El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo (centroizquierda), asume este domingo en medio de una crisis política desatada tras su inesperado pasaje a la segunda vuelta electoral, luego de cinco meses marcados por la lucha de los grupos de poder «tradicionales» contra su promesa de eliminar la corrupción y llegar a una «nueva primavera» para el país.
Arévalo prometió tomar diez medidas para combatir la corrupción, incluyendo la creación de un gabinete coordinado por la vicepresidencia, que tendrá como objetivo detectar irregularidades en el Estado.
La lucha contra la corrupción y el fin de los privilegios de quienes se benefician de manera fraudulenta de los recursos públicos fue su principal bandera de campaña, junto a la de destinar esos recursos a un programa para el desarrollo del país y la justicia social, programas para erradicar la pobreza, potenciar una educación inclusiva y de calidad, generar empleos dignos y enfrentar de manera integral los que, en su opinión, son los grandes desafíos para Guatemala: la inseguridad, la corrupción y la desigualdad.
Arévalo, sociólogo socialdemócrata y exdiplomático de 65 años, llegó a las elecciones del 25 de junio sin ninguna chance aparente de triunfo en una contienda con 22 candidatos presidenciales, en la que las encuestas más optimistas lo ubicaban en un octavo puesto.
Sin embargo, arrasó en las áreas urbanas, particularmente en Ciudad de Guatemala, que concentra casi la cuarta parte del electorado y quedó segundo con su partido, Movimiento Semilla, creado en 2017, con el 11,77 por ciento de los votos, después de la favorita, Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE, conservadora).
Ambos pasaron a la segunda vuelta, realizada el 20 de agosto, en la que Arévalo resultó ganador con el 60,91 por ciento de los votos.
Hijo del expresidente Juan José Arévalo, el candidato y cofundador de Semilla nació durante el exilio de su padre, en Uruguay, y desarrolló una carrera académica y diplomática antes de saltar a la política.
Obstáculos
El 12 de julio comenzó la escalada para impedir su llegada al gobierno desde el Ministerio Público (MP), impulsada por la fiscal general, Consuelo Porras.
Ese día, el fiscal especial, José Rafael Curruchiche, anunció que el juez Fredy Orellana había decretado la suspensión temporal de Semilla por presuntos delitos en el proceso de inscripción en 2017.
Las acciones contra Arévalo, la vicepresidenta electa, Karin Herrera, y su partido, tuvieron otro momento tenso el 8 de diciembre, cuando Curruchiche y otros fiscales presentaron a la prensa supuestas irregularidades en las boletas y en el manejo de los resultados de los comicios, tras lo que confirmaron sus intenciones de anular las elecciones.
El exdiplomático y diputado criticó reiteradamente la persecución y hostigamiento a su agrupación, que sufrió desde campañas sucias hasta arremetidas de sectores que tergiversaron las propuestas de Semilla con un discurso ultraconservador.
«Estos corruptos, estos autoritarios, intentaron interferir en el ejercicio libre del voto mediante la exclusión arbitraria de candidatos, la mentira y la desinformación, pero el pueblo de Guatemala respondió contundentemente, armado de convicción y esperanza para confirmar que ha llegado el fin de la dictadura de la corrupción y la impunidad», respondió a la fiscalía el presidente electo en una conferencia de prensa.
Las maniobras del MP fueron denunciadas como un intento de golpe de Estado por los líderes de los pueblos originarios mayas y otros sectores de la sociedad, que el 2 de octubre comenzaron un paro cívico nacional que durante tres semanas impactó fuertemente a la economía local e incluso la de países vecinos, como El Salvador y Honduras.
Las acciones de la fiscalía también recibieron la condena de la comunidad internacional y organismos como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE), e incluso Estados Unidos aplicó sanciones, como la suspensión de visas a más de un centenar de funcionarios del gobierno del presidente Alejandro Giammattei y a diputados oficialistas.
La fiscalía mantiene además una solicitud de retiro de la inmunidad de Arévalo y Herrera por acusaciones de respaldar al movimiento estudiantil que ocupó la Universidad de San Marcos en mayo de 2022, en protesta contra un fraude en la elección del rector.
Las presiones incluso provocaron la inédita situación de la renuncia de quien había sido designada por Arévalo como ministra de Energía y Minas, Anayté Guardado, quien denunció haber sido víctima de una campaña de desprestigio en las redes sociales.
En cuanto al Tribunal Supremo Electoral, cuatro de sus cinco magistrados decidieron abandonar el país ante el temor de persecuciones desde el MP, tras confirmar válidos e inalterables los resultados de los comicios.
En ese ambiente de crisis e incertidumbre Arévalo llegará a la presidencia para el período 2024-2028, con su partido en un limbo jurídico debido a la insistencia del juez Orellana y de la fiscalía en la suspensión de Semilla.
Este domingo será constituida también la próxima legislatura del Congreso, unicameral y de 160 diputados, en su mayoría opositores, que le tomará juramento a Arévalo y Herrera en la tarde, en una sesión solemne sobre la que han circulado rumores acerca de la posibilidad de que no se alcance el quórum necesario, la mitad más uno de los legisladores, para sesionar.
En una reciente entrevista con la Agencia Sputnik, el doctor honoris causa por la Universidad de San Carlos, Carlos Figueroa Ibarra, advirtió que el plan del llamado «pacto de corruptos», es tener un presidente sin partido, amedrentar a quienes le apoyan y boicotear su gestión para que la ciudadanía se desencante.
Figueroa Ibarra subrayó que ese pacto es mucho más que un grupo de espurios intereses que se ha irradiado por todo el estado guatemalteco, sino además un orden social y un régimen político.
Para la ceremonia del cambio de mando de este domingo confirmaron su presencia el rey Felipe VI de España; los presidentes Xiomara Castro, de Honduras; Rodrigo Chaves, de Costa Rica; Laurentino Cortizo, de Panamá; Gustavo Petro, de Colombia; Santiago Peña, de Paraguay, y Gabriel Boric, de Chile.
Además confirmaron asistencia los primeros ministros Johnny Briceño, de Belice, y Evelyn Wever-Croes, de Aruba; los cancilleres Roberto Álvarez Gil, de República Dominicana; Javier González-Olaechea, de Perú; Alicia Bárcena, de México; João Gomes Cravinho, de Portugal, y Joseph Wu, de Taiwán, además de representantes de la OEA y la UE.
Fuente. (Sputnik)
