(ODI/UCR).- Los datos del último estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) divulgados a inicios del 2023 mencionaron que la inflación en Costa Rica aumentó y, además, se agravó por las restricciones de suministro global y la invasión de Ucrania por parte de Rusia.
Esa situación de inflación, por supuesto, puede cambiar durante el año. Las expectativas a 12 meses comunicadas por el Banco Central de Costa Rica muestran pronósticos más alentadores.
Sin embargo, desde la mirada nutricional, la inflación (aunque sea en porcentajes menores) es un hecho que persiste y afecta en el precio de los alimentos y la energía, los que más tienden a subir según explica la OCDE.
¿El resultado de esas dinámicas económicas? Para las y los especialistas la respuesta es solo una: una influencia directa en la inseguridad alimentaria y nutricional de la población.
Así se habló en el conversatorio “Sumando acciones hacia la soberanía y la seguridad alimentaria y nutricional (SSAN) desde los gobiernos locales”, liderado por la Escuela de Nutrición, la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva —ambas de la Universidad de Costa Rica (UCR)— y la Red de Economía Social Solidaria (RedESS).
Durante el conversatorio, en el cual participaron profesionales del Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la Red Costarricense de Agricultura Familiar y la Comisión Institucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, las y los profesionales analizaron los importantes desafíos que vive Costa Rica en el tema de seguridad alimentaria y nutricional. Los datos son claros.
Si se hace una cuidadosa revisión estadística en la tabla de la OCDE, esta indica que en enero del 2023 la inflación de los alimentos y de las bebidas no alcohólicas de Costa Rica se posicionó con una cifra de inflación del 18.5 %.
Dicho porcentaje, uno de los más elevados, hizo que nuestro país ocupara el lugar número 17 entre las naciones de la OCDE con mayor inflación en ese mes de enero. Esta tendencia no era nueva y ya se venía registrando meses anteriores.
En agosto del 2022, por ejemplo, la OCDE comunicó que la inflación en el precio de los alimentos en Costa Rica alcanzó el 22.5 %, lo que ubicó a nuestro país en el top de las naciones con uno de los mayores aumentos registrados.
Lo anterior es especialmente importante ante un contexto en el cual los salarios e ingresos de la población no suelen aumentar tan rápido como la inflación.
“Si le decimos a las personas compren frutas y vegetales, pero la estructura de precios en nuestro país no lo permite porque somos uno de los que tienen los más altos costos de los alimentos —que son el pilar del sistema alimentario— es claro que se va a afectar la seguridad alimentaria nutricional a nivel nacional, especialmente a las poblaciones más vulnerables”, dijo la Dra. Karol Madriz Morales, integrante de la Comisión Intersectorial de Guías Alimentarias del Ministerio de Salud.
Por fortuna, en los últimos tres meses de febrero, marzo y abril de 2023, la misma OCDE registró una dinámica diferente con datos más positivos. Los porcentajes de inflación fueron 14.3 %, 12.3 % y 9.9 %, respectivamente para cada mes. Sí, los porcentajes son menores pero el fenómeno de inflación continúa.
¿Una posible solución? Fortalecer el consumo de alimentos nacionales y de temporada. Esto ayudaría no solo a dinamizar la economía local y alimentos a un menor costo, sino también a incentivar una alimentación saludable, un punto en el cual Costa Rica ha estado bastante alejado.
Las cifras más recientes publicadas en el 2022 por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés), indican que Costa Rica está dentro de los diez países con los mayores índices de obesidad en personas adultas.
Dicha condición de sobrepeso y obesidad aumentó en todas las naciones de la región de América Latina y del Caribe entre 2000 y 2016, donde Costa Rica, Haití y República Dominicana predominan con un aumento significativo en más de 10 puntos porcentuales, señala la FAO.
Lo mismo refleja el Estudio Latinoamericano de Nutrición y Salud (Elans), al respaldar en Costa Rica el problema de obesidad. Por supuesto, la población infantil tampoco es la excepción. El censo de Peso y Talla reveló en el 2016 que más de 118 000 escolares tienen sobrepeso y obesidad. Algunas personas profesionales en nutrición desde el 2019 ya catalogaban este fenómeno en Costa Rica como una “epidemia de obesidad”.
¿Los lugares más afectados con esa “epidemia”? Cuatro de los distritos con los índices más bajos de desarrollo social (IDS): Zapotal, Picares, Caldera y Desamparaditos, zonas cuya prevalencia de obesidad es superior al 50 %, según el Censo de Peso y Talla 2016. Así, no es de extrañar que el alto precio de los alimentos incida en la malnutrición. Para algunas familias las comidas baratas y poco nutricionales son sus únicas opciones.
