Opinión, Allen Pérez, Abogado
Un “hijo de la gran bretaña”, Juan Orlando Hernández (Joh), autoproclamado presidente de Honduras para desgracia de casi todos sus conciudadanos, fue incriminado gravemente en el juicio por narcotráfico que ahora se sigue en contra de Juan Antonio (Tony), su hermano menor, asunto que desde ayer se ventila en el tribunal federal de distrito sur en Manhattan, jurisdicción a la que Trump tanto, pero tanto, le teme.
Tony recibió un millón de dólares del Chapo Guzmán para que se los entregara a Joh. El dinero lo usó para financiar su fraudulenta campaña electoral de 2017, maniobra que resultó en el despojo de la victoria obtenida por Salvador Nasralla.
Al fiscal estadounidense Jason Richman yo le creo; es un abogado muy competente, meticuloso y serio, que trabaja para un tribunal federal exigente. Le creo, además, porque en otros asuntos Joh ha demostrado ser un bandolero en su desmembrado país .
Costa Rica debe romper relaciones diplomáticas con Honduras.
“¿Cómo cómo, no escuché bien?”, se me dirá. “Nuestras relaciones son de estado a estado, de pueblo a pueblo y, además, hay que considerar de que se trata de una nación centroamericana”, se me espetó más. Lo pensé por algunos momentos y contesté: “Bueno, entonces bajemos el nivel de nuestra legación diplomática como en Nicaragua y expresemos, al menos, nuestras simpatías y aprecio hacia Salvador Nasralla y Mel Zelaya”.
El tirano de Joh es una desgracia para casi todo el mundo en Honduras. Según la última encuesta de Cid-Gallup, Joh cosecha un 86% de desaprobación. Un nefasto personaje para Honduras lo fue también Hillary Clinton, quien desde su alero en el departamento de Estado, promovió y justificó el golpe contra el presidente Zelaya en 2009. Desde entonces Honduras viene siendo gobernada por una pequeña pandilla de maleantes, enquistados en el gobierno y su aparato represor.
Una de las lúgubres consecuencias de la intervención de Washington en Honduras, fue el asesinato de Berta Cáceres el 2 de marzo del 2016.
El suyo fue un asesinato político motivado por los repulsivos intereses de la oligarquía criolla y de las transnacionales. Cáceres, conocida dirigente del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), sobresalió por sus dotes de organizadora de la resistencia indígena contra 49 megaproyectos en los territorios de Lenca.
Dirigió ella la oposición al proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca en el río Gualcarque, evento que desencadenó la peor represión. Para las empresas invasoras de la geografía Lenca, Cáceres se había vuelto una piedra en el zapato, imposible de disimular y aguantar. El móvil del homicidio siempre estuvo claro: permitir el curso de un proyecto pernicioso, contrario a los intereses del pueblo Lenca y de su ecosistema.
El crimen fue premeditado y meticulosamente planeado. En 2018, 7 personas fueron condenadas por este hecho, incluyendo a los sicarios. El veredicto fue una verdad a medias, dejó un sabor agridulce en la sociedad hondureña y la comunidad internacional.
Ciertamente el acceso a la justicia se vio accidentado, cosa que quedó demostrado por toda una suerte de obstáculos y maniobras dirigidas entre las sombras en contra del mismo juicio. Quedó claro que la empresa Desarrollos Energéticos S.A (Desa), y militares entrenados en Estados Unidos, conspiraron para acabar con la vida de Cáceres.
7 personas fueron condenadas por dicho crimen, pero no todos los responsables fueron incluidos. Hubo culpables pero no justicia como debe ser.
Entre los condenados se encuentra Sergio Rodriguez Orellana, el gerente de asuntos comunitarios y medioambientales de Desa, presentado como el autor intelectual. Pero no se tocaron a Daniel y Pedro Atala, los oligarcas de Desa. Luego, el año pasado, fue arrestado Roberto David Castillo Mejía, presidente ejecutivo de Desa, sin duda a causa de la enorme presión internacional que tiene el desgobierno de Joh. Sin embargo, los peces gordos no cayeron, empezando por los Atala, una de las despiadadas familias con poder, intocables, entre los plutócratas.
¿A quiénes intentó el gobierno proteger desde el momento mismo en que circuló la idea de que la muerte de Cáceres fue un “crimen pasional”? ¿Cuáles son los negocios de los militares en toda esta tragedia? ¿Quiénes son todos los autores intelectuales del crimen? La impunidad corre en Honduras como un río, desde el golpe de estado contra Mel Zelaya en 2009. Honduras requiere de toda la verdad.
Honduras es una prisión, es la caldera del diablo. Y Joh es el carcelero y es el asesino. Bien merecería una prisión perpetua. Quizá la justicia ya le esté guardando un sitio “prominente” en Nueva York, en el tribunal federal del distrito sur en Manhattan.
