( La Nueva Prensa) Este martes, la Corte Suprema de Justicia ordenó el arresto domiciliario de Álvaro Uribe, que se convirtió en el primer presidente de la historia del país en tener que cumplir dicha sanción.
El exmandatario, de 68 años y mentor político del actual presidente, Iván Duque, es acusado de fraude procesal y soborno.
Uribe se declara inocente y asegura que detrás de su detención preventiva hay una persecución política que ha afectado judicialmente a decenas de sus aliados.
Los simpatizantes acusan a los tribunales, las mismas que le impidieron la segunda reelección en 2009, de dejarse presionar y responder a intereses políticos.
Senador y presidente por dos periodos entre 2002 y 2010, Uribe es la figura política más importante de la historia reciente del país. La decisión de la Corte promete un terremoto político.
Uribe es investigado por decenas de delitos, la mayoría de los cuales tienen que ver con el surgimiento de grupos antisubversivos en los años 90 y violación de derechos humanos.
Pero el caso que lo priva de la libertad ahora arrancó con una paradoja.
El caso que él inició
Todo empezó en septiembre de 2014, cuando, durante un debate en el Congreso, el senador Iván Cepeda, del partido de izquierda Polo Democrático Alternativo, acusó a Uribe de tener nexos con grupos paramilitares y narcotraficantes.
Para apoyar su acusaciones presentó varios testimonios de antiguos paramilitares.
Concretamente, señalaba a Álvaro Uribe de haber fundado, junto a su hermano Santiago, el Bloque Metro, una rama de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el grupo armado que enfrentó a las guerrillas durante décadas de manera sanguinaria y que dejó miles de civiles muertos.
Santiago Uribe Vélez, hermano menor del expresidente, se encuentra arrestado y en medio de un juicio por la creación de otro grupo paramilitar llamado los Doce Apóstoles.
En respuesta al debate en el Senado, el exmandatario demandó ante la Corte Suprema de Justicia a Cepeda, al que acusó de buscar en las prisiones colombianas a antiguos paramilitares con el objetivo de que sirvieran como falsos testigos en su contra.
La Corte Suprema investigó el caso durante varios años, en los que declararon tanto Uribe como Cepeda, así como todos los testigos implicados. En 2018, la Corte desechó las acusaciones contra Cepeda y, sorpresivamente, abrió una investigación formal contra Uribe por manipulación de testigos, lo que conllevaba los delitos de soborno y fraude procesal.
Convictos y contradictorios
El caso cuenta con 42 testigos, muchos de ellos exparamilitares que se encuentran en prisión. Uno de los principales es Juan Guillermo Monsalve, antiguo miembro del Bloque Metro de las AUC, quien cumple una condena de 40 años en una cárcel de Bogotá.
Monsalve fue uno de los testigos que utilizó el senador Cepeda para sustentar sus acusaciones contra Uribe.
Testificó que en una hacienda de propiedad de la familia del expresidente en Antioquia se planificaron unas matanzas que luego fueron ejecutadas por estos grupos al margen de la ley.
Sin embargo, Monsalve posteriormente escribió una carta en la que se retractaba de estas afirmaciones, aunque después dijo que su cambio de postura fue adoptado «bajo presión».
Y aquí entra otro de los personajes claves del caso: Diego Cadena, uno de los abogados de Uribe. Tanto Monsalve como otros testigos aseguran que Cadena los presionó o pagó para modificar sus testimonios.
De hecho, Monsalve asegura tener una grabación del momento en que el abogado de Uribe lo presionó.
Varios testigos han asegurado haber recibido dinero por parte de Cadena. El abogado ha reconocido haber entregado pequeñas ayudas en dinero a algunos de los presos como «ayuda humanitaria».
Escuchas telefónicas
Una crítica del uribismo reside en que parte de las evidencias admitidas por la Corte como prueba son varias horas de grabaciones hechas por las autoridades de conversaciones telefónicas del expresidente Uribe de forma «accidental» durante el curso de otra investigación.
Según la versión oficial, mientras el Cuerpo Técnico de Investigación (la policía judicial) trabajaba en un caso sobre un excongresista interceptaron varios teléfonos y solamente después de llevar un mes grabando se dieron cuenta de que una de esas líneas pertenecía a Uribe.
Los intentos de la defensa por lograr que esas grabaciones no fueran incorporadas al proceso han sido infructuosos.
Uribe ha dicho en diferentes ocasiones que el proceso en su contra tiene motivaciones políticas y numerosas irregularidades.
Además, ha cuestionado que la Corte Suprema no haya aceptado la declaración libre y voluntaria que sobre el caso él ofreció hacer.
Una figura polémica, pero histórica
En la actualidad existen casi 60 investigaciones abiertas en Colombia contra Uribe, que van desde homicidio hasta compra de votos. Catorce se encuentran en la Corte Suprema y otros 45 en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
En 2002, Uribe logró llegar a la presidencia de Colombia con un discurso centrado en el incremento de la ofensiva contra la guerrilla de las FARC y la reducción del gasto público, rompiendo con el bipartidismo Liberal-Conservador que se repartió el poder en este país durante décadas.
Luego, Uribe logró una inédita reforma constitucional que le permitió buscar (y lograr) la reelección para un segundo mandato, por el que llegó a mantenerse en la presidencia por ocho años.
En las dos elecciones presidenciales en las que participó (2002 y 2006) obtuvo la victoria en primera vuelta con votaciones récord en la historia del país.
Por si fuera poco, en 2016 fue el actor protagónico de la victoria del No en el plebiscito por la paz entre el Estado y las FARC, su mayor triunfo contra su gran rival en los últimos años y quien antes había sido su gran aliado, el entonces presidente Juan Manuel Santos.
En marzo de 2018, se convirtió en el senador que más votos recibió en toda la historia de Colombia, logrando la reelección por cuatro años más.
Ese mismo año, Iván Duque, a quien muchos consideran heredero político de Uribe, llegó a la presidencia Colombia.
Innumerables polémicas y acusaciones en su contra han sido parte de casi toda su vida política.
A Uribe se le ha señalado numerosas veces de favorecer a los paramilitares en su afán por derrotar a las FARC e incluso ha sido vinculado con el narcotráfico.
Pero lo que finalmente lo llevó a una sanción judicial histórica fue un caso que él mismo inició.