¿Y qué está haciendo el país?
La respuesta es solo una: mucho. Ante los desafíos económicos, una de las iniciativas orientadas al fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional es la agricultura familiar.
Actualmente, la agricultura familiar es uno de los principales generadores de alimento en el país pero, al mismo tiempo, uno de los más inseguros y pobres, expresó la Lic. Karen Rodríguez, del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
De acuerdo con la FAO, más del 70 % de los alimentos en la región de América Latina y el Caribe se genera a raíz de la agricultura familiar. En Costa Rica, los datos de la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (Sepsa) expresan que aproximadamente el 55,4 % de las fincas censadas en el 2014 corresponden a la agricultura familiar. Estas representan un 26 % de la extensión total de uso agropecuario del país.
Sin embargo, a pesar de esa importante contribución, el Plan Nacional de Agricultura Familiar 2020-2030 del MAG informa que en la región seis de cada diez de los hogares, que dependen de la agricultura, viven en situación de pobreza e inseguridad. Precisamente, por esa razón nace este Plan Nacional, con el fin de cambiar esta realidad, disminuir la pobreza que vive el sector, dinamizar la economía y favorecer la nutrición a nivel nacional.
“La agricultura familiar es un modo de vida. En Costa Rica esta se relaciona con familias rurales, urbanas, y periurbanas a nivel de población indígena, afrodescendiente y, también, con las organizaciones que promueven la soberanía y la seguridad alimentaria y nutricional, tanto en la familia como en la población. La agricultura familiar tiene tipologías como el autoconsumo o el mercado para comercializar. No hablo solamente de las huertas familiares, sino en diferentes agronegocios”, ahondó la Lic. Rodríguez, quien además coordina el Plan Nacional desde el MAG.
La experta dijo que el plan actualmente está conformado por 36 intervenciones y ocho pilares estratégicos. Todos ellos, además de fortalecer a las familias, propician el desarrollo territorial mediante el apoyo de la infraestructura productiva, incubación de microempresas familiares y el fomento del emprendimiento en mujeres y jóvenes.
Asimismo, robustece el desarrollo de mercados locales, las alianzas entre el sector público y privado, el fomento de la asociación de los productores familiares y hasta la promoción de la seguridad alimentaria y nutricional.
En este sentido, Wagner Suazo Chanto, de la Red de Economía Solidaria de Costa Rica, concuerda. Además, agregó el componente de economía solidaria que está directamente conectado con el tema de la agricultura familiar. Esto es especialmente importante si se conoce que el país tiene 736 asociaciones de productores identificadas, un número bastante considerable con base en la última estadística del 2017 de Infoagro.
“La producción de alimentos es, esencialmente, asociativa y está presente hasta en el tema de la comercialización. En el país existen 85 ferias del agricultor. Esto quiere decir que siguen siendo un espacio de comercialización y de acceso a los alimentos importantes de manera directa y, en muchos casos, sin intermediarios. También, organizadas por asociaciones o centros agrícolas cantonales”, expuso Suazo.
¿El impacto económico para las familias? Mucho. Suazo mostró que el 5 % del ingreso de los hogares proviene de la producción para el autoconsumo, donación y trueque. En cambio, para los hogares de menores ingresos, este porcentaje de ingreso se eleva considerablemente a un 12 %, con base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 2018-2019.
“Estamos hablando de unos 40 000 o 50 000 colones por hogar dependiendo si es rural o urbano. Esto juega un rol importante para que las personas mejoren su situación”, añadió.
En Costa Rica, aproximadamente el 55,4 % de las fincas censadas en el 2014 corresponden a la agricultura familiar. Foto: Anel Kenjekeeva.
Una guía
A esas acciones de agricultura familiar y economía solidaria se le suma otra: las Guías Alimentarias Basadas en Sistemas Alimentarios de Costa Rica del Ministerio de Salud, que iniciaron su implementación en 1997.
La Dra. Karol Madriz Morales, integrante de la Comisión, manifestó que las guías alimentarias reconocen la necesidad de reforzar prácticas y hábitos alimentarios nutricionalmente adecuados como el consumo de frutas y vegetales.
Además, se orientan en promover la modificación de aquellas prácticas inadecuadas como el consumo excesivo de sal o azúcar e, incluso, motivar la incorporación de nuevos alimentos. “Especialmente, revitalizar toda la agricultura, los alimentos autóctonos tradicionales y la incorporación de nuevas prácticas alimentarias”, comentó la Dra. Madriz.
Por supuesto, la especialista fue clara que se deben intervenir los sistemas alimentarios y el entorno para generar los medios y las condiciones que le permitan a la población tomar decisiones más saludables. Una de esas condiciones está en el precio de los alimentos si lo que se busca es tener un impacto integral.
