(Elmundo.cr, San José, 12/09/2019)
La Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA) solicitó ministro de Trabajo, Steven Núñez, que designe personal de la Dirección de Asuntos Laborales para levantar prueba de hechos delictivos o violentos que se desarrollen en vía pública e inmuebles del Estado, que fundamenten las denuncias judiciales, tanto en sede ordinaria laboral como penal.
Lo anterior como un mecanismo de verificación que genere «de manera ejemplarizante», la disolución de sindicatos que patrocinen desmanes en las carreteras que lesionan los derechos de las personas.
“El artículo 350 del Código de Trabajo, desarrolla las figuras legales que permiten la disolución de un sindicato, las cuales son ya de práctica usual por parte de gremios como la ANEP. Es poco razonable que el Ministro de Trabajo no actúe con las facultades que le concede la legislación vigente», dijo Carlos Antillón, asesor legal de CACIA.
«Los claros y demostrados actos de violencia contra la integridad física de personas, contra los derechos constitucionales de la población en materia de libre tránsito o contra el acceso a servicios esenciales para la protección de la vida humana, son claros, evidentes, documentados y demostrados. Por tal motivo, es intolerable que se bloqueen vías públicas, sin que inspectores del Ministerio de Trabajo constaten en terreno las realidades que permiten la aplicación del artículo 350 del Código de Trabajo”, agregó.
Por su parte, Maurizio Musmanni, presidente de CACIA, dijo que Núñez tiene en sus manos herramientas para lograrlo, pues el Código Penal detalla la acción del bloqueo de vías públicas para impedir la circulación de transeúntes y vehículos, con un tipo penal que impone castigo de hasta 30 días de cárcel.
En nota entregada el pasado 6 de setiembre, CACIA le requirió al ministro Núñez realizar los procedimientos administrativos necesarios para elevar ante órganos jurisdiccionales la disolución de la ANEP, a raíz de los hechos acaecidos el día 3 de setiembre de 2019 frente a la Asamblea Legislativa.
Adicionalmente, en dicha misiva los empresarios le demandan al jerarca explicar si el MEDSE (Movimiento Estudiantil de Secundaria) está inscrito como organización sindical ante el Ministerio de Trabajo, o si consta a ese ministerio la inscripción de su personería en algún otro registro de acceso público.
También se le solicitó aclarar si este ministerio reconoce la legitimación al movimiento, como interlocutor en protestas sociales, y si alguno de sus jerarcas ha firmado documentos en conjunto con representantes de esa agrupación.
“Cuando el móvil de una huelga es atentar contra la seguridad del Estado, debilitar su autoridad o perturbar su normal actividad, se traspasa el límite de la coexistencia y se cae en el delito de sedición. Impacienta a las industrias de alimentos, ver cómo la cartera de Trabajo y Seguridad Social tolera por omisión en la aplicación de la ley, la manifestación violenta y degradante, que perturba el orden público y amenaza a los trabajadores del sector privado que sí desean acudir a sus labores”, finalizó Musmanni.
