Comunicado:
La Comisión de Aplicación de Normas hizo una fuerte condena al Gobierno de Costa Rica en sus conclusiones como resultado de la evaluación al cumplimiento del Convenio 122 de la OIT.
1- Lamentó que el Gobierno no tenga ni diseñada ni aplicada una política integral a fin de promover el pleno empleo, productivo y libremente elegido.
2- Le insta a impulsar una política integral de empleo para promover la creación de oportunidades que vaya en correspondencia plena al Convenio 122 de la 01T, referente a políticas de empleo.
3- Le insta a promover esfuerzos para promover el diálogo social e incluir a los interlocutores sociales en iniciativas en curso y en las que puedan impulsarse en el futuro en materia de políticas y programas de empleo, orientadas a incorporar con énfasis a jóvenes, mujeres e igualdad de oportunidades.
4- Le pide que muestre impactos reales de la Estrategia Nacional de Empleo y Desarrollo Productivo (ENDEP) y del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2020 que vayan en correspondencia con el Convenio 122.
5- Le solicita tomar medidas para garantizar que la Ley 9635 de las Finanzas Públicas se ajuste plenamente al Convenio 122 y que no vulnere los principios y derechos fundamentales en el trabajo.
6- Indicar los mecanismos de consulta utilizados con trabajadores y empleadores sobre políticas y programas de empleo impulsadas por el gobierno, incluyendo la Ley 9635 de Finanzas Públicas. Además, le hace la excitativa del deber de garantizar la consulta tripartita sobre el desarrollo de políticas y programas de empleo mediante la creación de un Consejo Tripartito Nacional.
El gobierno deberá responder con información completa y exhaustiva sobre todo lo señalado a la Comisión de Expertos de la OIT antes del 1 de setiembre 2023.
El gobierno por intermedio del viceministro de Trabajo rechazó en todos sus extremos dichas conclusiones, señaló que «deslucen» a la comisión e incluso dijo que se «abre un paso muy peligroso hacia la inseguridad jurídica». Es evidente que garantizar el cumplimiento de la normativa laboral para el actual gobierno representa inseguridad jurídica.
Del lado de la UCCAEP que defendieron abiertamente al gobierno e incluso pusieron a defenderlo a una buena parte del empresariado latinoamericano, es también un duro revés, dado su apoyo a todas las leyes anti laborales de estos últimos años.
El resultado de la 111 Conferencia de la OIT sobre Costa Rica, evidencia que en el escenario internacional no pasa desapercibido el fuerte retroceso en materia y derechos laborales a nivel nacional y que se considera prioritario defender las conquistas alcanzadas como país e impedir que esta tendencia retardataria y conservadora desmantele totalmente el Estado Social Costarricense.
Fuentes. Internacionales, OIT y Surco
