Toda una ironía. La Fundación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos en Costa Rica denuncia que el Juzgado Contencioso Administrativo está siendo usado para frenar las resoluciones del CTP que buscan sacar a empresas autobuseras que de circulación.
Lo peor es que los denunciantes advierten que los jueces del Contencioso se dejan usar. Así como suena, solicitudes de medidas cautelares supuestamente urgentísimas, son aprobadas por jueces suplentes y de turnos nocturnos a solo horas de que las empresas deban entregar la ruta.
Como saben que los jueces de turnos nocturnos no analizan a profundidad los casos, sino que solo instruyen medidas en garantía de la ley, les aprueban las solicitudes de medidas cautelares que frenan las resoluciones del Consejo de Transporte Público cuando no les convienen.
Este es el caso de al menos tres rutas de conocimiento de la fundación: una en Barrio San José de Alajuela, otra en Heredia con las Busetas Heredianas y el más reciente caso con la Empresa de Transportes Alfaro, en Nicoya.
Este caso es especialmente cruel, pues el CTP le quitó el permiso a Alfaro luego que una de sus unidades fuera arrastrada por una avalancha en Cambronero, en setiembre del año pasado, y sus ocupantes heridos y los familiares de los fallecidos quedaran sin cobertura de seguro, ante el incumplimiento de los seguros de ley.
Un año después, la empresa sigue funcionando a punta de argucias jurídicas en el Contencioso, pese a que desde abril el CTP ordenó el ingreso de un nuevo operador que mientras tanto, tiene sus buses nuevos con seguros al día, esperando en un predio.
“¿Cuáles son los intereses prioritarios para el Poder Judicial? ¿No son los ciudadanos quienes deberían tener prioridad en las resoluciones judiciales? Esta orden condena a las comunidades de Estrada, Puerto Carrillo, Sámara, Nosara y Nicoya, a seguir sufriendo la patética y lamentable situación que experimentan con la prestación del servicio de la empresa Alfaro”, expresó.
En los tres casos los abogados o representantes de las empresas se apersonan al Contencioso cuando ya todos sus alegatos en el Consejo de Transporte Público han sido escuchados y por sus incumplimientos, terminan perdiendo los permisos de operación.
“Resulta insultante que una jueza ponga los intereses de las empresas por encima de los intereses colectivos de los usuarios. No es de recibo el que la empresa Alfaro alegue que es poco el tiempo que le dio el CTP para dejar la ruta, cuando es público y notorio y fue noticia nacional la resolución que le quitó el permiso en precario que disfrutaba dicha empresa”, señaló González.
MANOS ATADAS
Tanto en el CTP como en las comunidades, lejos de encontrar justicia, encuentran a jueces del Contencioso que se comen, literalmente, las supuestas quejas de los empresarios, que no son más que trucos jurídicos que impiden la entrada en operación a empresas que sí han ganado el derecho a trabajar las rutas.
En este sentido, Hermez González, presidente de la Fundación para la Defensa de los Derechos Humanos externó su preocupación porque el contencioso ordenara esta semana “la suspensión del ingreso de una nueva empresa en la operación de la ruta de bus entre Nicoya y San José, pese a las evidentes faltas de la Empresa Alfaro, que motivaron que el Consejo de Transporte Público ordenara el retiro de esta organización desde abril pasado”.
“Esta empresa continúa operando a causa de esta orden judicial, mientras los heridos y los familiares de las víctimas de la tragedia de Cambronero siguen sin cobertura médica o indemnización alguna por ese accidente, ante la falta de seguros del bus de Alfaro”, dijo González.
La orden suspensiva decretada impide que los usuarios del transporte público de pasajeros por autobús del cantón de Nicoya, cuenten finalmente, con servicio de calidad, eficiente y seguro, tal y como lo estableció el Consejo de Transporte Público.
“La empresa Alfaro no ha demostrado mayores mejoras en el servicio. Por el contrario, notas de prensa y testimonios en redes sociales dan fe de las faltas persistentes en esta operación, sumado al hecho de que se ha evidenciado el uso de unidades sin los seguros de ley”, dijo González.
Pese a la gravedad del asunto, el Contencioso le da el beneficio de seguir operando a esta empresa, suspendiendo el orden de inicio de la empresa que ya cuenta con los seguros de ley y con unidades nuevas bajo la misma tarifa.
Fuente. Redaccion y elperiiodicocr.com
