San José, 27 de marzo de 2025 – La Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa dio un paso significativo al aprobar, el pasado 26 de marzo, una iniciativa impulsada por el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Francisco Nicolás Alvarado, que busca establecer la prescripción de oficio en casos de cobro judicial de deudas en Costa Rica. Este avance permite que el proyecto pase al plenario legislativo para su discusión y eventual votación, un movimiento que podría aliviar la carga financiera de miles de costarricenses.
La propuesta de Nicolás pretende reformar el sistema actual para que las deudas prescriban automáticamente una vez que se cumpla el plazo legal establecido, sin necesidad de que el deudor deba solicitarlo activamente ante los tribunales. Según el legislador, esta medida responde a la realidad de muchas personas que, por desconocimiento o falta de recursos, no logran hacer valer sus derechos frente a procesos de cobro que ya han excedido los tiempos legales. «Es una cuestión de justicia social. Hay familias asfixiadas por deudas que, en teoría, ya no deberían ser exigibles, pero que siguen vigentes por tecnicismos», afirmó Nicolás en declaraciones recientes.
El proyecto ha generado reacciones mixtas. Por un lado, sectores de la población y algunos legisladores lo ven como una herramienta para proteger a los ciudadanos más vulnerables, especialmente en un contexto económico donde el endeudamiento sigue siendo una preocupación mayoritaria. Datos de la Oficina del Consumidor Financiero de 2021 indican que el 74% de los costarricenses tienen algún tipo de deuda, y en muchos casos, los pagos representan más del 62,5% de sus ingresos. La prescripción de oficio podría liberar a estas personas de obligaciones caducas, ofreciendo un respiro financiero.
Sin embargo, críticos del proyecto, incluyendo representantes del sector bancario y financiero, advierten que la medida podría incentivar el incumplimiento de pagos y afectar la estabilidad del sistema crediticio. «Si las deudas prescriben sin un proceso activo, se corre el riesgo de que algunos deudores evadan responsabilidades legítimas, lo que impactaría a los acreedores y, en última instancia, al acceso al crédito», señaló un portavoz de la Asociación Bancaria Costarricense.
Con la aprobación en comisión, el proyecto ahora enfrenta un debate en el plenario, donde se espera que se definan los alcances y posibles ajustes. De convertirse en ley, Costa Rica se sumaría a un grupo reducido de países que aplican la prescripción de oficio, marcando un precedente en la región. Para Francisco Nicolás, este es un paso hacia una legislación más humana: «No se trata de premiar a quien no paga, sino de garantizar que el sistema no perpetúe injusticias».
El desenlace de esta iniciativa será clave para determinar cómo el país equilibra los derechos de los deudores con las necesidades del sector financiero, en un momento en que la economía nacional aún busca consolidar su recuperación tras años de desafíos.