La red habría permitido a un grupo de empresarios judíos y panameños lograr acuerdos para salirse del caso New Business, a cambio de dinero y acusaciones falsas.
El caso New Business se ha convertido en la bandera de los negocios de una estructura ilegal que mantiene penetrado el Ministerio Público. Esta supuesta estructura de abogados y fiscales habría permitido a empresarios judíos y panameños quitarse la imputación en esta investigación a cambio de dinero y por hacer acusaciones falsas contra el expresidente Ricardo Martinelli.
Para ello supuestamente ofrecen varias salidas dentro de las figuras de acuerdo de cooperación y testigo protegido, algo que fue proliferado en la gestión de Porcell junto a Varela, y sus fiscales estrellas, hoy enviados de vacaciones tras una investigación que se abrió por las revelaciones contundentes del testigo Euro-14: Adecio Mojica, Ruth Morcillo, Zuleyka Moore y Nahaniel Murgas. Ya la fiscal Tania Sterling se encontraba de vacaciones obligatoria.
La conexión de Moore sería conocida en todo el Ministerio Público, pero el procurador interino, Javier Caraballo se ha negado a iniciar un proceso de investigación por su propia cuenta. Al contrario, el procurador Caraballo parece avalar la operación de la estructura que lidera Moore.
En el reciente pasado, William Moore ha actuado directamente como abogado de la procuradora de ese entonces, Kenia Porcell, y se movió dentro del Ministerio Público con todas las conexiones siendo su hermana una de las fiscales anticorrupción leales al plan de persecución del expresidente Juan Carlos Varela. Ahora Moore tendría vuelo propio, según abogados consultados, sobre todo en el caso New Business, en donde ha conseguido acuerdos para todos sus clientes, empezando con el empresario Henry Mizrachi, que en su delación hizo señalamientos falsos para vincular a Martinelli, puntos que ahora se contradicen con otras delaciones aceptadas por el fiscal de causa.
Moore no operaría solo en esta nueva fase. El abogado de la fiscal separada trabajaría junto de la mano del abogado David Díaz, exsecretario del Ministerio Público en la era Porcell.
Ambos, Moore y Díaz operarían desde una oficina en Costa del Este debido a los réditos de sus operaciones. Antes de tener estas facilidades, citaría a sus víctimas en un restaurante-rancho que mantiene en el área de La Boca en Ancón. Moore también operaría a través del fiscal Eneldo Márquez para poder que sus ofrecimientos tengan éxito. Ello también implica a los fiscales Raúl Sánchez y Gilberto Arona. Este último está casado con Yianela Martínez, quien también labora en el Ministerio Público y es parte de la estructura que encabeza Moore. Con estos nombres podría identificarse cómo el dinero producto de pagos de afectados llegaría a funcionarios del Ministerio Público.
El señalado abogado también supuestamente estaría vinculado a la salida forzada del primer procurador nombrado por el presidente Laurentino Cortizo, Eduardo Ulloa, precisamente por una de las negociaciones en el caso New Busines.
Tomado de Panamaamerica
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