El Plenario Legislativo aprobó en primer debate con 48 votos a favor y uno en contra, el segundo presupuesto extraordinario que se tramita bajo el expediente 22080 y que contiene una rebaja en el gasto de las instituciones, cuyos recursos se destinarán a la atención de la emergencia provocada por la pandemia.
El presupuesto incluye ₡75.000 millones correspondientes de transferencia de capital del INS, cuyos recursos se destinarán a fortalecer el fondo del bono Proteger, que el gobierno estima beneficiar subsidios a 200 mil personas.
Tanto en Comisión como en el Plenario el proyecto sufrió varios cambios antes de ser aprobado entre ellos se encuentra la obligación de las instituciones durante el año 2020 de subejecutar al menos un 10% del saldo disponible de su presupuesto para cada programa, para reducir el gasto.
La obligación de subejecusión no afectará las transferencias a los gobiernos locales y las instituciones del sector social, ante una moción aprobada que así lo establece.
Con ello, destacó el legislador José María Villalta Florez-Estrada, se les asegura recursos a estas entidades para atender la crisis.
Anteriormente los diputados habían exigido al Gobierno recortes luego de que el Ejecutivo propusiera una reducción del gasto público por cerca de 328.000 millones de colones.
Sin embargo, los diputados rechazaron los recortes y acordaron restituir fondos a asociaciones de desarrollo y al Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), mediante la colocación de bonos de deuda en el mercado interno con altos intereses que benefician a inversionistas y banca.
Por su parte, la legisladora oficialista Laura Guido Pérez, quién votó en contra de la restitución de esos recursos, lamentó que se obligue al gobierno a endeudarse más por la ineficiencia de una entidad como el BANHVI que cuenta con un alto superávit y tiene colocados en instrumentos financieros más de 20 mil millones de colones
Legisladores de la Comisión de Hacendarios como Silvia Hernández Sánchez y Ana Lucia Delgado Orozco también votaron en contra de la moción asegurando que no se puede aprobar más deuda a un país que ya está ahogado.
Otra de las mociones aprobadas busca asegurar una mayor rendición de cuentas de los recursos que se les trasfieren en el presupuesto al Ministerio de Trabajo y el Instituto Mixto de Ayuda Social.
También se aprobó una propuesta de la diputada Silvia Hernández que obliga a las instituciones a eliminar las plazas vacantes en el periodo que resta de este año y otra que permite al Consejo Nacional de Vialidad reasignar recursos para continuar la inversión en obras de infraestructura que se encuentran avanzadas.
Los legisladores también aprobaron una modificación en el proyecto que obliga al CONAVI a trasladar 7500 millones de colones a las 82 municipalidades del país.
Otro de los cambios aprobados es la devolución de 930 millones de colones que se pretendían rebajar a las municipalidades de Limón, Matina, Guácimo, Siquirres, Talamanca, Sarapiquí, Pococí, Corredores, Osa y Parrita; dineros recaudados por medio del impuesto al banano.
Una de las mayores objeciones que los diputados hicieron al presupuesto fue el rebajo de 5.700 millones de colones a las asociaciones de desarrollo y programas sociales por lo que aprobaron varias mociones para restituir parte de esos recursos.
A las Asociaciones de Desarrollo se le restituyen 2800 millones de colones mientras que al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares se le devuelven 14 mil millones de colones para financiar proyectos y obras de bienestar social.
