer a la empresa Autotransportes Colorado de Abangares S.A. que presentó una oferta en este proceso y solamente ofreció un autobús usado, no cumpliendo con los requisitos exigidos en la invitación y que más bien motivaban una descalificación de la propuesta, cosa que extramente no ocurrió”, señala otro de los párrafos citados en la carta de Fundeprode.
Esa misma línea discursiva apunta que la Autotransportes Colorado de Abangares S.A. “forma parte del conglomerado familiar ligado al empresario Jorge Solano, emporio de empresas que actualmente aglutina más de 27 rutas en Limón, San Carlos y Guanacaste. (Según publicaciones del Semanario Universidad). Una eventual adjudicación a este grupo, según investigamos, contraviene la Ley 3503, articulo número 11”.
En efecto, en múltiples reportajes UNIVERSIDAD ha abordado el tema de la concentración de rutas de transporte público y se ha constatado la cantidad que son operadas por empresas pertenecientes al grupo JSM, como Caribeños, Guapileños, Comtrasuli o Pulmitan, entre otras.
Ahora bien, el artículo 11 de la Ley Reguladora Transporte Remunerado Personas Vehículos Automotores apunta: “Una misma persona no podrá ser dueña de más de dos empresas, ni socio mayoritario de más de tres empresas que operen en diferentes rutas. Queda prohibido otorgar concesiones o permisos a personas o empresas afiliadas, subsidiarias, intermedias, o en cualquier forma ligadas a otro concesionario; si se violare la prohibición establecida en este artículo, los respectivos permisos o concesiones serán cancelados. La calificación la hará el Ministerio de Transportes”.
La misiva habla de “varios documentos públicos subidos en la pagina oficial del CTP, que evidencian una recomendación técnica refrendada por la funcionaria Aura Maria Alvarez, jefa del Área Técnica del Consejo” y añade que es “inconcebible que una funcionaria que tiene una causa en investigación en el Ministerio Público, precisamente por un tema que la vincula con el grupo empresarial que ahora ella recomienda ilegalmente, resuelva favorecer a esa firma y plácidamente exponga a toda la Junta directiva del CTP a posibles consecuencias legales de gravedad”.
En noviembre trascendió que la Fiscalía Adjunta de Probidad Transparencia y Anticorrupción (Fapta) abrió investigación contra la funcionario por un “presunto conflicto de intereses y falta al deber de probidad” en favor de este grupo empresarial.
Según público este Semanario, desde 2019 la Procuraduría de la Ética Pública, tras una denuncia del entonces diputado José María Villalta, abrió una investigación contra Álvarez por presunto conflicto de intereses y falta al deber de probidad
Por otra parte, el texto de la carta cita a las personas de la comunidad en la aseveración de que “conocemos también, porque ha trascendido en nuestra comunidad, de la intención de la firma Autotransportes Colorado de Abangares S.A., de presentar fuera de tiempo una propuesta anexa, y así supuestamente equipararse con lo que inicialmente solicitó el cartel, lo cual, de ser aceptado, nos parecería una burla a las comunidades y a la institucionalidad, y otro juego que pondría de nuevo en riesgo a los directores del CTP”.
Cabe señalar que UNIVERSIDAD no ha podido confirmar tales aseveraciones sobre mencionada empresa.
Así, el presidente de Fundeprode “a nombre de quienes nos solicitaron interceder ante su persona y de nuestra Fundación” plantea la mencionada solicitud de intervención en el proceso, y añade el ruego de que “bajo su tutela se cumpla con prontitud lo que en ley procede, para satisfacer las necesidades de miles de usuarios de poblaciones guanacastecas como Bolsón, Ortega, Quebrada Honda, Corralillo, San Antonio y Santa Barbara, quienes llevan años de sufrir con un servicio de pésima calidad, corriendo riesgo en su integridad humana”.