«Secuestrada y abusada sexualmente por un grupo indeterminado de soldados del Ejército de Colombia».
Así define Juan de Dios Queragama, líder de los indígenas embera y gobernador mayor del grupo, lo sucedido con una menor de 13 años de su comunidad.
Según relata, el hecho sucedió en Santa Cecilia, una población rural en el departamento de Risaralda (este) el domingo pasado.
El caso conmocionó a diferentes sectores de Colombia, provocó una enérgica muestra de repudio de parte del gobierno, que incluso habló de cadena perpetua, y generó que el comandante del Ejército Nacional se traslade a la región donde se produjo el hecho.
Siete soldados reconocieron culpa por la vejación este jueves y se encuentran «tras las rejas» , según informó el fiscal general Francisco Barbosa.
La indignación en Colombia
«No es ninguna excepción. Esa es la realidad de muchas de las niñas indígenas», afirma a BBC Mundo Armando Valbuena, vocero de la Organización Nacional Indígena de Colombia.
El líder social señala que las menores de comunidades como los embera, wayúu o afrocolombianas en las zonas rurales del país no solo sufren de vejaciones por parte de soldados, sino también por grupos armados irregulares y de «los paramilitares, que siguen creciendo».
Diferentes organizaciones indígenas expresaron su repudio a lo sucedido e incluso reclamaron que los autores de la violación sean «entregados y juzgados» bajo su legislación.
Los embera son un pueblo originario repartido en diferentes puntos de Colombia que sufre con frecuencia la necesidad de desplazarse por la violencia armada y la pobreza.
De hecho, no es raro ver grupos de ellos en las calles de Bogotá pidiendo ayuda.
Mientras tanto, el gobierno pidió que el Estado sea «implacable» si se confirma la culpabilidad de los acusados.
En un comunicado enviado a BBC Mundo por la Consejería para la Equidad de la Mujer, la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez afirmó que «es aberrante e inaceptable el abuso sexual del que fue víctima la menor de la comunidad Embera Chamí».
«Solicitamos a la Fiscalía acelerar el proceso investigativo para que se haga justicia. Este es un caso que merece la condena social, debemos actuar con celeridad y coherencia para defender los derechos de las niñas, niños, adolescentes y mujeres. Es el momento de aplicar la cadena perpetua», indicó la autoridad.
Por su parte, este jueves, el presidente Iván Duque sostuvo una comunicación telefónica con autoridades y pobladores de la región donde se produjo la vejación para expresar su solidaridad con la familia y la comunidad indígena.
La reacción de los militares
Fue la Oficina de Control Interno Disciplinario del Ejército la que inició la denuncia a partir de información recibida por un soldado.
Y este jueves, el comandante del Ejército Nacional, Eduardo Zapateiro, se trasladó a Risaralda y dio una declaración pública con el alcalde de la región y otros líderes sociales que se reunieron para evaluar lo sucedido.
«Esos siete soldados para mí ya no son soldados», indicó.
El líder militar reconoció estar «dolido» ante lo sucedido «como en todos los momentos de crisis de la institución».
«Hablé con todo el Ejército por esta situación tan compleja, tan bochornosa, tan reprochable que hicieron las tropas que se encontraban a nuestros verdaderos guardianes de la tierra. A nuestros indígenas», añadió.
