Tomado de: Diario Extra / 26 noviembre 2019
El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) abrió una investigación sobre las aparentes irregularidades a lo interno de la Asociación Católica Pro Ayuda al Enfermo de Hansen y Ancianos Desamparados, más conocido como el Residencial Geriátrico Nuestra Señora de los Ángeles en San Isidro de Heredia.
La apertura de las investigaciones se da tras la serie de reportajes publicados por DIARIO EXTRA en el transcurso de esta semana y en la que enfermeros, trabajadores y extrabajadores del lugar denunciaron presuntas agresiones físicas y psicológicas en el establecimiento.
Además, alzaron la voz por supuestos atropellos laborales y atrasos en los pagos salariales, los mismos administradores del lugar reconocieron problemas económicos para cancelar los montos.
Por medio de una respuesta en conjunto, Teresita Aguilar Mirambell, presidenta de la Junta Rectora, y Emiliana Rivera, directora ejecutiva del Conapam, expresaron que, a raíz de dichas publicaciones, se encuentran recabando la información necesaria para adoptar las medidas que correspondan de acuerdo con las competencias de la institución.
Las funcionarias enfatizaron que es indispensable procurar el bienestar de la población adulta mayor involucrada en estos sitios.
“Para el Conapam es primordial garantizar el bienestar de la población adulta mayor, en este caso que se encuentra institucionalizada, partiendo de un contundente rechazo a cualquier tipo de violencia contra esta población.
De ahí que en primera instancia y en respeto al debido proceso se encuentra realizando una investigación sobre los hechos denunciados para poder contar con la información objetiva necesaria para la toma de decisiones”, añadieron.
El Conapam enfatizó que, desde el año anterior, la institución y la Junta de Protección Social (JPS) efectuaron investigaciones preliminares para atender una serie de denuncias recibidas y que producto de ellas se decidió visitar para constatar la implementación de las medidas acordadas y solicitadas por la Junta Rectora de Conapam a la asociación.
DIARIO EXTRA reveló que un grupo de adultos mayores debió ser trasladado a un albergue en Miramar de Puntarenas y que algunos de ellos fallecieron.
El Conapam, por su parte, mencionó que el traslado de los pacientes del Programa de Abandonados al distrito puntarenense obedeció a algunas de las medidas implementadas por la Junta Rectora en la atención a las denuncias recibidas.
“Algunas de estas personas presentaban padecimientos crónicos o terminales, de ahí que, de las personas trasladadas, cinco fallecieron. El Hogar de Miramar presentó los informes médicos respectivos que aclaran las situaciones por las cuales se dieron las defunciones y en los casos donde se presentaron familiares, se les brindó la documentación respectiva”, añadieron.
JPS INTERVIENE
Otra de las instituciones estatales que intervino en esta situación fue la Junta de Protección Social (JPS), que abrió una investigación preliminar para determinar si el caso pasa a sede administrativa o incluso a instancias penales.
El albergue mencionó que se presupuestaron en promedio ¢600 millones de colones anuales. La Junta de Protección Social añadió que ellos entregaron en 2018 un monto cercano a los ¢155 millones.
El Diario del Pueblo conversó con Grettel Arias, jefa del departamento de gestión social de la JPS, quien comentó que desde hace dos años vienen haciendo intervenciones en hogar en específico.
Arias aseguró que los seguimientos que la institución abarcan el punto de vista social y el financiero, en donde los recursos que gira la JPS los deben liquidar de forma semestral.
La funcionaria de la entidad dijo que se hizo una intervención del área de fiscalización de los recursos y se detectaron situaciones que no calzaron en un inicio.
“En este caso tenemos dos años de dar seguimiento. Tuvimos una denuncia a principios de este año, se hizo la intervención de los compañeros de fiscalización, se detectaron algunas situaciones de control interno que debían mejorar y se les hicieron recomendaciones.
Por lo general son situaciones que ellos detectan, como por ejemplo, que al cheque no le pusieron número de factura, o cuestiones así, borroso en una factura, eso es por lo general lo que detectan”, señaló.
Arias reconoció que en este tipo de inspecciones es difícil detectar aspectos como los que se denuncian desde el punto de vista social.
Dijo que Conapam optó en su momento por la decisión de quitar algunos financiamientos que tenían en lo que es Red de Cuido y pasárselos a otra institución en San Isidro de Heredia.
Expresó que los recursos no se quitan de un día para otro porque hay personas que requieren la atención, techo, comida, cama y en donde el factor humano pesa más.
La jefa del Departamento de Gestión Social indicó que cuando se reducen recursos en este tipo de situaciones se deben tomar en cuenta las diferentes condiciones, entre ellas, contar con un lugar para trasladar a los pacientes que están siendo atendidas ahí.
En este tipo de casos, afirmó que los pacientes son llevados al Hospital Blanco Cervantes para que se efectúen las valoraciones médicas que correspondan.
“Tenemos que tener certeza de que hay abuso y maltrato, eso es fundamental y eso es básico, porque en la parte de liquidación nosotros verificamos que la liquidación está perfecta, pero si comprobamos que hay abuso y maltrato y que es una práctica en la organización y que no hay las condiciones para que eso mejore, tendríamos como institución llenar en este caso como la coordinación de todo, siempre lo hemos hecho.
Cuando hay abuso y maltrato, hay que actuar muy rápido, tal vez lo que se puede llevar unos días es comprobar eso, y de tener las condiciones para llevarse a las personas porque no es que los hogares tengan a disposición un montón de espacios, sino que se hace una coordinación con los espacios”, expresó.
SALUD CONOCÍA DEL CASO
El Ministerio de Salud tenía conocimiento de las aparentes situaciones irregulares de ese centro desde el 2016.
De acuerdo con el documento DR-CN-2309-2018 del 26 de setiembre de 2018, Karina Garita Montoya, directora regional de Heredia, enumeró al menos cuatro denuncias anónimas desde el 2016 al 2018.
La primera denuncia anónima se dio el 22 de junio de 2016, debido a la instalación de cilindros de gas de gran tamaño sin cumplir con la reglamentación vigente y sin adecuada supervisión.
Al respecto, se detalló que no se comprobó el problema porque la estructura y los cilindros se encontraban en buenas condiciones.
La segunda denuncia ingresó el 28 de julio de 2016. En esta ocasión se señaló que a los adultos mayores se les baña a las 4 a.m., lo que les ocasionaba neumonía, bronconeumonía y otras enfermedades respiratorias.
Cuando se efectuó la visita, se observó el estado de los adultos mayores sin encontrar rastros visibles de lesiones en su cuerpo.
En la tercera denuncia anónima, se acusó el incremento en casos de neumonía y herpes a los que no se les dieron los cuidados respectivos. Dicha queja ingresó el 2 de noviembre de 2017. En la inspección se detectó la presencia de patologías respiratorias, razón por la que se brindaron las recomendaciones correspondientes.
El 12 de setiembre de 2018 ingresó una denuncia indicándoles a los administradores presentar un plan de capacitación para el Personal y contar con un registro sobre las supervisiones de enfermerías, las sujeciones, no indicar baños antes de las 5 a.m. y acatar la recomendación de valorar cada caso de forma individual.
DIARIO EXTRA realizó las consultas al Ministerio de Salud para conocer en detalles sobre las actuaciones ante este tipo de incidentes. Desde la Oficina de Comunicación nos indicaron que las respuestas las tendrían en el transcurso de la próxima semana.
