Washington, 25 de marzo de 2025 – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes una nueva medida de política económica destinada a presionar al gobierno de Venezuela. En un discurso reciente, Trump introdujo el concepto de “aranceles secundarios”, una tarifa del 25% que se impondría a cualquier nación que adquiera petróleo o gas proveniente de Venezuela. La iniciativa busca restringir el comercio de crudo venezolano con otros países, afectando una de las principales fuentes de ingresos del régimen liderado por Nicolás Maduro.
Según la declaración del mandatario, esta medida entrará en vigor la próxima semana, aunque algunos países podrían recibir excepciones dependiendo de sus relaciones comerciales con Estados Unidos. Trump justificó la decisión al señalar que no considera necesario el petróleo venezolano para la economía estadounidense, reafirmando su intención de debilitar las finanzas del gobierno venezolano. “Vamos a hacer que sientan el impacto”, afirmó, sin detallar cómo se implementarán las excepciones ni precisar una lista de naciones afectadas.
La orden ejecutiva ha generado reacciones mixtas. Analistas económicos sugieren que los “aranceles secundarios” podrían alterar los mercados energéticos globales, elevando los precios del petróleo, como se observó tras el anuncio inicial. Por otro lado, algunos expertos opinan que Venezuela podría recurrir a mercados alternativos, como el comercio clandestino, para mitigar el impacto de estas sanciones.
Esta no es la primera vez que la administración Trump apunta al sector petrolero venezolano. Desde el inicio de su mandato en enero de 2025, el presidente ha implementado medidas para reducir la dependencia de Estados Unidos del crudo de ese país, incluyendo el cese de compras directas por parte de empresas estadounidenses.
El alcance real de los “aranceles secundarios” y su efectividad dependerán de la respuesta de los países importadores de petróleo venezolano, muchos de los cuales aún no han emitido comentarios oficiales al respecto. Mientras tanto, el gobierno de Maduro no ha reaccionado públicamente a la amenaza, aunque en el pasado ha denunciado sanciones similares como un ataque a su soberanía.