“En las guías partimos de una realidad nacional y es la alta prevalencia de enfermedades no transmisibles como la obesidad, la diabetes y la hipertensión, relacionadas con una inadecuada nutrición. Es así que surge la necesidad de iniciar todo un proceso nacional para mejorar la salud de la población mediante una alimentación saludable, dado que estas enfermedades son las responsables de las altas cargas de morbimortalidad y de los altos costos de atención al seguro que generan grandes pérdidas económicas y un importante impacto social”, profundizó la Dra. Madriz.
Ejemplos de éxito
En el conversatorio también se compartieron algunos ejemplos de éxito sobre acciones vinculadas a la seguridad alimentaria y nutricional. María Carmen Elizondo Soto, licenciada en Trabajo Social y coordinadora de Asuntos Sociales y Económicos de la Municipalidad de Sarapiquí, dio a conocer algunas de las ideas que se realizan en su cantón.
Una de las iniciativas más importantes fue incorporar el enfoque de mejoramiento de vida, cuyo objetivo final es lograr el bienestar mediante el fortalecimiento de las capacidades de autogestión de las comunidades y de las familias. El enfoque tiene como pilares los hábitos del capital social y la economía familiar, con los cuales se busca mejorar la nutrición, la autoestima y la expansión económica.
“El enfoque de mejoramiento de vida surge en Japón después de la Segunda Guerra Mundial. El gobierno y las agrupaciones empiezan a acercarse a las comunidades para ver qué es lo que tienen las personas y cómo, a partir de sus recursos disponibles, lograr el bienestar y la mejora continua. Este enfoque lo iniciamos en el 2019 y lo hemos estado incorporando en el acompañamiento a giras, en el conocimiento de las comunidades y en propiciar que se articule lo que se puede desde la municipalidad”, mencionó la Lic. Elizondo.
Los primeros logros ya se hacen evidentes. Tres comunidades del cantón este 2023 cumplen dos años o más de estar participando en el Programa de Mejoramiento de Vida. Estos son: el distrito de Puerto Viejo, Cerro Negro y la comunidad de Río Magdalena. El enfoque ha permitido que la comunidad pueda trabajar temas de jornada diaria, comunicación y alimentación.
“El enfoque le dice a la comunidad coman rico, coman saludable, cuiden su salud y produzcan con lo que tienen disponible. Además, se ven temas sobre cómo manejamos nuestras finanzas y cómo las ordenamos. El enfoque no busca que las familias se conviertan en productoras a gran escala, sino que puedan ser capaces de tener una estabilidad financiera que les permita un balance y un acceso económico y oportuno a los alimentos”, completó la Lic. Elizondo.
A eso se le añade el empoderamiento que ganan las comunidades, al romper las barreras culturales e incentivar el trabajo en equipo desde las necesidades de la zona. Todos y todas se involucran gracias a diferentes metodologías participativas y el trabajo interinstitucional (academia-organizaciones-instituciones).
“Sarapiquí es un cantón meramente rural, con capacidades para la producción, para la agricultura y para la ganadería. Estas metodologías nos acercan a poder entender qué es lo que las comunidades pueden hacer, cuáles son sus capacidades y cómo pueden desarrollarse”, profundizó Elizondo.
Llama la atención que Costa Rica tenga importantes índices de sobrepeso y obesidad cuando posee un alto precio de los alimentos. Para las y los nutricionistas, gran parte se debe a que las familias terminan por inclinarse a consumir comidas más baratas y poco nutricionales. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
Santa Bárbara saludable
Otro ente que compartió sus experiencias fue la Municipalidad de Santa Bárbara. El Ing. Victor Manuel Hidalgo Solís, alcalde de esa municipalidad, habló sobre la política cantonal en seguridad alimentaria y nutricional que han implementado. El esfuerzo se enfoca en unir todas las acciones que se realizan desde la individualidad y generar un trabajo permanente que, a su vez, se adapta al día a día con base en las nuevas necesidades y cambios.
“Santa Bárbara es un cantón ubicado en Heredia. Somos un territorio en el cual la agricultura ha sido la base desde tiempos atrás y, para nosotros, un eje importante es la reactivación de la economía, específicamente, poder producir. Lo que nosotros actualmente producimos se va, no lo comemos. Nuestra feria del agricultor viene de afuera y la plata se va. Vienen agricultores de otros lugares y son muy pocos, o casi nada, los agricultores del cantón que logran poder posicionar sus productos”, expuso el Ing. Hidalgo.
Justamente, esa es una de las realidades que se busca cambiar, y más, si se toma en cuenta los retos actuales que amenazan la producción nacional, como el cambio climático, la escasez de agua, la escasez de alimentos, los residuos, los plásticos, la economía y la salud.
