(Caraota.digital 25/10/2019)
Durante el proceso electoral, el presidente de Colombia, Iván Duque, advirtió que defenderían la democracia de las manos del crimen organizado. Para ello, su administración lanzó el «Plan Ágora», que pretendía garantizar transparencia y la seguridad de los candidatos en riesgo, mediante medidas de protección como chalecos antibalas, vehículos blindados, escoltas, entre otras. Hasta ahora, el dispositivo brinda protección a 1074 aspirantes a cargos de elección pública.
Pero a pesar del plan del Gobierno colombiano, la Defensoría del Pueblo estimó que uno de cada tres municipios se encontraban en riesgo electoral por la presencia de grupos armados ilegales. En la Alerta Temprana 035-19, la instancia calificó a los departamentos con mayor peligro: Antioquia (noroeste), Chocó (noroeste), Bolívar (extremo norte), Sucre (extremo norte) y Nariño (suroeste).
La violencia electoral ha afectado a 230 víctimas en 28 de los 32 departamentos colombianos, según un recuento de todo el proceso realizado por la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) hasta el 11 de octubre de 2019. En este lapso de 350 días, cada 36 horas se cometió un hecho de violencia contra algún candidato. Los crímenes van desde asesinatos, persecuciones, secuestros y amenazas hasta desapariciones y atentados.
Aunque se registraron hechos de violencia política en el 87,5 % de los departamentos, los que concentran más víctimas son: Valle del Cauca (suroeste), La Guajira (Caribe), Tolima (centro-oeste), Antioquia (noroeste) y Cauca (centro).
«[La violencia] se ha intensificado en algunas regiones de alguna forma muy crítica y las respuestas no parecen ser efectivas desde el Estado», dice en entrevista Camilo Gómez Posso, presidente del Instituto para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
