La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevó a cabo una audiencia pública para evaluar la situación de los derechos humanos en Costa Rica.
El evento, celebrado en un contexto regional marcado por el debilitamiento del Estado de derecho y la institucionalidad democrática, puso en evidencia los desafíos que enfrenta el país en materia de garantías fundamentales.
Aunque Costa Rica ha sido históricamente reconocida por su estabilidad democrática y su compromiso con los derechos humanos, la audiencia reveló que no está exenta de los problemas que afectan a la región.
Durante la sesión, organizaciones de la sociedad civil expusieron los principales retos que enfrenta el país, destacando el impacto diferenciado en poblaciones vulnerables como pueblos indígenas, personas LGBTIQ+, mujeres, niños, niñas, adolescentes y personas en situación de movilidad humana. Los temas abordados incluyeron recortes presupuestarios en sectores clave, retrocesos en la protección de derechos, y la falta de respuesta estatal ante problemáticas como la violencia de género, la discriminación y la crisis ambiental.
Recortes presupuestarios
Uno de los puntos más críticos discutidos fue la contracción de la inversión pública en sectores esenciales como educación, salud, seguridad y justicia.
Las organizaciones denunciaron que el presupuesto del Ministerio de Educación Pública se redujo del 5,25 % al 4,98 %, lo que ha afectado directamente a la niñez y la adolescencia. Este recorte limita el acceso a una educación de calidad y perpetúa las desigualdades socioeconómicas, especialmente en comunidades marginadas.
Además, se alertó sobre la reducción de recursos asignados al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), en un contexto donde las denuncias por violencia contra menores han aumentado. Esta situación deja a miles de niños y niñas en una situación de desprotección, vulnerando sus derechos fundamentales y exponiéndolos a riesgos mayores.
En el ámbito judicial, las organizaciones señalaron el estancamiento del presupuesto del Poder Judicial, a pesar de la ampliación de sus competencias. Esto ha limitado su capacidad para garantizar el acceso a una justicia independiente y oportuna, agravando la impunidad y la desconfianza en las instituciones.
Además, se criticó la narrativa del Poder Ejecutivo, que ha buscado deslegitimar a operadores de justicia, lo que representa una amenaza para la separación de poderes y el Estado de derecho.
Retrocesos en derechos de mujeres y población LGBTIQ+
La audiencia también puso en evidencia los retrocesos en la protección de los derechos de las mujeres en Costa Rica. Las organizaciones denunciaron el aumento de femicidios y las barreras que enfrentan las mujeres para acceder a la justicia, lo que refleja una falta de respuesta efectiva del Estado ante la violencia de género.
Además, se señaló que los derechos de la población LGBTIQ+ están en riesgo debido a la eliminación de figuras clave, la amenaza de derogación de políticas contra la discriminación y el desmantelamiento de programas educativos que promueven la inclusión y el respeto a la diversidad.
Estas acciones no solo debilitan la garantía de derechos, sino que también aumentan la vulnerabilidad de estas poblaciones, exponiéndolas a mayores niveles de discriminación y violencia.
Las organizaciones hicieron un llamado urgente para que el Estado revierta estas medidas y fortalezca las políticas públicas que protegen los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTIQ+.
Movilidad humana y derechos de migrantes
En el tema de movilidad humana, las organizaciones denunciaron el papel de Costa Rica en la detención y recepción de personas expulsadas por Estados Unidos.
Además, señalaron las deudas históricas en el acceso a derechos de personas migrantes y refugiadas, destacando el tiempo excesivo que toma el reconocimiento de la condición de refugio y las barreras estructurales que dificultan su acceso al trabajo, la salud, la vivienda y otros derechos básicos.
La discriminación estructural que enfrentan las personas migrantes, ya sea por su origen étnico o nacionalidad, fue otro punto de preocupación. Las organizaciones exigieron al Estado que garantice el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y que implemente políticas públicas que promuevan la inclusión y la no discriminación.
Territorios indígenas
En materia ambiental, las organizaciones advirtieron sobre una crisis hídrica agravada por la contaminación con agroquímicos y la falta de acceso continuo al agua potable, especialmente en zonas con desigualdades socioeconómicas.
Además, se alertó sobre la presión que sufren las áreas protegidas debido a la tala ilegal y la expansión de desarrollos inmobiliarios en zonas costeras, lo que impacta ecosistemas frágiles y agrava conflictos en territorios indígenas.
Estas problemáticas no solo representan una amenaza para el medio ambiente, sino también para los derechos de las comunidades que dependen de estos recursos para su subsistencia. Las organizaciones hicieron un llamado al Estado para que tome medidas urgentes para proteger estos ecosistemas y garantizar los derechos de los pueblos indígenas.
Recomendaciones y peticiones de las organizaciones
Las organizaciones presentaron una serie de recomendaciones para mejorar la situación de los derechos humanos en Costa Rica.
Entre ellas, destacan la necesidad de mantener un monitoreo permanente sobre la situación de derechos humanos en el país y emitir pronunciamientos públicos cuando corresponda.
También se recomendó la implementación de presupuestos nacionales con enfoque de derechos humanos, así como el restablecimiento de los Programas de Afectividad y Sexualidad Integral en los colegios.
Igualmente, se instó a los agentes estatales a respetar la institucionalidad democrática, la libertad de expresión y el derecho a defender derechos humanos, evitando discursos de odio o deslegitimación de posturas críticas.
Para garantizar una protección efectiva, se recomendó la creación de un mecanismo de protección y un protocolo de investigación para amenazas y delitos contra personas defensoras y comunicadoras.
Finalmente, se exhortó al Estado a abstenerse de tomar represalias contra quienes participaron en la audiencia.
La audiencia ante la CIDH dejó en evidencia que Costa Rica, a pesar de su tradición democrática y su compromiso histórico con los derechos humanos, enfrenta importantes desafíos que requieren atención inmediata.
Los recortes presupuestarios, los retrocesos en la protección de derechos, la crisis ambiental y la falta de respuesta efectiva ante la violencia de género y la discriminación son solo algunos de los problemas que deben ser abordados con urgencia.
Las recomendaciones presentadas por las organizaciones de la sociedad civil representan una hoja de ruta para que el Estado cumpla con sus obligaciones internacionales y garantice los derechos de todas las personas en el país.
La CIDH tiene ahora la tarea de monitorear el cumplimiento de estas recomendaciones y asegurar que Costa Rica no se desvíe de su compromiso con los derechos humanos y la democracia.
Fuente. CIDH Corte IDH