SUCHITOTO, El Salvador – Familias campesinas salvadoreñas mantienen en varias zonas del país una lucha férrea contra grupos empresariales cuyos proyectos ponen en riesgo ríos y mantos acuíferos que las abastecen de agua.
En esta nación centroamericana de 6,7 millones de habitantes los conflictos por el agua han estado presentes desde décadas atrás. La actitud voraz de grupos empresariales, sobre todo del rubro inmobiliario, han arrinconado a poblaciones enteras que se vieron obligadas a reaccionar en defensa de su recurso hídrico.
Algunas de esas pugnas logran plasmarse en los titulares de los medios de comunicación, pero otras, no, y se desarrollan silenciosas en los rincones más apartados del país.
“Me atrevería a afirmar que son más de un centenar los conflictos de ese tipo vigentes en el territorio”, aseguró a IPS la ambientalista Amalia López, de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua.
“Es bien preocupante, no queremos esa granja aquí, porque nos traerá muchas consecuencias negativas, porque hay amenaza de que se seque el pozo del que nos abastecemos”: Marina Martínez.
Según cifras oficiales, en este país 96,3% de los hogares del área urbana cuentan con acceso al agua por cañería, pero esa cifra se reduce a 78,4 % en el campo, donde, 10,8 % se abastece con agua de pozo y 10,7 % lo hace mediante otros medios, como las Juntas Administradoras del Agua, organizaciones comunitarias con que se autoabastecen del recurso en asentamientos rurales apartados.
Además de las disputas entre familias rurales y consorcios empresariales por el recurso hídrico, López incluyó, entre otras, las causadas por agricultores que cosechan caña de azúcar y que suelen represar segmentos de ríos y dejan sin agua a campesinos dedicados a una agricultura de subsistencia, como maíz y frijoles.
Pollos contaminadores
Una batalla que está a punto de intensificarse es la que están peleando siete caseríos localizados en las cercanías de Suchitoto, una ciudad turística del departamento de Cuscatlán, en el centro de El Salvador.
Esas familias temen que su sistema de agua comunitario, construido con gran sacrificio en 2002, será perjudicado por Salvadoreña Avícola, una de las dos empresas más grandes del país en ese rubro, que va a construir una granja en esa zona.
“Es bien preocupante, no queremos esa granja aquí, porque nos traerá muchas consecuencias negativas, porque hay amenaza de que se seque el pozo del que nos abastecemos”, dijo a IPS la lugareña Marina Martínez, de 59 años.
Ese temor se debe a que la compañía construiría un pozo de grandes dimensiones, y el uso intensivo del recurso hídrico bajaría los niveles de los pozos de la zona, incluyendo el que abastece al caserío de Martínez.
Martínez vive en el caserío Los Almendros, uno de los siete asentamientos que son abastecidos desde 2002 por la Asociación Rural de Agua y Saneamiento Haciendita, un esfuerzo comunitario que, como otros de ese tipo en la zona, proveen de agua en una región donde por décadas el Estado ha sido ineficaz en hacerlo.
Además de Los Almendros, los otros caseríos afectados son: Nueva Consolación, Mazatepeque, Haciendita 1 y 2, Santa Eduviges y Asunción.
En total, unas 1000 familias son las que se abastecen del sistema comunitario, y son las que de entrada resultarían golpeadas con el proyecto de Salvadoreña Avícola.
Representantes de los pobladores han enviado cartas a las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, solicitando que se revise y se rechace el Estudio de Impacto Ambiental provisto por la empresa, el cual ya fue aprobado, según señalaron a IPS.
Ese estudio está viciado, afirmaron, porque ahí se señala que la empresa tiene el consentimiento de la población, pero los pobladores lo negaron.
Incluso han viajado hasta San Salvador, la capital del país, y han montado protestas frente al ministerio, para que sus voces sean escuchadas, pero sin éxito hasta ahora.
“No va a ser una granja chiquita, hemos sabido que es una inversión de seis millones de dólares”, afirmó Martínez, mientras tomaba un descanso bajo la sombra de enormes árboles de mango, en el patio de su casa. Ella se gana la vida como costurera.
Más de 30 sistemas de agua comunitarios se han edificado en esa región, dada la poca o nula presencia del Estado, que ha fallado en proveer de agua potable a esas familias que en 1990 regresaron a repoblar la zona, de la que salieron debido a que era una zona de guerra.
En El Salvador se libró una guerra civil de 1980 a 1992, que dejó unos 75 000 fallecidos y 8000 desaparecidos, así como millares de familias desplazadas.
