( EUROPA PRESS ) La Policía china prevé desplegar entre 3.000 y 4.000 agentes en Hong Kong con motivo de la marcha antigubernamental del 1 de julio ante «posibles conflictos» después de que el Gobierno decidiera prohibirla alegando motivos de salud pública por la pandemia y posibles altercados.
A pesar de la prohibición de la marcha, que se realiza todos los años coincidiendo con el aniversario de la devolución de Hong Kong a China por parte de Reino Unido, grupos de activistas han seguido adelante con su convocatoria a través de Internet, según informaciones de la emisora RTHK.
El Frente para los Derechos Humanos Civiles había solicitado el permiso para la manifestación desde el parque Victoria de Causeway Bay hasta la sede del Gobierno autónomo, en Almirantazgo.
Sin embargo, la Policía ha informado por carta a los convocantes de que la ley actualmente prohíbe cualquier concentración de más de 50 personas debido al riesgo de contagio del coronavirus y ha indicado que las manifestaciones incrementan el riesgo de contagio de coronavirus.
Además, recuerda los incidentes violentos en manifestaciones anteriores convocadas por este mismo grupo y advierte de que existen indicios de que parte de los participantes han planeado perpetrar acciones violentas. En este sentido, las fueras de seguridad ya han procedido a cerrar algunas de las carreteras de acceso a Hong Kong.
Muchos consideran, asimismo, que el miércoles será el día en que China dé finalmente luz verde a la ley de seguridad de Hong Kong que tanta polémica ha levantado durante el último mes y que según voces críticas podría socavar la independencia y libertad en la región administrativa especial china.
La nueva ley ha encendido las alarmas de los grupos de activistas pro democracia y de políticos opositores de Hong Kong, así como en países occidentales, que han amenazado con tomar represalias. El Gobierno estadounidense ha advertido de que podría revocar el estatus comercial especial que tiene Hong Kong si el Gobierno de China sigue adelante con sus planes.
El texto, anunciado por el Congreso Nacional del Pueblo el 21 de mayo y aprobado días después, tiene como objetivo castigar los actos de secesión, subversión, terrorismo e injerencia de fuerzas extranjeras.
