( El PAIS ESPAÑA) Cuando la crisis sanitaria por la covid-19 se encuentra desatada en Chile con 3.323 muertes y 174.293 contagios confirmados, el Gobierno de Sebastián Piñera y buena parte de la oposición acordaron un plan económico por hasta 12.000 millones de dólares de recursos frescos para la protección social y la reactivación. El anuncio llega dos semanas después de que el mandatario hiciera un llamado a un acuerdo nacional, al que siguieron negociaciones a contrarreloj entre diferentes grupos políticos. El paquete de medidas, que debe ratificarse esta semana en el Congreso, es inédito en Latinoamérica. Chile puede permitírselo dada su política de responsabilidad fiscal iniciada hace décadas.
“En los momentos más difíciles, Chile vuelve a dar lo mejor”, ha señalado el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, luego de dar por cerradas las negociaciones. “Frente al llamado del presidente hemos conciliado las legítimas diferencias por un fin superior: proteger la vida y los medios para la vida de millones de chilenas y chilenos, estableciendo este marco de entendimiento respecto a un plan de emergencia”, indicó Briones, quien asumió el cargo en las más complejas semanas del estallido social de fines del año pasado y que actualmente debe hacer frente al batacazo de la crisis que provocó en abril una histórica caída de la economía de un 14,1%.
El plan contempla un programa fiscal adicional de hasta 12.000 millones de dólares en los próximos 24 meses. Se crea un fondo extrapresupuestario desde el cual el Gobierno ejecutará las medidas para superar la crisis. Su financiamiento tendrá origen en las transferencias del Tesoro Público como fondos soberanos y mayor endeudamiento público, si este resulta necesario. Adicionalmente, se aumentan el monto y la cobertura del Ingreso Familiar de Emergencia desplegado por el Ejecutivo, llegando al 80% de las familias de mayor vulnerabilidad. Se inyectarán recursos a los municipios, organizaciones sociales de la sociedad civil, a la salud pública, trabajadores independientes y a madres, padres y cuidadores de niños en edad preescolar.
Un aspecto de especial relevancia para el Gobierno de Piñera era impulsar la reactivación económica. Por ello, el plan contempla apoyos a los trabajos y a la inversión. El acuerdo indica que se incrementarán temporalmente los subsidios al empleo, sumando medidas de adaptabilidad y flexibilidad laboral, fortaleciendo las ayudas a las pequeñas y medianas empresas, junto con un fuerte plan de inversión pública.
En el acuerdo entre el Ejecutivo chileno y la oposición –del que no participaron sectores de izquierda como el Partido Comunista y el Frente Amplio, cercano a Podemos en España– se selló después de que Piñera removiera del Gabiente a Jaime Mañalich, el ministro de Salud y su hombre de confianza, quien fue sustituido el sábado por el médico Enrique Paris. Mañalich fue el líder de la estrategia sanitaria contra la pandemia por 102 días y había apostado a que la inmunidad de los ya contagiados neutralizara los efectos de la covid-19, lo que no dio resultados dada la expansión de la pandemia en el país. La gestión del ministro fue objeto de fuertes críticas. La oposición había pedido su salida, pero la remoción se apresuró por la crisis de credibilidad ciudadana por las cifras sobre los fallecidos.
Mientras las autoridades sanitarias daban cuenta en Chile de las muertes con examen de detección de la covid-19 con resultado positivo, porque el país tiene una alta capacidad para hacer tests –más de 840.000 hasta este domingo–, a la OMS informaban siguiendo las directrices del organismo internacional. Estos incluyen los que se rotulan como sospechosos o atribuibles al virus, de acuerdo a un reportaje del medio chileno CIPER. Esta forma de contabilización eleva sobre los 5.000 la cantidad de fallecidos en Chile por el virus. El nuevo ministro de Salud ha informado este domingo que se darán a conocer ambas cifras con miras a mayor claridad y transparencia.
Con un mes de junio que se vislumbra negro –por los fallecimientos, el batacazo económico y el invierno por delante–, La Moneda buscó nuevas alianzas con sus adversarios políticos. Lo hizo en noviembre pasado, cuando, en los complejos días de las revueltas sociales, Piñera tuvo que abrirse a un plebiscito sobre la Constitución de 1980, la doctrina de parte de su conglomerado Chile Vamos. El referéndum se realizaría el 26 de abril, pero la pandemia forzó a postergarlo para el 25 de octubre.
Aunque el presidente ha recobrado parte del respaldo que tenía antes del estallido social –en torno a un 27%–, la estrategia sanitaria para controlar la pandemia no ha dado los resultados esperados. Sin mayoría en el Parlamento y con la evidencia de que sin ayudas sociales será complejo que la ciudadanía respete las cuarentenas, fue necesario un acuerdo económico amplio. En Santiago, la capital, donde siete millones de personas están confinadas desde el 15 de mayo, apenas se ha reducido un 30% la movilidad.
