(AFP, Chile, 06/11/2019)
El gobierno chileno no tiene «nada que ocultar» sobre el accionar de las fuerzas de seguridad e investigará cualquier exceso cometido por los efectivos, en medio de la extendida crisis social que sacude al país, dijo este miércoles el presidente Sebastián Piñera.
Las protestas, que se iniciaron el 18 de octubre en respuesta al alza de tarifas del ferrocarril capitalino, provocaron 20 muertes, en cinco de las cuales se investiga la intervención de agentes del Estado. Además, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) interpuso 181 acciones judiciales por homicidio, torturas y violencia sexual supuestamente cometidas por efectivos.
«Establecimos transparencia total en las cifras porque no tenemos nada que ocultar», dijo Piñera en un acto en la casa presidencial, al ser consultado sobre la catarata de denuncias sobre abusos a los derechos humanos por parte de las fuerzas del orden.
Con la misma contundencia que se sancionará a los manifestantes que provocaron violentos disturbios, saqueos y dañaron más de 70 estaciones de Metro en medio de las protestas, se sancionará «cualquier exceso que se haya cometido, cualquier falta de respeto al protocolo del uso de la fuerza», de los agentes del Estado, aseveró.
Asimismo, Piñera reiteró su total apoyo a los Carabineros (Policía) y las Fuerzas Armadas, que durante los primeros nueve días del conflicto patrullaron las calles, amparadas en un estado de emergencia decretado por el mandatario derechista.
Piñera recordó que en pro de la transparencia invitó a la Alta Comisionada de ONU para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, a enviar una misión al país. La exmandataria respondió enviando un grupo de observadores para verificar en terreno la inusitada situación desatada en el que se jactaba de ser el país más estable de la región.
En La Moneda, junto a varios de sus ministros, el presidente chileno firmó un proyecto de ley que subsidia los salarios más bajos asegurando un ingreso mínimo de 350.000 pesos chilenos (unos 467 dólares), en el marco de una agenda social que busca aplacar la crisis.
