La Fiscalía de Probidad y Anticorrupción tiene en bandeja una denuncia contra la jefa del Área Técnica del Consejo de Transporte Público (CTP), Aura María Álvarez, investigada por presunto conflicto de intereses y falta al deber de probidad en favor del oligopolio de la empresa de buses de la familia Solano.
Trámites que duran seis meses, como por obra de magia se resolvieron en menos de un mes; movimientos poco naturales de giras de emergencia para cubrir fallas denunciadas por empresarios, con traslados y acomodos de horarios a favor de empresarios y en contra de los intereses de los usuarios.
Y un afán por ignorar denuncias que afecten la operación de un oligopolio en marcha, son parte de las denuncias por supuesto tráfico de influencias que enfrenta la funcionaria, pues estas acciones favorecen a la empresa Transportes Colorado de Abangares S.A., en manos de la familia del empresario Fernando Solano, señalado por acumular más de 27 empresas de autobuses en todo el país, como si de postalitas de un álbum Panini se tratara.
Esta no es la primera vez que Álvarez enfrenta una investigación. De hecho, en 2019 ya se le había señalado por faltas similares cuando el exdiputado José María Villalta la acusó de tráfico de influencias por contratar servicios profesionales de carácter personal a un empresario autobusero bajo su vigilancia.
Aura Álvarez había empleado los servicios del abogado Miguel Enrique Zamora, presidente y representante legal de la Cámara Provincial de Autobuseros (Caprobus), lo cual sigue generando polémica.
Ahora, la abogada, enfrenta cuestionamientos por maromas administrativas que favorecerían al oligopolio de la empresa Transportes Solano, cuya organización acumula27 grupos empresariales se han apropiado de más de tres concesiones y permisos de rutas de autobús, algunos de ellos hasta con más de 20 en total, pese a que esto es abiertamente ilegal.
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En la denuncia, firmada por un hombre de apellido Castro Quirós, se señala que incluso se han ocutado denuncias para favorecer la operación de empresas ligadas al Grupo Solano.
El denunciant señala que en junio del 2023, se señalaron las “irregularidades en que estaba incurriendo dicha compañía operadora, que la hacía acreedora de una fuerte sanción”.
“Extrañamente, de manera inexplicable, la empresa Autotransportes Colorado de Abangares S.A., se apersona ante el Consejo de Transporte Público, a solicitar una modificación de las condiciones operativas y en apariencia aporta un estudio que pretende justificar las modificaciones, que a priori, desde tiempo atrás había realizado sin autorización alguna del ente concedente”, señala la denuncia.
Tal modificación, plantearía una excusa para evitar sanciones por los incumplimientos, sin embargo, ¿cómo se dio cuenta la empresa que los estaban denunciando ese mismo día?
“Es realmente preocupante, que dicha empresa se apersone precisamente el mismo día que ingresó la denuncia planteada por el suscrito en la corriente administrativa, cuya única explicación posible, es que los funcionarios hayan alertado a la compañía, que corrió para intentar salvar la situación, acción que quedó evidenciada en el expediente número 373865, de fecha 07 de junio del 2023”, agrega la denuncia.
Más preocupante aún (señala la denuncia), es que los funcionarios aquí denunciados, “tan solo una semana después, habida cuenta de la denuncia planteada por el suscrito, en contra de dicha empresa, salieron corriendo, a efecto de validar el planteamiento realizado por la empresa incumpliente Autotransportes Colorado S.A., es decir, hicieron caso omiso de la denuncia interpuesta por mi persona, de previo a dicha validación.
Dichas validaciones, tardan alrededor de seis meses en el mejor de los casos, sin embargo, en el presente caso, en tiempo verdaderamente record, tramitaron viáticos administrativos y efectuaron un estudio de campo.
¿Y adivine qué pasó con los estudios de campo?
Sus resultados son en todos los extremos complacientes con la propuesta y pretensiones de la empresa, señala la denuncia, ignorando la denuncia del suscrito y las necesidades de los usuarios de esta ruta.
En esta línea, la denuncia plantea la necesidad de que se abra una investigación a lo interno del CTP, contra la funcionaria Aura María Álvarez y que se investigue también a la empresa.
Fuente. Redacccion y elperiodicocr
