Son sospechosos del delito de trata de personas.
Los cinco funcionarios del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) investigados por el delito de trata de personas y que quedaron libres sin medidas cautelares no volverán a sus puestos de trabajo por ahora, pero continuarán recibiendo su sueldo íntegro.
Así lo confirmó a nuestros compañeros de DIARIO EXTRA la presidenta de la institución, Kennly García, quien comentó que “Se mantienen con goce de salario, no porque el PANI así lo quiera, sino porque así lo establece la normativa”.
La jerarca aseguró que el Patronato no puede emitir sanciones de momento, ya que antes se debe de acreditar que cometieron una falta y, por ahora, el proceso disciplinario interno se mantiene en fase preliminar.
A pesar de esto, aseveró: “Los funcionarios no pueden reintegrarse a sus funciones ni a su centro de trabajo. Esto es así y continuará así por diferentes razones y una de ellas es velar por la transparencia y el resguardo de todos los extremos y detalles y etapas que implica una investigación a nivel administrativo”.
INDIGNACIÓN POR MEDIDAS
Tras enterarse de que el Tribunal Penal de Turno Extraordinario del Segundo Circuito Judicial de San José dejó sin medidas a los sospechosos, la jerarca del Patronato manifestó a este medio que su institución es respetuosa de la decisión, pero no la comparte.
“¿Qué puedo decirles a los costarricenses, a la institucionalidad? Que lo que corresponde al Patronato, nuestra responsabilidad y obligación, es seguir atendiendo el llamado de indignación en comentarios por diferentes sectores de la sociedad costarricense”, externó.
García enfatizó que el PANI dará curso y continuará la indagación con el objetivo “de llegar a la verdad real de las cosas”.
El Ministerio Público había pedido que a los trabajadores investigados en el expediente 22-000028-1321-PE, de apellidos Chacón Alpízar, Barrantes Montero, Fernández Céspedes, Hernández Méndez y Chavarría Berrocal se les decomisara el pasaporte y no se acercaran a las víctimas, sin embargo, ninguna de estas medidas fue acogida por el Tribunal.
Los sospechosos fueron detenidos el martes pasado luego de que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutara allanamientos en Alajuela, Cariari, Orotina, Puerto Viejo y Santa Ana.
PIDEN INTERVENCIÓN
Por este caso, la Federación Alianza Evangélica Costarricense solicitó al Gobierno intervenir el PANI, ahondar en las investigaciones y “actuar con firmeza y urgencia”.
“Reprochamos estos actos en contra de nuestra niñez, actos que sin duda provocan serias y dolorosas consecuencias que afectan el desarrollo de las personas menores de edad. Pedimos al Gobierno que estos delitos no queden impunes”, manifestó Ronald Vargas, presidente de la Alianza.
Según indican en la organización religiosa, se trata de un tema “inconcebible”, en donde se puso en riesgo la vida de las personas menores de edad.
“Se requiere por parte de las autoridades respectivas actuar de manera inmediata y con firmeza ante las denuncias realizadas”, recalcó.
UNA SERIE DE IRREGULARIDADES
Por más de dos años el periodista Camilo Rodríguez ha estado denunciando irregularidades, compra de denuncias falsas, acusaciones contra padres y madres a cambio de favores sexuales, además de robo de documentos, amenazas de muerte y muchos delitos más que resultan indignantes.
