En los últimos días, se ha evidenciado una preocupante falta de adherencia por parte del presidente de la República a la «Política del Poder Ejecutivo para Erradicar de sus Instituciones la Discriminación hacia la Población LGBTI», identificada bajo el número N° 38999-MP-RE-JP-SP-MG-H-MAG-MEIC-MINAE-MOPT-MEP- S-MTSSCOMEX- MIDEPLAN-MICITT-MIVAH-MC-TUR-MDHIS-MCM-MIDEPOR
Esta política establece directrices claras para asegurar que todas las personas, sin importar su orientación sexual o identidad de género, sean tratadas con igualdad y respeto en todas las instituciones públicas del país.
Es crucial destacar que esta política no es una mera recomendación, sino un imperativo ético y legal diseñado para eliminar prácticas discriminatorias arraigadas que han marginalizado a sectores vulnerables de nuestra sociedad durante demasiado tiempo.
Al no cumplir con estas directrices, se compromete no solo el principio fundamental de justicia social, sino también los compromisos internacionales de derechos humanos que el país ha suscrito.
El presidente ha demostrado una preocupante falta de compromiso con estas directrices al justificar recientemente la destitución de la Ministra de Cultura y Juventud, Nayuribe Guadamuz, y del Comisionado de Inclusión Social, Ricardo Sosa, debido a su participación en la tramitación de una declaratoria de interés cultural para una marcha LGTBI, sin obtener la autorización previa del Ejecutivo.
Este acto no solo constituye un serio retroceso en materia de derechos humanos y libertad de expresión cultural, sino que también envía un mensaje de exclusión, discriminación hacia la comunidad LGTBI y otras minorías.
El respeto a la diversidad sexual, de género es fundamental para la construcción de una sociedad inclusiva y democrática. Las políticas contra la discriminación LGBTI no solo son un mandato moral, sino también un compromiso legal que debe ser respetado y promovido por todas las instituciones del Estado.
Es responsabilidad del gobierno asegurar que estas políticas se implementen efectivamente para garantizar que todos los ciudadanos disfruten de igualdad de derechos y oportunidades, sin distinción.
Instamos al presidente y a las autoridades competentes a revisar estas decisiones, a alinear sus acciones con las políticas establecidas para promover el respeto, la igualdad para la diversidad sexual y de género.
Solo así podremos avanzar hacia una sociedad más justa, inclusiva , respetuosa, donde todos los ciudadanos puedan vivir libres de discriminación y con pleno reconocimiento de sus derechos humanos fundamentales.
Autor. Cabeza Alberto, Periodista