(Sputnik, México, 06/09/2019)
El Gobierno de México pidió investigar a funcionarios judiciales y jueces por la liberación de varios acusados de participar en la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal de maestros de Ayotzinapa, desde hace casi cinco años, dijo este miércoles el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas.
«Por instrucciones del presidente de la República, iniciaremos ante la Fiscalía General de la República y el Consejo de la Judicatura Federal los recursos legales correspondientes para que se inicie la investigación de los funcionarios de la fiscalía y de los jueces del Poder Judicial» por su actuación a favor de la liberación de los acusados de la desaparición de los estudiantes, ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014, dijo Encinas.
Los funcionarios serán sometidos a investigación porque «en lugar de garantizar el derecho de la verdad y la justicia de las víctimas, se genera un pacto que favorece el silencio y la impunidad», dijo el funcionario federal en conferencia de prensa junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La denuncia se origina en una orden judicial de liberación de Gildardo López Astudillo, apodado «El Gil», supuesto jefe del grupo narcotraficante autodenominado Guerreros Unidos en Iguala, estado de Guerrero, 220 kilómetros al sur de la Ciudad de México.
«Es una sentencia absolutoria de uno de los principales perpetradores del delito de desaparición forzada», deploró el funcionario federal.
Esa liberación es un antecedente que puede favorecer a más de 50 personas detenidas, acusadas por su vinculación con el emblemático caso.
Los hechos comenzaron con un ataque a balazos realizado por patrullas de policías de Iguala y del vecino municipio de Cocula contra cinco autobuses en los cuales viajaba un centenar de estudiantes a una manifestación en la capital, en una persecución que prologó hasta la madrugada siguiente.
Los jóvenes habrían sido entregados a delincuentes del mencionado grupo criminal, que confesaron haberlos asesinado y que después incineraron sus cuerpos en un basurero a cielo abierto de Cocula, en una quebrada cercana al pequeño río San Juan donde habrían lanzado los restos.
Un expediente voluminoso
De las 169 personas consignadas, 142 quedaron detenidas, entre ellas civiles vinculados a Guerreros Unidos, policías de Iguala y Cocula, y 70 fueron procesadas por «delincuencia organizada vinculada a narcotráfico y uso armas de fuego prohibidas y secuestro.
A lo largo de los años, «de las 107 pruebas solo se mantienen 44, de las cuales se ha excluido la falsa flagrancia, 22 detenciones ilegales irregulares y 29 casos de tortura», relató Encinas.
Como consecuencia, de los 142 personas detenidas originalmente, han sido liberadas 53, detalló el principal responsable federal en materia de derechos humanos.
La indebida investigación con irregularidades, hizo que «la mal llamada ‘Verdad Histórica’ se construyera sobre la simulación y la fabricación de pruebas, en contra del derecho de los detenidos y de los familiares de las víctimas».
Mediante una «laxa interpretación de la ley», se retiraron cargos a los imputados quienes habrían sufrido malos tratos y acusados con falsas pruebas.
«La práctica de tortura existe de manera recurrente en el país y fue la fuente fundamental para construir la mal llamada «verdad histórica», pero aquí hay que discutir con la autoridad judicial la prevalencia del interés superior de respeto al derecho de las víctimas y no de los victimarios», enfatizó el funcionario de la Secretaría de Gobernación (Segob).
López Astudillo confesó haber perpetrado el crimen y existen grabaciones telefónicas interceptadas que lo involucran, enviadas a las autoridades mexicanas por agentes antidrogas de EEUU, que vigilaban a ese grupo narcotraficante por tráfico de goma de opio desde Guerreo al estado estadounidense e Illinois (centro).
Los sicarios que acusaron a «El Gil» son a quienes la policía municipal de Iguala afirma haber entregado a los jóvenes, que confesaron haber asesinado por lo menos a 19 de ellos.
