Tomado de: Diario Extra / 20 noviembre 2019
La Fundación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Fundeprode) exigió cuentas a la Contraloría General de la República (CGR) sobre el manejo de los fondos otorgados por el Estado a la Residencia Geriátrica Nuestra Señora de los Ángeles, en San Josecito de San Isidro de Heredia.
Hermes González, presidente de Fundeprode, envió un oficio al órgano contralor para solicitar la intervención del sitio de cuido de adultos mayores.
De acuerdo con el documento en poder de DIARIO EXTRA, el abogado señaló que las aparentes irregularidades de la administración y la junta directiva se vienen presentando desde hace cinco años.
En la carta hace mención de las aparentes agresiones físicas y psicológicas sufridas por los adultos mayores, las cuales calificó como una tortura.
El representante de Fundeprode expresa que existe una clara violación a la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores y la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor y su Reglamento.
“Hemos recabado información que la idoneidad de los profesionales de la administración y enfermería no cumple con lo exigido por nuestra legislación vigente, por lo que externamos nuestra preocupación por los reiterados casos de abuso y denigración de los residentes.
Conocemos y aportamos denuncias ante el Colegio de Enfermeros de Costa Rica, además hacemos de su conocimiento que esta denuncia fue interpuesta en los Tribunales de Justicia de Heredia y de la Fiscalía de ese circuito sin tener eco de la justicia”, expuso González en la misiva dirigida a la CGR.
VERGÜENZA
DIARIO EXTRA conversó con Hermes González sobre las acciones que está impulsando y aseguró que es una vergüenza que en el país se sigan permitiendo este tipo de incidentes y que ninguna autoridad haga nada al respecto.
González recalcó que es triste que aún existan personas inescrupulosas como las que trabajan en este centro de adultos mayores.
Manifestó que es preocupante el escenario psicológico que envuelve a los adultos mayores en el centro; así como la persecución que se les hace a los funcionarios que deciden romper el silencio para denunciar estas anomalías.
“Estamos haciendo las denuncias correspondientes e incluso vamos a pedir la intervención del hogar, vamos a pedir a la Presidencia de la República su intervención con el caso para que esto se visibilice, no solo en este hogar de ancianos.
Si esto está sucediendo en el Valle Central que está muy cerca de San José, ¿qué puede estar sucediendo en otros casos de adultos mayores? He tenido casos de adultos mayores de la Zona Sur y de Puntarenas que piden ayuda y lamentablemente han fallecido y no han sido ayudados”, comentó.
El presidente de Fundeprode hizo énfasis en que les preocupan los malos tratos contra los adultos mayores y que inclusive se usen esas amarras para atar a un adulto mayor en una cama de forma arbitraria y provocada.
Acusó a cuidadores del centro de querer retirarles la comida por la fuerza cuando existe un tiempo prudencial para que ellos se puedan alimentar.
“Esto es una situación humanitaria y es preocupante por tratarse de personas adultas mayores que, según las predicciones, en el 2030 al 2050, el 50% de la población nuestra en Costa Rica va a ser adultos mayores.
¿Qué esperanza tienen las personas adultas mayores en el futuro? A nosotros nos preocupa la represión que toman contra los funcionarios y personal profesional, en esto debe intervenir el Colegio de Enfermeros y Enfermeras de Costa Rica”, enfatizó.
Pedirán cuentas al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para que puedan resolver el problema en relación con el atraso en los salarios de quienes trabajan en el centro de cuido.
Asimismo, acudirán a la Junta de Protección Social (JPS) y al Ministerio Público para que intervengan el centro con prontitud y que se realicen los informes de auditorías correspondientes.
El presidente de Fundeprode enfatizó que es urgente que en Costa Rica este tipo de casos den un giro de 180 grados y se adopten las medidas necesarias tanto en materia administrativa como legal y judicial.
NO SE NEGOCIAN
El abogado Hermes González manifestó que estamos en un país de derecho, donde derechos humanos no son negociables.
González recalcó que no existe ningún tipo de negociación ni en los tratados internacionales ni en ninguna ley de Costa Rica como la Constitución Política, la Convención Interamericana de Adultos Mayores o la Ley de Protección de Personas Adultas Mayores.
Enfatizó que las personas que laboren en administración de fondos deben ser transparentes ante el Estado sobre el uso que hacen dichos recursos.
No descartó tampoco la posibilidad de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington D.C., Estados Unidos, así como a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se tomen las decisiones correspondientes.
Consideró necesario subsanar los problemas que él considera que son una tortura, pues en Costa Rica tales acciones están prohibidas.
También pidieron ante la Sala Constitucional medidas cautelares para que la administración no tome represalias contra Martha Brenes, jefa de enfermería de este centro, y quien acudió a este medio en compañía del enfermero Fabián Villalobos. A este último se solicita la reintegración a su puesto.
RESPONDE
El Periódico de Más Venta en Costa Rica hizo la consulta a Seidy Gutiérrez, administradora de la Residencia Geriátrica Nuestra Señora de los Ángeles, sobre las acciones pertinentes de esta fundación.
Gutiérrez aseguró que cada quien es libre de interponer las acciones que corresponden, aunque insistió que en el centro no se dio ningún tipo de agresiones contra esta población.
Añadió que la situación proviene de Fabián Villalobos Smith, exenfermero que interpuso la denuncia ante la Fiscalía Adjunta de Heredia, y a quien acusó de poner a las enfermeras en contra de la administración.
“¿Qué le puedo decir? Que hagan lo que gusten. Nosotros somos supervisados por el Conapam, de hecho, nosotros hasta el 2018 están revisadas las liquidaciones del Conapam. Ellos podrán decir lo que sea y hacer lo que sea. El problema es que lo que hay y usted no puede ocultarlo, es una persecución hacia el anterior y es ese muchacho Fabián”, señaló.
Gutiérrez agregó que tiene muchachos que están trabajando sin salario, por lo que considera que debe ser agradecido con la persona presta su servicio de forma voluntaria.
DIARIO EXTRA consignó en su edición de este martes que la administradora del albergue había señalado que el presupuesto de la institución ronda los ¢600 millones al mes, cuando lo correcto, son ¢600 millones por año.
A raíz de los cambios suscitados en la administración Alvarado Quesada, agregó que el presupuesto se les vería reducido a ¢450 millones al año y no al mes, como por error se consignó.
