(Sputnik, Brasil, 26/11/2019)
El Gobierno de Jair Bolsonaro incentiva a la violencia contra los pueblos originarios por su omisión para frenar los ataques que sufren en sus tierras y por las promesas de reglamentar actividades hasta ahora ilegales, como el garimpo, dijo a Sputnik la primera diputada indígena en la historia de Brasil, Joenia Wapichana.
«Está poniendo la vida de los pueblos indígenas en peligro. Lo que pasó en Maranhao [noreste] es una muerte anunciada, en enero ya se denunció y no pasó nada, es un Gobierno omiso e irresponsable, que contribuye a la violencia contra los pueblos indígenas», criticó Wapichana en una entrevista con Sputnik en la Cámara de Diputados de Brasilia.
Al hablar de Maranhao, Wapichana se refiere al asesinato a tiros del joven líder indígena Paulo Paulino Guajajara en la tierra indígena Arariboia.Guajajara era uno de los llamados «guardianes del bosque», los indígenas que se dedican a vigilar y evitar las invasiones a sus tierras, trabajo cada vez más peligroso, en parte, según la diputada, al discurso del presidente del Gobierno.
«Bolsonaro fue escogido presidente con un discurso anti-indígena, prometiendo no demarcar más tierras indígenas, revisar las ya demarcadas, acabar con órganos como la FUNAI [Fundación Nacional del Indio] y ahora quiere abrir a la minería las tierras indígenas», criticó.
Hasta ahora, el Gobierno no ha demarcado ninguna tierra indígena (algo que venía sucediendo de forma ininterrumpida desde la Constitución de 1988, que lo establece como un deber del Estado brasileño) y los organismos que se encargan de las cuestiones indígenas y ambientales están sufriendo recortes o bien son incentivados a no actuar para frenar los ataques a la selva y los pueblos indígenas.
La diputada cree que al margen de estas medidas, el discurso simbólico de Bolsonaro por sí solo ya genera daños a los pueblos nativos.Pone como ejemplo el hecho de que Bolsonaro recibiera hace unas semanas en el Palacio del Planalto a garimpeiros (buscadores ilegales de oro y otros metales preciosos) de la región de Serra Pelada (estado de Pará, norte).
Les prometió regularizar su situación e incluso movilizar a las Fuerzas Armadas para facilitar su trabajo, a pesar de que la actividad que realizan es ilegal y causa enormes daños a las tierras indígenas, deforestando la cubierta vegetal y contaminando ríos y acuíferos.
«Al prometer ilegalidades estás colaborando con esas ilegalidades, el garimpo en tierras indígenas es inconstitucional, es imposible regularlo; decir según qué cosas fomenta que haya más invasiones y que se sientan fuertes e impunes, porque lo dice el presidente», lamenta Wapichana.
La diputada consideró que la Amazonía está sufriendo ataques «constantes» y que el Gobierno está perjudicando incluso a su propia base aliada, el lobby agrícola y ganadero, que tarde o temprano empezará a notar el boicot a productos brasileños por cuestiones ambientales.
En ese sentido, Wapichana afirmó que es «legítima» la reivindicación del grupo de indígenas liderados por la activista Sonia Guajajara que en las últimas semanas realizó una gira por varios países europeos pidiendo que no se ratifique el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, como una medida de presión al Gobierno brasileño.Wapichana pertenece al partido Rede Sustentabilidade y se convirtió en diputada por el estado de Roraima (norte, en la frontera con Venezuela) al reunir casi 8.500 votos.
La diputada dijo que su lugar en el Parlamento es un «desafío necesario», ya que desde que el cacique xavante Mário Juruna dejó el Congreso Nacional, en 1987, no había ningún indígena como diputado federal.
La parlamentaria también fue pionera cuando en 1997 se convirtió en la primera indígena de Brasil en licenciarse en Derecho, en la Universidad Federal de Roraima.