Riesgos en salud
Blanca Portillo, pobladora de Nueva Consolación, añadió que la contaminación generada por la empresa también alcanzará el pozo que abastece a las familias campesinas.
Los residuos del proceso de producción de pollos de engorde, dijo, bajarán por los riachuelos que van a dar a los ríos que atraviesan varios de esos caseríos.
“El riesgo es que el agua la van a contaminar y no sería solo el sistema nuestro, sino a otros, porque en invierno baja el agua desde esa zona alta y afectaría otras áreas”, sostuvo.
Portillo dijo que en otros caseríos cercanos, como El Barío, las personas ya no usan el agua comunitaria, porque la granja de cerdos El Progreso, localizada en las cercanías, ha generado tanta contaminación que ya son evidentes las afectaciones en la salud de las personas.
“Eso es lo que queremos evitar que pase aquí”, subrayó.
Su compañero de lucha, Danilo Pérez, dijo a IPS que tienen información de que la granja producirá 3144 toneladas métricas de estiércol por año, pero solo será capaz de procesar como abono orgánico 2,9 %, es decir, unas 9,3 toneladas métricas.
“¿Y el resto qué lo harán?”, se preguntó. “Es casi seguro que lo que no alcancen a tratar lo van a tirar al río”, respondió.
De momento, la lucha de esas comunidades ha sido respaldada por organizaciones ambientalistas locales y por la municipalidad de Suchitoto, y el avance de la empresa se ha visto mermada, dijeron los entrevistados.
Sin embargo, el riesgo siempre está latente.
La batalla por el río sagrado
Otra lucha por el agua es la que libran comunidades indígenas que intentan evitar que se construya una octava represa hidroeléctrica en un tramo del río Sensunapán, en la jurisdicción territorial de Nahuizalco, en el occidental departamento de Sonsonate.
Esas represas se han ido instalando ahí desde hace décadas, sin mucho control porque las leyes eran más laxas y permisivas, y poco a poco el caudal del río ha ido bajando hasta afectar la vida de las personas de dos asentamientos indígenas: Sisimitepec y Pushtan.
Desde su cosmovisión nahua, el pueblo originario predominante en el país, antes y después de la colonia española, el rio Sensunapán es sagrado.
“Son 19 años de lucha de esas dos comunidades, aledañas al río, pero no solo ellas son las afectadas”, aseguró López, la activista de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua.
Unas 25 000 personas resultarían perjudicadas, no solo las que viven en Sisimitepec y Pushtan, sino también las que pueblan unos 11 municipios más, dijo López.
Agregó que las autoridades ambientales determinaron en 2002 que la cuenca que alimenta el río sufre de estrés hídrico, dado que la demanda supera la capacidad que tiene de proveer agua, en una situación que persiste desde entonces.
Las siete hidroeléctricas construidas en varios tramos del Sensunapán son pequeñas, y esas inversiones privadas han sido promovidas por gobiernos, pasados y el presente, como iniciativas “comunitarias” de energía limpia que favorecen al país.
Sin embargo, desde las esferas del poder político, nunca se le puso atención al daño que estaban causando río abajo.
“Las hidroeléctricas no contaminan, pero sí extraen el agua para represarla y generar energía, este es el problema, porque río abajo de la cuenca ya no tiene el mismo caudal, y deja sin abastecimientos a la población”, argumentó López.
La compañía Sensunapán SA es la que puja por construir una octava presa, mientras ya se conoce que maneja otros tres proyectos hidroeléctricos en ese río, afirmó la activista.
A partir de la lucha por el río, un juzgado ambiental decretó en junio de 2021 medidas cautelares a favor de las comunidades indígenas afectadas, no solo por los impactos al ecosistema del afluente, sino por tomar en consideración la necesidad de defender la cosmovisión de los pueblos originarios.
Además, en esa región del departamento de Sonsonate sucedió en 1932 una de las masacres más atroces contra población indígena en América Latina.
La matanza fue la respuesta brutal que dio el dictador Maximiliano Hernández Martínez, presidente de facto de El Salvador entre 1931 a 1944, al levantamiento de indígenas y campesinos de 1932.
Las medias cautelares del tribunal ambiental, que fueron prorrogadas en tres ocasiones y que suspendieron las acciones de la empresa temporalmente, fueron revocadas en marzo último.
“En este momento, el río no tiene ya protección legal, si mañana la empresa solicita un permiso de explotación, puede hacerlo”, señaló López.
Fuente. IPS
