(El nuevo heraldo, 22 de julio)
El vicepresidente del Parlamento de Venezuela, Edgar Zambrano, arrestado el pasado 8 de mayo por una fallida rebelión militar contra el gobierno de Nicolás Maduro, levantó una huelga de hambre que mantuvo por diez días tras ser vistado por familiares, informó su esposa.
Luego de que las autoridades aceptaran que Zambrano recibiera una visita familiar el sábado, el legislador decidió el “cese progresivo (de la) huelga de hambre”, publicó en Twitter su esposa, Sobella Mejías, exrectora del Poder Electoral.
Mejías precisó que el diputado, detenido en el principal cuartel del servicio de inteligencia (SEBIN), vio a sus dos hijas, su nieta y su yerno.
El jueves, el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, denunció que Zambrano había iniciado una huelga de hambre “por los derechos de todos los venezolanos, de sus compañeros secuestrados con él y de todos los presos políticos”.
El partido político del legislador, Acción Democrática (AD), confirmó igualmente la visita.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de línea oficialista, abrió procesos penales contra Zambrano y otros 14 diputados por el alzamiento de una treintena de militares el pasado 30 de abril, liderados por Guaidó.
A petición del TSJ, la Asamblea Constituyente de corte chavista y que rige en el país con poderes absolutos, les levantó su inmunidad parlamentaria.
En una operación hollywoodense, narrada en Twitter por el propio congresista, Zambrano fue detenido por agentes del SEBIN con armas largas que lo interceptaron en su vehículo y que lo remolcaron con una grúa tras negarse a salir del automóvil.
“Somos respetuosos del libre pensamiento y abogamos por la buena política. Tenacidad, constancia y coraje”, tuiteó Zambrano en su primer mensaje en la red social desde que fue arrestado.
El resto de los legisladores se refugiaron en sedes diplomáticas, huyeron al exterior o pasaron a la clandestinidad.
Según la ONG local de derechos humanos Foro Penal, existen alrededor de 600 “presos políticos” en Venezuela, si bien Maduro desconoce esa calificación.
