El expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, fue arrestado el martes tras el anuncio del Gobierno filipino de que se había recibido una orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) por supuestos crímenes contra la humanidad. Según su hija, Veronica Duterte, el exmandatario fue “forzado a subir” a un avión rumbo a La Haya, sede de la CPI, en un traslado que ocurrió a última hora del martes, como también reportó el medio local *The Philippine Star*. En una publicación en Instagram, Veronica denunció que las autoridades ignoraron las condiciones de salud de su padre durante el proceso.
La detención tuvo lugar en el aeropuerto principal de Manila, en medio de un caos, poco después de que Duterte regresara de Hong Kong. Según un comunicado de la Oficina Presidencial de Comunicaciones, la oficina de Interpol en Manila recibió la orden oficial de la CPI esa misma mañana. El fiscal general notificó la orden al expresidente a su llegada, y este quedó bajo custodia de las autoridades. Sin embargo, Duterte cuestionó la legitimidad de la medida en un video subido a internet por su hija, preguntando: “¿Cuál es la ley y cuál es el delito que cometí?”.
La CPI investigó a Duterte por su violenta campaña antidrogas durante su presidencia (2016-2022), en la que, según datos policiales, murieron más de 6,000 personas. Organizaciones independientes estiman que la cifra de ejecuciones extrajudiciales podría ser significativamente mayor. Aunque Filipinas se retiró de la CPI en 2019, el tribunal conserva jurisdicción sobre los crímenes cometidos mientras el país era miembro, entre 2016 y 2019.
Conocido por algunos como “el Trump de Asia” por su estilo controversial y su retórica contundente, Duterte asumió el poder en 2016 con la promesa de erradicar el narcotráfico. Su guerra contra las drogas dejó miles de muertos, muchos de ellos jóvenes de comunidades pobres, abatidos por policías y grupos armados. Esto desencadenó investigaciones tanto de la CPI como del Congreso filipino. A pesar de negar las ejecuciones extrajudiciales, Duterte admitió haber ordenado a la policía disparar contra sospechosos que opusieran resistencia.
El Gobierno del actual presidente, Ferdinand Marcos Jr., electo en 2022, señaló que podría entregar a Duterte a la CPI. “Nuestras fuerzas del orden cumplirán la ley si Interpol lo solicita”, afirmó el lunes la subsecretaria de Comunicaciones, Claire Castro, según Reuters. Desde Hong Kong, el domingo, Duterte había criticado a la CPI y mencionado rumores sobre una posible orden en su contra, defendiendo su gestión: “Hice todo lo que pude por la paz de los filipinos”.
El exvocero de Duterte, Harry Roque, calificó la detención como “ilegal” en un video en vivo en Facebook, argumentando que la orden carece de validez tras la salida de Filipinas de la CPI y exigiendo ver el documento oficial. Por otro lado, grupos de derechos humanos, como Human Rights Watch, celebraron el arresto. Bryony Lau, subdirectora para Asia de la organización, lo calificó como “un paso crucial para la justicia” y un mensaje de que “nadie está por encima de la ley”.
La guerra antidrogas de Duterte tuvo sus raíces en su tiempo como alcalde de Davao City, donde se ganó una reputación de mano dura contra el crimen, aunque fue acusado de tolerar ejecuciones extrajudiciales. Ya como presidente, mantuvo su estilo confrontacional, llegando a insultar públicamente a figuras como Barack Obama. A sus 79 años, y pese a su frágil salud, Duterte buscó en octubre regresar como alcalde de Davao, en un aparente intento de fortalecer su legado político en medio de tensiones entre su hija, la vicepresidenta Sara Duterte, y Marcos Jr.