( VATICAN NEWS ) Sigue deteriorándose la situación de los Derechos Humanos en Filipinas. Desde la llamada «guerra contra la droga» que inició en el año 2016 el Presidente Rodrigo Duterte, y que causó miles de víctimas en un contexto generalizado del uso ilegal y arbitrario de la fuerza contra simples sospechosos (algunas fuentes estiman veintisiete mil homicidios extrajudiciales), hasta la fuerte censura de la libertad de prensa contra los medios de comunicación críticos del Gobierno, pasando por la controvertida nueva ley antiterrorista – que sólo espera la firma de Duterte – las violaciones de los Derechos Humanos en el país son cada vez más.
Se trata de una situación que desde hace mucho tiempo llama la atención de las organizaciones no gubernamentales y de la comunidad internacional, pero que también denunció reiteradamente la Iglesia Católica, y que por esta razón se ha convertido en objeto de repetidos ataques por parte de Duterte.
Además de estas denuncias, otras Iglesias cristianas han lanzado ahora un fuerte llamamiento al Gobierno de Manila en la 44ª sesión del Consejo de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que se inauguró anteayer en Ginebra y que tiene por objeto, entre otras cosas, la cuestión de estos derechos en el país asiático.
Firmaron el documento la Coalición para los Derechos humanos en Filipinas, el Consejo Nacional de Iglesias, el Consejo Mundial de Iglesias y la Iglesia Metodista unida.
Horribles violaciones perpetradas por el Gobierno filipino
La declaración – tal como se informa en el sitio Web del Consejo Mundial de Iglesias – acoge con satisfacción el informe preparado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación en Filipinas y será examinado durante la sesión para decidir las medidas que deben adoptarse a fin de hacer frente a esta emergencia.
La investigación, que también solicitaron los Obispos filipinos, confirma que la sangrienta campaña contra el narcotráfico ha creado un contexto de asesinatos sistemáticos, con total impunidad para los responsables.
Posiciones críticas hacia el Gobierno
En la declaración se deplora asimismo las fuertes censuras e intimidaciones de las que son objeto los periodistas en Filipinas, sólo porque no están alineados, citando el caso de Frenchiemae Cumpio, arrestado el pasado mes de febrero, bajo cargos de fabricación de armas, el cierre en mayo del canal ABS-CBN – la mayor red de televisión del país – y la reciente condena por difamación digital de Maria Ressa, directora del sitio “News Rappler”. Las Iglesias Cristianas observan que “todos tienen posiciones críticas hacia el Gobierno».
En los objetivos del Ejecutivo – denuncia además la declaración – están también las ONG y las organizaciones eclesiásticas, además de varios exponentes acusados por la policía de apoyar o incluso reclutar terroristas. Asimismo algunos líderes sociales son víctimas de asesinatos extrajudiciales, como ocurrió el 28 de mayo a Carlito Badion, Secretario General de la Asociación Nacional para los pobres de las zonas urbanas.
Y a esto – afirma la declaración – se añade la nueva ley antiterrorista querida por Duterte, contra la cual también se ha movilizado la Iglesia en Filipinas, dado que atribuye enormes poderes a la policía y al Ejecutivo en detrimento de la libertad de los ciudadanos y de la autoridad judicial.
Por lo tanto, las Iglesias cristianas piden que se haga justicia a las víctimas de los asesinatos extrajudiciales, que las investigaciones establezcan las responsabilidades y que los responsables sean llevados ante la justicia.
