Ángel Calderón afirmó que los centros carcelarios del país no reúnen las condiciones para evitar que se de el ingreso de estos artículos ilegales.
La gran cantidad de armas, celulares, drogas, alcohol y miles de dólares en efectivo que se decomisan dentro de los centros carcelarios dejan en evidencia el gran negociado y la corrupción de funcionarios, que es un mal casi imposible de erradicar en Panamá.
Los delincuentes se las ingenian para introducir estos artículos a los penales y han sofisticado las formas de hacerlo. En la actualidad, uno de los elementos más usados para esto son los drones, los cuales son programados para lanzar los artículos ilegales en puntos específicos dentro de los penales. También otra forma de introducirlos es a través de animales, tal como pasó en la cárcel pública de la provincia de Colón, donde recientemente fueron capturadas una paloma y un gato que estaban transportando sustancias ilegales.
Otra forma de introducirlo es a través de los alimentos que le envían a los privados de libertad. Esto sin dejar por fuera a los propios familiares que buscan introducir estos artículos ilegales a través de su propio cuerpo y algunos funcionarios públicos que custodian estos penales, los cuales se prestan para este comercio ilegal.
Ángel Calderón, exdirector del Sistema Penitenciario de Panamá, comentó que para poder tener una efectividad en lo que es la prevención de la introducción de artículos ilegales a las cárceles, es necesario apoyarse en herramientas tecnológicas que faciliten verificar que entra a las mismas, algo que actualmente no se implementa. Sumado a esto, explicó que está el recurso humano que custodia los penales, que es allí donde se dan conspiraciones, por lo que hay que tener mucho cuidado, ya que pudiera ser que los «agentes contaminados» son lo que colaboran en introducir artículos ilegales a los centros penitenciarios para su posterior comercialización.
«Los temas técnicos en las cárceles están totalmente descuidados, las cámaras están dañadas, ya no sirven, los escáneres están deteriorados y no están funcionando, mientras que el recurso humano, ya se ha comprobado su participación dentro del tráfico de sustancias y artículos ilegales», puntualizó.
La gran cantidad de armas, celulares, drogas, alcohol y miles de dólares en efectivo que se decomisan dentro de los centros carcelarios dejan en evidencia el gran negociado y la corrupción de funcionarios, que es un mal casi imposible de erradicar en Panamá.
Los delincuentes se las ingenian para introducir estos artículos a los penales y han sofisticado las formas de hacerlo. En la actualidad, uno de los elementos más usados para esto son los drones, los cuales son programados para lanzar los artículos ilegales en puntos específicos dentro de los penales. También otra forma de introducirlos es a través de animales, tal como pasó en la cárcel pública de la provincia de Colón, donde recientemente fueron capturadas una paloma y un gato que estaban transportando sustancias ilegales.
Otra forma de introducirlo es a través de los alimentos que le envían a los privados de libertad. Esto sin dejar por fuera a los propios familiares que buscan introducir estos artículos ilegales a través de su propio cuerpo y algunos funcionarios públicos que custodian estos penales, los cuales se prestan para este comercio ilegal.
Ángel Calderón, exdirector del Sistema Penitenciario de Panamá, comentó que para poder tener una efectividad en lo que es la prevención de la introducción de artículos ilegales a las cárceles, es necesario apoyarse en herramientas tecnológicas que faciliten verificar que entra a las mismas, algo que actualmente no se implementa. Sumado a esto, explicó que está el recurso humano que custodia los penales, que es allí donde se dan conspiraciones, por lo que hay que tener mucho cuidado, ya que pudiera ser que los «agentes contaminados» son lo que colaboran en introducir artículos ilegales a los centros penitenciarios para su posterior comercialización.
«Los temas técnicos en las cárceles están totalmente descuidados, las cámaras están dañadas, ya no sirven, los escáneres están deteriorados y no están funcionando, mientras que el recurso humano, ya se ha comprobado su participación dentro del tráfico de sustancias y artículos ilegales», puntualizó.
Ante esto, la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) anunció que en febrero pasado el Consejo de Gabinete aprobó una resolución que autoriza al Ministerio de Gobierno contratar para la adecuación de servicios tecnológicos en el Complejo Penitenciario La Joya.
«Se contempla la instalación de un moderno centro de monitoreo. El sistema altamente tecnológico abarca la utilización de radares, bloqueadores de celulares, rayos X, escáneres, escaneo corporal (body scan), tecnología biométrica con sensores, actualizaciones de acuerdo a las innovaciones tecnológicas y cambios de equipos que resulten afectados por el vandalismo», dijo la entidad.’
Explicó que la adquisición de esta nueva tecnología estará cubierta por un mantenimiento permanente por el término de 10 años y dará como resultado el reforzamiento de la seguridad, el respeto a los Derechos Humanos y ayudará en la disminución de la criminalidad en las cárceles.
Cárceles no reúnen las condiciones
Calderón comentó que en Panamá solo existen dos centros carcelarios que reúnen los requisitos para evitar que este tipo de ilegalidades se den, por lo que es necesario mejorar esta gran problemática.
Otro aspecto que Calderón cuestionó, es el hecho de que en Panamá se permite a los familiares de los privados de libertad llevarle los llamados «supermercados de alimentos», algo que se presta para la introducción de artículos ilegales. A su juicio, ya es hora de que el Estado panameño asuma su rol en el tema de lo que es la alimentación y vestido de las personas privadas de libertad.
Fuente. PanamaAmerica
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