Representantes de 16 organizaciones sociales guatemaltecas alertaron hoy sobre el peligro de reformas apresuradas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP).
A solo cinco meses de la convocatoria a las urnas, realizar cambios improvisados profundizaría la crisis democrática que actualmente vive el país, argumentaron en conferencia de prensa, ocasión en que advirtieron sobre «la preparación de un fraude en cámara lenta».
Movimientos de mujeres, pueblos y de migrantes coincidieron en que se necesita una Reforma Electoral Integral, discutida, analizada y consensuada, y no como la pretenden ahora.
Entre las propuestas cuestionadas están la reducción de los requerimientos para aportar a los partidos políticos y eliminar los límites al financiamiento electoral, así como el criterio de equidad en el acceso a los medios de comunicación.
Otra idea que despierta polémica es la de quitar las listas abiertas para la elección y conformar una papeleta de grandes dimensiones con una sábana de innumerables fotografía, símbolos y colores, lo cual, dijeron, traería más confusión a la ciudadanía.
Las expresiones organizadas del movimiento social también advirtieron sobre las implicaciones de una reciente Ley de ciberdelitos aprobada por el Congreso que más allá de la censura, puntualizaron, está orientada a la criminalización de la crítica a políticos y funcionarios y a perseguir expresiones de ironía, sarcasmo, comedia y memes.
Asimismo, llamaron la atención sobre un acuerdo institucional entre el Tribunal Supremo Electoral y el Ejército, a su juicio, sin sentido para un proceso electoral democrático.
En contrapropuesta, las organizaciones abogaron por la paridad, alternancia e inclusión de pueblos indígenas.
«La transparencia y el monitoreo que la ciudadanía realice a los comicios de junio de 2023 será esencial para garantizar la voluntad del pueblo de Guatemala», indicaron.
Agencia Prensa Latina
