NACIONES UNIDAS – Los medios de comunicación de todo el mundo, tanto bajo regímenes autoritarios como bajo gobiernos democráticos, siguen siendo objeto de incesantes ataques y acoso político y ahora una organización ha salido en su auxilio desde Estados Unidos.
“La libertad de prensa es la base de la democracia y la justicia. Nos proporciona a todos los ciudadanos los datos que necesitamos para formarnos una opinión y decir la verdad al poder. Pero en todos los rincones del mundo, la libertad de prensa está siendo atacada», dijo el secretario general de la ONU, António Guterres, el 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación, dijo, son objeto de ataques directos dentro y fuera de línea en el desempeño de su vital labor. Son acosados, intimidados, detenidos y encarcelados de forma rutinaria.
Al menos 67 trabajadores de los medios de comunicación fueron asesinados en 2022, lo que supone un aumento de 50 % respecto al año anterior. Casi tres cuartas partes de las mujeres periodistas han sufrido violencia en línea, y una de cada cuatro ha sido amenazada físicamente, según la ONU (Organización de las Naciones Unidas).
Pero también hay un aumento de los ataques no físicos, incluidas las demandas por difamación contra organizaciones de medios de comunicación que desafían su legítimo derecho a la libertad de expresión.
La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), con sede en Washington, lanzó en coincidencia con el Día Mundial de la Libertad de Prensa, Reporters Shield, un nuevo programa de afiliación que protege a periodistas de todo el mundo frente a demandas por difamación y amenazas legales.
Creado como una organización sin ánimo de lucro con sede en Estados Unidos por el Proyecto de Denuncia de la corrupción y el Crimen Organizado (OCCRP, en inglés) y el Centro Cyrus R. Vance para la Justicia Internacional, Reporters Shield ha sido descrito como «un programa mundial pionero que defiende el periodismo de investigación en todo el mundo frente a las amenazas legales destinadas a silenciar las voces críticas».
La Usaid, que tiene un largo historial de fomento del crecimiento de los medios de comunicación independientes en todo el mundo, tiene previsto trabajar con el Congreso legislativo para aportar hasta nueve millones de dólares en financiación inicial para este programa innovador de apoyo a los medios de comunicación fuera de Estados Unidos, según un comunicado del 2 de mayo.
En ese comunicado, la Usaid afirmaba que los periodistas de investigación y las organizaciones de la sociedad civil que informan en interés público se enfrentan cada vez más a demandas que pretenden acosarles y silenciarles cargándoles con el coste y el tiempo de una defensa legal hasta que abandonan sus reportajes o quiebran por completo.
Reporters Shield ayudará a reducir estos riesgos mediante la formación y la revisión previa a la publicación, así como financiando la representación legal para luchar contra las demandas y otras acciones legales destinadas a intimidar y sobrecargar económicamente a los reporteros.
Para mantener la sostenibilidad del programa, las organizaciones que participen en Reporters Shield pagarán unas cuotas anuales razonables basadas en diversos factores, como la ubicación del medio y el número de artículos que producen al año.
Para ser considerada parte de Reporters Shield, una organización debe estar legalmente registrada y centrarse principalmente en noticias de interés público y/o reportajes de investigación y publicar reportajes en papel y/o en línea.
Además, no debe tener ánimo de lucro o ser de propiedad transparente; ser independiente de influencias o interferencias políticas, comerciales o de otro tipo; y tener independencia editorial y adherirse a normas editoriales profesionales.
Reporters Shield está aceptando solicitudes en todo el mundo y las examinará de forma escalonada; algunas regiones recibirán los beneficios en los próximos meses y otras se añadirán a finales de este año y en 2024.
Las organizaciones interesadas pueden encontrar más información y solicitar su membresía visitando la página de Reporters Shield.
El desarrollo de Reporters Shield ha contado con el respaldo jurídico de varios importantes bufetes de abogados de Estados Unidos.
Mandeep S. Tiwana, director de programas de Civicus, una alianza mundial de organizaciones de la sociedad civil, dijo a IPS que «estos son tiempos difíciles para las libertades de los medios de comunicación debido a la desinformación y los ataques contra el espacio cívico estimulados por la profundización del autoritarismo, la denigración de la democracia a través del populismo y la consolidación de la riqueza por parte de los oligarcas».
Descubrir graves violaciones de los derechos humanos y la corrupción a alto nivel, señaló, es cada vez más peligroso y costoso para los periodistas de investigación y los activistas de la sociedad civil.
“Cuando pocas empresas están dispuestas a formar parte del compromiso contra las Demandas Estratégicas contra la Participación Pública (SLAPP, en inglés) y los políticos astutos están ocupados socavando la independencia de los poderes judiciales, esta iniciativa llega en un momento crítico”, remarcó.
Según el compromiso Anti-SLAPP de Global Citizen (Ciudadanía Global), una organización internacional de educación y defensa de derechos ciudadanos, las demandas estratégicas contra la participación pública, o SLAPP, no son una estrategia comercial interesante para las empresas.
Es un hecho, aduce, que el sector privado prospera en sociedades democráticas que funcionan, donde el derecho a la libertad de expresión es un principio básico respetado y donde todo el mundo puede expresar sus opiniones sin miedo a la intimidación o las represalias.
“Las demandas y las tácticas jurídicas destinadas a silenciar a las organizaciones civiles y a los defensores de los derechos humanos no solo son perjudiciales para las sociedades, sino también para las empresas”, indica Global Citizen.
“Cuando las empresas reprimen la libertad de expresión, limitan su capacidad para gestionar los riesgos relacionados con sus operaciones y cadenas de suministro globales”, añade.
Como empresas comprometidas a operar en sociedades en las que las personas puedan ejercer sus derechos fundamentales, Global Citizen afirma que «nos comprometemos a: definir las Demandas Estratégicas contra la Participación Pública, o SLAPP, como demandas y tácticas legales diseñadas para silenciar a los críticos y limitar la capacidad de los ciudadanos para ejercer sus derechos fundamentales».
– Abstenerse de emprender acciones legales SLAPP contra defensores de los derechos humanos y del medio ambiente y contra organizaciones de la sociedad civil que apoyan a los titulares de derechos afectados.
– Reconocer el papel fundamental que desempeñan las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos en la creación de un entorno propicio y rentable para el sector privado.
– Animar a los socios y proveedores de nuestra cadena de valor a que se abstengan de participar en SLAPP para silenciar el activismo legítimo.
Fuente. Naciones Unidas
