El Gobierno de Brasil condenó hoy la invasión perpetrada en la Embajada de México en Quito, capital de Ecuador, por policías ecuatorianos para arrestar a Jorge Glas, exvicepresidente de ese país.
Según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, la acción «constituye un grave precedente».
«El Gobierno brasileño condena, en los términos más firmes, la acción emprendida por fuerzas policiales ecuatorianas en la embajada mexicana en Quito la noche de ayer, 5 de abril», indica un extracto de la nota.
Precisa que «la medida llevada a cabo por el Gobierno ecuatoriano constituye un grave precedente, siendo objeto de enérgico rechazo, cualquiera que sea la justificación para su realización».
A criterio de Brasilia, tal acción fue una clara violación de la Convención Americana sobre Asilo Diplomático y de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas que, en su artículo 22, establece que los locales de una misión diplomática son inviolables y solo pueden ser accesibles por agentes del Estado receptor con el aval del jefe de la misión.
Ante los hechos, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestó solidaridad con su homólogo de México, Andrés Manuel López Obrador.
«Toda mi solidaridad con el presidente y amigo López Obrador», escribió Lula en el red social X.
La víspera, la canciller mexicana, Alicia Bárcena, anunció la ruptura de las relaciones con Ecuador.
«Dada la flagrante violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y las heridas sufridas por el personal diplomático mexicano en Ecuador, México anuncia la ruptura inmediata de las relaciones diplomáticas con Ecuador», rasgueó la jefe de la diplomacia en una plataforma digital. Considerado uno de los símbolos del lawfare (guerra jurídica) en Ecuador, Glas recibió de forma temporal el beneficio de la prelibertad el 28 de noviembre de 2022, luego de la unificación de dos penas de cárcel de seis y ocho años; sin embargo, la medida fue revocada.
A inicios de año, la justicia ordenó la captura del exfuncionario por presunto peculado en el caso denominado Reconstrucción de Manabí, que investiga una supuesta malversación en obras públicas tras el terremoto de 2016.
Fuente. Prensa Latina