“Somos un país agrícola con una tierra riquísima para cultivar, pero ya nadie quiere cultivar. Todo el mundo quiere vender las herencias, quiere construir casas y nadie está pensando en la comida. ¿La traemos de otros países? ¿Qué pasa si vuelve otra pandemia? ¿Y si nos cierran las fronteras qué vamos a comer? ¿Cemento? Estas cosas nos preocupan y, sobre todo, por las nuevas generaciones”, enfatizó Hidalgo.
La idea, comentó el alcalde, es sacarle provecho a la gran cantidad de tierra que tiene disponible Santa Bárbara, así como ríos y fuentes importantes de agua para sostener proyectos de agricultura. ¡Claro! También se contempla la economía circular que fortalezca el reciclaje y la creación de abono mediante el compostaje.
Por eso, hoy Santa Bárbara tiene una política basada en el consumo saludable que engloba la nutrición, la calidad de vida y la salud de la población. Para el alcalde, la prioridad es sembrar y que los agricultores de la zona puedan vender la comida en el cantón. Además, generar espacios permanentes para la agricultura que no se pierdan en el tiempo.
¡Ya la cosecha se está recogiendo! Al día de hoy ya se han logrado más de 30 acciones materializadas, precisó el Ing. Hidalgo.
Entre ellas están las campañas de recolección de residuos de manejo especial, educación ambiental, modernización de un sistema de riego cantonal, reintegración al clima local de semillas, seis fincas bajo programa de agroinnovación tecnológica para reducir los agroquímicos y hasta fincas en el Programa de Bandera Azul.
Un camino por delante
Si bien Costa Rica ha tenido grandes avances, aún falta un largo trayecto por recorrer y una deuda pendiente por pagar.
Wagner Suazo sostuvo que en el pasado hubo una destrucción sistemática del agro que inició a mediados de los años 80 por ajustes de corte neoliberal. Además, desde su criterio, Costa Rica experimentó fuertes cambios en el modelo de desarrollo. Por ejemplo, pasamos de ser un país agricultor a ser un productor de servicios.
También, se pasó de apoyar la producción local a la atracción de inversión extranjera directa la cual, “hay que decirlo: es un fracaso. El desempleo no ha dejado de subir. En los últimos 30 años, tenemos 25 % de pobreza. La mitad de las personas que trabajan en este país lo hacen desde la informalidad. Entonces, es una apuesta que salió bastante mal”, aseveró Suazo.
Ante esto, y a pesar de las políticas a nivel país realizadas y de las acciones efectuadas por los gobiernos locales, es claro que el pasado generó intereses por saldar, con la gran diferencia de que hoy hay menos recursos.
“Solamente el año 2018 a 2022, el presupuesto anual de las instituciones del sector agropecuario se redujo casi en 30 000 000 000 de colones. En este contexto, nos parece que el rol de los gobiernos locales se vuelve clave para fomentar el reconocimiento, la visibilización y el apoyo. Cuando decimos reconocimiento desde lo asociativo, se trabaja mucho desde la parte de emprendimiento individual, pero hay que reconocer que la producción de alimentos se hace de manera asociativa y hay que tener claridad de las implicaciones que tiene ese tipo de particularidades”, mencionó Suazo.
Así, el experto añadió que se deben hacer nuevos marcos normativos, generar más espacios de diálogo, promover la capacitación de actores en economía social, apoyar el fortalecimiento organizativo y estimular la demanda social.
Por último, Raquel Hernández, nutricionista de la Municipalidad de Santa Ana, platicó sobre el proyecto de gobiernos locales de la FAO. La iniciativa busca apoyar la sensibilización y la educación a los líderes y tomadores políticos de decisiones en temas de seguridad alimentaria y nutricional.
Desde la FAO, comentó Hernández, se da acompañamiento, seguimiento y articulación para que cada gobierno local pueda ir trazando una ruta hacia la seguridad alimentaria nutricional, con acciones cada vez más concretas y debidamente institucionalizadas.
“Cuando un gobierno local trabaja la seguridad alimentaria y nutricional, no hay pérdida, todo es ganancia. Estamos trabajando en el desarrollo integral del municipio, en la calidad de vida de las personas de ese municipio y en pro de la agricultura del cantón. Es un tema que nos compete a todos”, remarcó Hernández.
El gran sueño ahora, concluyó Hernández, es que en algún momento Costa Rica tenga más oficinas de seguridad alimentaria y nutricional de la FAO, que trabajen desde las municipalidades para que verdaderamente se pueda llegar a acciones concretas.
(*) Jenniffer Jiménez Córdoba, Periodista ODI